Jóvenes abogados de Estados Unidos perseveran en la batalla legal para poner fin a las ejecuciones mediante inyección letal, con el objetivo de forzar luego la abolición de la pena de muerte.
"Hay jóvenes abogados mal remunerados pero muy dedicados", dijo a IPS Deborah Denno, profesora de Derecho de la Universidad Fordham. Fueron la "gran fuerza" motora del cambio, afirmó.
Esos profesionales, algunos recién salidos de la universidad, convencieron en varios casos a los tribunales, uno a uno, de que la muerte causada por la inyección letal no es tan indolora como se supone, poniendo así en duda la legalidad del método.
La inyección letal se utilizó por primera vez en el meridional estado de Texas en 1982. Rápidamente lo adoptaron otros estados, cuyas autoridades la consideraron más humana que la silla eléctrica y la cámara de gas.
En 38 estados, de los 50 que tiene este país, se admite la pena capital como castigo, y en todos ellos puede utilizarse la inyección letal, salvo en uno.
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El Centro de Información sobre la Pena de Muerte, con sede en Washington, indicó que ese método ya se utilizó para ejecutar a 901 personas en este país. El año pasado hubo 53 ejecuciones, 52 de las cuales fueron por inyección letal. Este año ya hubo 15, todas ellas por esa vía.
Las últimas iniciativas judiciales contra la inyección letal lograron detener las ejecuciones en 12 estados. Los demandantes suelen presentar pruebas de que la muerte así provocada viola el artículo ocho de la Constitución, que prohíbe castigos "crueles e inusuales".
Muchas de esas recusaciones son obra de esos jóvenes abogados que asumen esos casos encomendados por los propios tribunales.
Casi todas las personas que pueden recibir el máximo castigo o las que están en el pabellón de los condenados a muerte necesitan de la asistencia de esos profesionales, porque son demasiado pobres para pagar los honorarios habituales.
Los defensores de oficio suelen ser los profesionales peor pagados de este país, explicó Denno.
No todos esos abogados son buenos, según algunos críticos. Algunos carecen de experiencia o motivación. Pero muchos se distinguen por su disposición a "dar un paso más", según Kelly Culshaw, abogada del oriental estado de Ohio.
Culshaw trabaja en un estudio que se especializa en la defensa de oficio.
"Es una gran responsabilidad", dijo a IPS David Barron, abogado de oficio del oriental estado de Kentucky. "Quería defender condenados a muerte cuando terminara la universidad. Pude hacer otras cosas. Pero vale la pena ayudar quienes más lo necesitan.".
En ese estado, abogados como Barron adquirieron fama de recusar las ejecuciones para las que se prevé la inyección letal.
En 2004 lograron suspender todas las ejecuciones en su estado porque los jueces aceptaron sus argumentos. Esa interrupción se mantiene hasta hoy. "Ese grupo hizo un excelente trabajo", afirmó Denno.
Su experiencia sirvió a otros abogados de condenados en otros estados. La red mundial informática Internet permitió un intercambio de información a escala nacional que no hubiera sido posible hace un decenio, sostuvo la experta.
El año pasado, la controversia acerca de ese método de ejecución llegó hasta la Corte Suprema de Justicia estadounidense, que dictaminó que se podía recusar su constitucionalidad. Eso motivó a abogados como Barron a intensificar su campaña en contra de su utilización.
En el meridional estado de Alabama, la defensa de oficio cesa con la sentencia a muerte. Pero un grupo de abogados comprometidos crearon la organización Iniciativa de Justicia Legal para ayudar a los presos a costear los honorarios.
"Tuve suerte de contratar abogados muy capaces que pueden hacer cinco veces más de lo que hacen los otros", dijo a IPS Bryan Stevenson, profesor de derecho de la Universidad de Nueva York y director ejecutivo de esa organización.
Stevenson describió a los miembros de su equipo como "comprometidos con su objetivo". "Están agobiados por las inequidades, las injusticias, la discriminación y los errores que ven en el sistema de justicia penal", señaló Stevenson.
"Tratamos de representar a tantos acusados como podamos", añadió. Pero en un estado con 200 personas en el pabellón de la muerte, el escaso personal no da abasto con la cantidad de trabajo.
Pero igual se hicieron tiempo para acercarse a la Corte Suprema de Justicia. La organización pretende que el máximo tribunal dictamine que Alabama viola la Constitución al negar a los condenados a muerte la defensa de oficio que podría salvarles la vida.
"Si el estado no puede garantizar que la sentencia será, no debería admitir la pena de muerte", sostuvo Stevenson.
Se espera que el alto tribunal se pronuncie en las próximas semanas. Mientras los magistrados deliberan al respecto, surgen cada vez más pruebas alarmantes sobre el sufrimiento que causa la inyección letal.
Investigaciones médicas que analizaron 41 ejecuciones con ese método en el occidental estado de California y el oriental de Carolina del Norte concluyeron que los presos habían estado lo suficientemente conscientes como para sentir que se sofocaban o se ahogaban.
También pudieron tener una sensación ardiente mientras sus corazones dejaban de latir por el cóctel de drogas.
En tres de las ocho ejecuciones realizadas en la prisión de San Quintín fue necesaria una segunda dosis de cloruro de potasio, el fármaco que detiene el corazón, para matar a los condenados.
"La idea convencional de que la inyección letal produce una muerte indolora y en paz es cuestionable", sostuvieron los investigadores.
Esa investigación aparece en el número del mes de mayo de la revista Public Library of Science.
En el editorial, la revista sostiene: "Es hora de que Estados Unidos se una a la mayoría de países que reconocen que no hay una forma humana de matar a alguien por la fuerza."
"La nueva información que aparece en Public Library of Science fortalecerá los argumentos constitucionales para que se terminen las ejecuciones en Estados Unidos. En tanto que sociedad moral, este país debe asumir un papel de liderazgo para poner un fin a las ejecuciones en el mundo entero".
Hay 3.350 personas en los pabellones de la muerte de este país, según el Centro de Información acerca de la Pena de Muerte.
Desde 1976, cuando se restauró ese castigo extremo en Estados Unidos, 1.072 personas fueron ejecutadas. Hasta ahora, 123 condenados a la pena capital fueron exonerados.
