El 15 de marzo de 2006, Noel Forgeard, entonces presidente de la empresa aeroespacial europea EADS, vendió sin motivo aparente alrededor de 170.000 acciones de la compañía, con una inmediata ganancia de más de tres millones de dólares.
Dos meses más tarde, cuando se hizo público que EADS (por sus siglas en inglés) no podría entregar en el plazo previsto el nuevo Airbus A-380, el precio de las acciones de la empresa cayó en picada. En un solo día, el 14 de junio, los accionistas de la firma perdieron alrededor de 7.200 millones de dólares.
Otras consecuencias de la imposibilidad de entregar el Airbus en fecha fueron severas penalidades financieras, impuestas por clientes de todo el mundo, y el despido de más de 10.000 trabajadores de fábricas de EADS en Francia y Alemania.
Forgeard fue uno de los contados accionistas que tuvo el pálpito de vender sus papeles en el momento oportuno. Aunque también algunos de sus hijos y el principal accionista de EADS, Arnaud Lagardere, tuvieron la inspiración de vender semanas antes del desastre financiero del 14 de junio.
Lagardere vendió siete por ciento de su paquete accionario por unos 2.500 millones de dólares. Hubert Prévaud, un dirigente sindical de los trabajadores de Airbus comentó que "Lagardere se hizo justo a tiempo de una jugosa ganancia a costa de sus empleados".
En las semanas que siguieron al desastre de EADS en la bolsa quedó claro que Forgeard, Lagarde y un puñado de íntimos fueron advertidos de la imposibilidad de entregar en fecha el Airbus A-380 y pudieron prever así las consecuencias financieras de ese incumplimiento.
Ahora, por su oportuna venta de las acciones de EADS, Forgeard, Lagardere y otros altos ejecutivos de la empresa están acusados por el ente regulador de la actividad bursátil en Francia de utilizar en su beneficio información interna confidencial que, al mismo tiempo, ocultaron al público y a los restantes accionistas. Los acusados argumentan que no hicieron nada incorrecto y es probable que el caso se cierre sin consecuencias para ellos.
Forgeard fue obligado a renunciar a su puesto en la empresa en julio de 2006, aunque no por la maniobra bursátil sino por el incumplimiento de los plazos de entrega del Airbus. Sin embargo, con la ayuda de algunos amigos en el gobierno francés, recibió una indemnización de 11,5 millones de dólares.
"Forgeard es visto como un predador egoísta y un pésimo administrador", le dijo a IPS Prévaud, el dirigente sindical.
Pero Forgeard, quien a fines de la década de 1980 fue jefe de gabinete del entonces primer ministro y luego presidente francés Jacques Chirac, sólo debe temer algún comentario poco halagador por sus fracasos y maniobras como el más alto ejecutivo de EADS.
En el mundo europeo de los negocios, el concepto de "responsabilidad empresaria" parece no tener significado.
Siemens, el gigante alemán del sector eléctrico y de telecomunicaciones y una de las compañías líderes en Europa, se vio envuelta en numerosos escándalos de corrupción durante los últimos meses.
En el caso más importante, la empresa admitió que algunos de sus ejecutivos tenían cuentas bancarias ilegales en varios países, entre ellos Suiza, Dubai, Liechtenstein y Mónaco, que utilizaron para transferir más de 500 millones de dólares en sobornos destinados a obtener contratos en todo el mundo.
Según el semanario alemán Focus, que cita fuentes confidenciales de la fiscalía, el total de sobornos pagados por Siemens podría llegar a 4.000 millones de dólares.
La actuación de la justicia alemana determinó leves penas de prisión para ejecutivos de baja jerarquía. Sin embargo, los dos directivos más importantes, Klaus Kleinfeld y Heinrich von Pierer, bajo cuyas órdenes se realizaron los pagos, no han sido hasta el momento tocados por la investigación judicial.
A mediados de mayo, un tribunal de Darmstadt, unos 400 kilómetros al sudeste de Berlín, condenó a dos años de prisión en suspenso a Andreas Kley, ex jefe del departamento de finanzas de Siemens, por su participación en los pagos ilegales.
Kley, sin embargo, recibió de la compañía una indemnización superior a dos millones de dólares. Según diversas fuentes de la empresa, Von Pierer fue quien autorizó el pago a Kley. Von Pierer fue presidente de la junta de directorio hasta el 19 de abril, cuando fue forzado a renunciar por el escándalo de los sobornos.
Una semana más tarde, Kleinfeld renunció a su puesto de gerente general cuando se hizo evidente que los accionistas no extenderían su contrato más allá de septiembre de 2007.
Como en el caso de EADS, hubo pérdidas de puestos de trabajo, ya que el mal manejo de la compañía de telefonía celular de Siemens la llevó a la quiebra y más de 3.000 personas fueron despedidas.
Estos y otros casos recientes en los que se vieron envueltas otras empresas europeas llevaron a grupos como Transparencia Internacional a urgir al gobierno alemán a ratificar la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el marco legal de referencia en el mundo.
El 14 de mayo en Berlín, luego de una reunión con la canciller (jefa de gobierno) alemana Angela Merkel, la titular de Transparencia Internacional Huguette Labelle dijo que los países más poderosos del mundo, que forman el Grupo de los Ocho (G-8) deberían adoptar una posición más firme contra las prácticas corruptas en su próxima cumbre, que se realizará entre el 6 y 8 de junio en la ciudad balnearia de Heiligendamm, a orillas del mar Báltico, en Alemania.
Labelle destacó que la mitad de los miembros del G-8 (Alemania, Canadá, Italia y Japón) no han ratificado aún la convención. Los otros integrantes del grupo son Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Rusia.
Este año, Alemania ejerce la presidencia rotativa del G-8 y, según Labelle, "ya ha mostrado que comprende la importancia de un buen gobierno y la lucha contra la corrupción".
Pero "no se puede detener aquí. Como presidente del G-8, Alemania tiene una responsabilidad especial de liderar el grupo para asegurar que las medidas anti-corrupción constituyan uno de los compromisos centrales de la próxima cumbre y se vean reflejadas en el comunicado final", agregó.
Pero organizaciones no gubernamentales y expertos afirman que el concepto de responsabilidad empresaria debe ir más allá de combatir la corrupción e incluir el respeto por normas y acuerdos internacionales en asuntos como derechos humanos y sociales, legislación laboral, protección del ambiente y códigos de conducta.
Paul de Clerck, de la Coalición Europea por la Justicia Empresaria (ECCJ), afirma que "si las compañías europeas no respetan los derechos humanos y las normas de protección del ambiente en otras partes del mundo, debemos asegurar que las personas afectadas encuentren justicia y logren que las empresas se hagan responsables de sus actos".
Aparentemente, algunas autoridades europeas comenzaron a prestar atención a estos reclamos. El 13 de marzo, el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre responsabilidad social empresaria, en la que pidió que la Comisión Europea, órgano ejecutivo del bloque, le otorgara fuerza legal a aspectos clave de la responsabilidad corporativa.
Al votar la resolución, el Parlamento Europeo pidió que los directores ejecutivos asumieran en forma personal la responsabilidad legal por las acciones de sus compañías, que las empresas pudieran ser juzgadas en la Unión Europea por daños causados en otras partes del mundo y que quienes ejercen lobby fueran obligados a revelar la identidad de sus clientes y los presupuestos que manejan.
