El proyecto de ley migratoria presentado esta semana en el Senado de Estados Unidos, primer intento por legalizar la residencia de 12 millones de trabajadores indocumentados, sale al ruedo con pocas expectativas.
Las duras críticas de legisladores tanto del gobernante Partido Republicano como del opositor Partido Demócrata constituyen un serio obstáculo a quienes proponen la iniciativa.
El proyecto es el resultado de una transacción entre quienes procuran flexibilizar la política inmigratoria y amnistiar a los trabajadores indocumentados y los que pretenden una aplicación de la legislación vigente aun más estricta que la actual.
Según el texto acordado, estos intereses divergentes se reconciliarían combinando la legalización de la residencia de hecho de los hoy indocumentados y un nuevo programa de "trabajadores invitados", es decir permisos temporarios, entre otras medidas.
El miércoles, el Senado redujo a la mitad la cantidad de trabajadores invitados, de los 400.000 anuales propuestos y aceptados por la Casa Blanca a 200.000. De todos modos, la votación final del proyecto está prevista para junio.
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El proyecto, un "gran acuerdo" entre senadores republicanos y demócratas, fue calificado por los negociadores clave —Jon Kyl, del bloque oficialista, y Ted Kennedy, del opositor—, como una transacción para evitar nuevs modificaciones en el Senado.
"El proyecto no es exactamente como yo lo hubiera escrito, pero es un acuerdo fuerte de concesiones recíprocas y es la mejor oportunidad que tenemos para finalmente arreglar este sistema quebrado. El precio de la inacción es demasiado elevado", dijo Kennedy.
La oposición al proyecto fue intensa, tanto desde la derecha como de la izquierda. Ambas partes alegan que el proyecto no toma en cuenta sus preocupaciones y que las concesiones a la otra parte son demasiadas.
La oposición de derecha se concentró en la "amnistía" que otorga el proyecto a personas que ingresaron y permanecieron en el país de modo ilegal.
"Voté una amnistía hace más de 20 años. Entonces creía que dando a los extranjeros ilegales una ciudadanía indiscriminada solucionaríamos los problemas. Estaba equivocado", dijo el senador republicano Chuck Grassley en una declaración escrita.
"Ahora tenemos al menos 12 millones de extranjeros ilegales burlándose de nuestras leyes. Descubrimos que, al recompensar la ilegalidad, solamente obtenemos más ilegalidad", advirtió Grassley.
Los defensores del proyecto aseguran que el difícil trámite establecido a los inmigrantes en el proyecto es suficiente.
"Todos los aspirantes a la residencia permanente deben postularse desde su país de origen, pagar multas más altas que las del proyecto del año pasado, aprobar una revisión de antecedentes penales, exhibir un historia laboral casi perfecta, dominar el inglés y estar familiarizados con la educación cívica estadounidense", escribió Kyl en un artículo publicado el domingo por el diario The Arizona Republic.
"Quienes tengan los mejores antecedentes tendrán la mayor prioridad para una tarjeta verde (permiso de residencia y trabajo), pero ninguno podrá obtener la ciudadanía en menos de 13 años", anotó el legislador republicano.
Desde la izquierda, legisladores demócratas, inmigrantes y organizaciones de defensa de los derechos civiles manifestaron una fuerte oposición.
"Este proyecto es completamente rígido, impracticable y poco realista. Por el modo en que está estructurado, será muy difícil que la gente reclame su derecho", dijo a la prensa la directora de la Unión para las Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU), Caroline Fredrickson.
Otros argumentaron que el proyecto creará una subclase de trabajadores invitados temporarios, a quienes se les negará la capacidad de reclamar sus derechos y beneficios y que vivirán de la compasión de las compañías cuya solicitud les abre la puerta al país..
"Si uno va a traer trabajadores extranjeros, debe garantizarles cada uno de los derechos y beneficios laborales de los que goza cualquier otro estadounidense", dijo a IPS Deepa Fernandes, periodista radial y autora de "Targeted National Security and the Business of Immigration" ("La seguridad nacional como objetivo y el negocio de la inmigración").
El programa de trabajadores invitados no traza para sus beneficiarios "un camino hacia la residencia permanente, y encierra a los trabajadores en una especie de esclavitud contratada", agregó.
Otra crítica a la legislación es que ampliará el alcance de la aplicación de leyes inmigratorias y aumentará las sanciones para los trabajadores que ingresen ilegalmente o que se queden más tiempo del que sus visas les permiten, y obligará a los beneficiarios a regresar a sus países de origen durante un año, cada dos trabajados.
"Es un modelo de inmigración" que requerirá "una enorme transferencia de recursos para una mayor militarización de la frontera y para la aplicación" de las restricciones legales, sostuvo Fernandes.
A pesar de que el proyecto es patrocinado por un demócrata y un republicano, ambos partidos ven enormes problemas en apoyar y aprobar un proyecto que garantiza el antagonismo entre votantes de todo el espectro ideológico..
El aspirante republicano a la presidencia John McCain, quien también patrocina el proyecto en el Senado, recibió una andanada de críticas de correligionarios suyos, como el también precandidato presidencial Mitt Romney.
En la izquierda, el apoyo entusiasta de Kennedy al proyecto encontró una respuesta poco alentadora del Partido Demócrata.
Varios senadores y representantes expresan preocupación por el severo trato que el proyecto prevé para los inmigrantes indocumentados ya existentes y un sistema de trabajadores invitados que no es suficiente para brindarles plenos derechos y beneficios.
El senador demócrata Harry Reid consideró que la iniciativa brindaría poca protección a los derechos de los inmigrantes.
"El proyecto permite que 400.000 trabajadores poco calificados ingresen al país durante tres periodos de dos años, pero requiere que vayan a sus países de origen por un año en el medio. Esto es poco práctico, tanto para los trabajadores como para sus empleadores estadounidenses, que requieren una fuerza laboral estable y confiable", dijo Reid en una declaración escrita.
"No debemos aprobar una ley que garantice una subclase permanente, de personas que están aquí para trabajar en puestos poco calificados y de bajos salarios pero que no tienen la posibilidad de dejar de lado sus raíces o beneficiarse de las oportunidades que brinda la ciudadanía estadounidense", añadió.
