El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, ordenó la implementación de su esperado Plan B contra Sudán, pero activistas señalan que las nuevas sanciones no obligarán a Jartum a que permita el despliegue de una fuerza de paz en la occidental zona de Darfur.
El gobierno sudanés se resiste al ingreso de una fuerza de 23.000 soldados y policías de la Unión Africana y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para controlar la situación en Darfur, donde se vive una crisis humanitaria.
Las sanciones incluyen el congelamiento de las cuentas bancarias de dos funcionarios de gobierno sudaneses y de una compañía acusada de estar involucrada en atrocidades en Darfur.
Además, se añadirán 31 empresas sudanesas a una lista de 130 a las que se les niega el acceso al sistema financiero estadounidense.
Estas medidas fueron calificadas de "muy contundentes" por el enviado especial de Washington a Sudán, Andrew Natsios.
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"Puedo decirles que esto es muy contundente, porque hemos visto el efecto que tiene la inteligencia en cualquier lugar", dijo Natsios a periodistas. Además, anunció que Washington buscará una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para ampliar las sanciones e imponer un embargo de venta de armas a Jartum, así como zonas de exclusión aérea sobre Darfur.
Sin embargo, activistas sostienen que estas medidas no doblegarán al gobierno del presidente Omar Al Bashir.
"El Plan B es tan unilateral en su naturaleza y demasiado débil como para tener un impacto en las autoridades sudanesas o en los intransigentes líderes rebeldes", señaló en un comunicado Enough!, una iniciativa conjunta del Grupo Internacional de Crisis y del Centro para el Progreso Estadounidense, divulgado tras el anuncio de Bush el martes.
"El anuncio de Bush es vacuo e inconsecuente, solo diseñado para el consumo político estadounidense, y no como un esfuerzo real para afrontar la crisis de seguridad que se vive en Darfur", dijo a IPS el activista Eric Reeves, uno de los líderes en las campañas para resolver la crisis humanitaria.
"Ante las completas sanciones comerciales y económicas impuestas en 1997 por el presidente Bill Clinton (1993-2001), estas pequeñas medidas no son nada más que inconveniencias contables para Jartum", sostuvo.
"Simplemente obligarán a Jartum a convertir contratos en dólares a euro o yen", añadió. La implementación del Plan B al parecer refleja la creciente frustración de Washington con Jartum, gobierno del que percibe una estrategia deliberada para dilatar el despliegue de una fuerza internacional de paz.
La frustración de la Casa Blanca ha crecido desde agosto, cuando el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó por primera vez ese despliegue.
Para entonces, parecía claro que el Acuerdo de Paz de Darfur de 2006, firmado por Jartum y varias facciones rebeldes, y respaldado por Estados Unidos y la ONU, había colapsado, y que la fuerza de la Unión Africana que había sido desplegada en la zona, con 7.000 efectivos, no era capaz de contener la violencia.
En un testimonio ante el Congreso legislativo estadounidense hace más de seis meses, Natsios alertó que si Al Bashir no aceptaba el despliegue de una fuerza de paz expandida para el 1 de enero, Bush impondría las sanciones del Plan B, pero esa fecha pasó sin consecuencias.
En cambio, Washington cifró sus esperanzas en los crecientes esfuerzos diplomáticos, en particular los del secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, y de China, principal cliente del petróleo sudanés y miembro permanente con poder de veto en el Consejo de Seguridad.
Bush, quien en repetidas ocasiones calificó de "genocidio" la campaña contrainsurgente en Darfur contra tres importantes tribus negras africanas, dijo el 18 de abril que Ban le había pedido que postergara por un "corto periodo de tiempo" la implementación del Plan B, para darle una oportunidad a la diplomacia, sobre todo a la luz de la promesa de Al Bashir de permitir que 3.000 soldados de paz de la ONU, respaldados por seis helicópteros de ataque, se unieran a los de la Unión Africana.
"Postergué la implementación de estos pasos porque la ONU creía que el presidente Bashir podía cumplir sus obligaciones para detener las muertes", dijo Bush el martes.
"Lamentablemente, no cumplió esas obligaciones. Las acciones del presidente Bashir en las últimas semanas siguen un largo patrón de prometer cooperación a la vez de buscar nuevos métodos de obstrucción", añadió.
"Un día después que hablé, los militares bombardearon una reunión de comandantes rebledes en la que se discutía un posible acuerdo de paz con el gobierno. En las semanas siguientes, (Bashir) usaba su ejército y las milicias respaldadas por el gobierno para atacar a rebeldes y a civiles en el sur de Darfur", indicó.
"Nada de esto es aceptable para Estados Unidos, y pensamos que nada de esto es aceptable para la comunidad mundial", dijo el subsecretario de Estado (vicecanciller), John Negroponte, en una rueda de prensa luego del anuncio de Bush.
Negroponte señaló que Washington presionará a sus aliados europeos para que impongan similares sanciones financieras para "asfixiar inversiones internacionales que son muy importantes para Sudán".
"No hay buenos argumentos para darle más tiempo a los sudaneses. El gobierno sudanés ha mostrado siempre lo mismo", agregó.
La organización Human Rights Watch dijo que las sanciones de la ONU y de la UE no sólo deberían incluir prohibiciones de viaje y congelamiento de cuentas, sino también sanciones económicas a compañías que hacen negocios con el gobierno sudanés.
"Las sanciones a individuos no deberían estar limitadas a funcionarios de gobierno de nivel medio, sino que además deberían incluir a los altos líderes de Jartum", sostuvo el director de la oficina para África de la organización, Peter Takirambudde.
Por su parte, Ban evitó opinar sobre la efectividad de las sanciones. "Esta es una decisión del gobierno de Estados Unidos, y espero que la comunidad internacional pueda trabajar en forma conjunta para traer una solución a este asunto lo antes posible", afirmó.
