Una cosa es firmar un acuerdo de paz y otra es llevarlo a la práctica, como lo ha constatado la población de Costa de Marfil.
El pacto sellado el 4 de marzo en Ouagadougou, capital de Burkina Faso, fue el último de una serie de acuerdos para poner fin al conflicto armado desatado en 2002 tras un fallido golpe de Estado.
Las fuerzas rebeldes no lograron controlar todo el territorio, pero sí el norte del país. El sur quedó en poder del gobierno. Entre las dos zonas se instaló una misión de mantenimiento de la paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otra de Francia.
De acuerdo con lo estipulado por el acuerdo de Ouagadougou, las fuerzas del gobierno y las rebeldes deben conformar un solo ejército para el mes que viene.
Las armas fueron entregadas y las tropas acantonadas, pero según el Ministerio de Defensa sólo se crearon tres brigadas combinadas de las seis previstas. La situación se atribuye a la falta de apoyo logístico.
La cuestión de los grados militares también complica la unificación. En algunos casos, los rebeldes escalaron 11 rangos en cinco años, pasando de cabo a comandante, una promoción no aceptada por los comandantes del ejército nacional.
Los comandantes de las milicias progubernamentales del oeste anunciaron que comenzarían a desmovilizarse este sábado.
El mes pasado se eliminó la zona de contingencia donde operaban las fuerzas de paz.
Desde fines de abril, patrullas combinadas de soldados del ejército y ex rebeldes comenzaron a operar en el área para proteger bienes y personas en reemplazo de efectivos de la ONU y los franceses de la Operation Licorne (Operación Unicornio). Pero la zona sigue siendo muy insegura por la cantidad de pandillas armadas. Además la policía extorsiona a los viajeros, que se ven obligados a salir de sus vehículos por las inspecciones en cada puesto de control.
El acuerdo de Ouagadougou prevé además regularizar los documentos de identidad de los votantes que participarán en las elecciones previstas para dentro de 10 meses.
La identificación es un asunto delicado en Costa de Marfil donde millones de norteños, descendientes de inmigrantes de los países vecinos que contribuyeron a alimentar el auge económico posterior a la independencia, carecen del derecho a la ciudadanía y a la propiedad de la tierra.
La creciente xenofobia hacia los descendientes de extranjeros se vincula con el declive económico que asoló a este país de África occidental en la década del 90.
El asunto fue retomado por los rebeldes, que arguyeron tomar las armas para luchar contra la discriminación de los norteños.
Según lo previsto en el acuerdo de paz, la emisión de certificados de nacimiento y nacionalidad para unos dos millones de personas debió empezar hace 15 días. Pero no fue así.
"Desde hace dos meses estamos dando vueltas en círculos", dijo a IPS Lepetifils Da Candy, dirigente de la no gubernamental Legitimidad Ciudadana, con sede en Abidján.
"Nos hacen pensar que podemos desplazarnos libremente de norte a sur, pero la realidad es diferente pues la gente sigue padeciendo tratamiento inhumano", remarcó.
El procedimiento de registrar votantes asciende a tres millones de dólares, incluidos en los 29,4 millones que, según previsiones, costará todo el proceso de paz. Ese presupuesto incluye, además, 6,4 millones de dólares para las elecciones generales y 8,6 millones para desarme y desmovilización de tropas.
La mayor parte de ese dinero será aportado por los donantes.
Da Candy expresó sus dudas acerca de la fe de los donantes en el proceso de paz y señaló que las partes participantes en el acuerdo de paz todavía tienen mucho que demostrar.
"Hay declaraciones de buenas intenciones, pero las milicias del oeste todavía están armadas, el gobierno todavía lidia con la reubicación de oficiales en el norte, las arcas públicas están exigidas al máximo y los donantes aún no tienen confianza en el proceso de paz. ¿Cómo vamos a organizar elecciones así?", señaló.
Da Candy se mostró, además, escéptico acerca del tratado de marzo, al que describió como "engañoso pues fue acordado entre dos verdugos del pueblo marfileño", refiriéndose al presidente Laurent Gbagbo y al líder de la alianza rebelde Fuerzas Nuevas, Guillaume Soro.
"Los acuerdos alcanzados hasta ahora no nos convencieron de la posibilidad de reunificación del país y de organizar elecciones libres y transparentes", añadió Da Candy.
El analista Maurice Zagol, sin embargo, se mostró más optimista.
"Vamos por el buen camino a pesar de algunos pequeños retrasos. Lo más importante es restablecer la confianza entre ex combatientes. Si eso se logra, el resto del proceso no será más que una formalidad", dijo a IPS.
Zagol no prevé más complicaciones en el proceso de reunificación del país.
"Pero debemos prepararnos con prisa para la reubicación de efectivos del gobierno en el norte, pues tendrán la responsabilidad de restablecer la autoridad estatal y organizar las elecciones", añadió.
Soro fue designado primer ministro en la repartición de poderes prevista por el acuerdo de Ouagadougou.
Miles de personas, incluidos civiles, murieron en Costa de Marfil en los últimos cinco años. El conflicto dejó varios millones de desplazados y refugiados. (FIN/IPS/traen-vf/fz/ait/jh/af ip hd/07)
