Cinco años después de aprobada una ley pionera para preservar la diversidad de la flora y fauna de India, su aplicación sigue estancada por protestas de comunidades locales.
Al mismo tiempo, organizaciones cívicas exigen fortalecer las normas de carácter ambiental.
India, que alberga ocho por ciento de la biodiversidad del planeta en apenas 2,4 por ciento de su área, tiene una enorme variedad de ecosistemas (incluidos bosques montañosos y tropicales, humedales, tierras de pastoreo, áreas marinas y desiertos) y es hogar de 137.000 especies de flora y fauna.
La diversidad agropecuaria y cultural de este país también se encuentra entre las más importantes del mundo. Tiene, por ejemplo, unas 50.000 variedades sólo de arroz. El oriental estado de Orissa es reconocido como la cuna de este cereal.
Setenta por ciento de la población del país, de más de 1.000 millones de habitantes, depende de esta rica biodiversidad arrocera para su supervivencia.
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La Ley de Biodiversidad, vigente desde 2002, dispone la protección de los recursos naturales y destina a las comunidades locales parte de sus beneficios. Además, obliga a la industria a solicitar permiso al gobierno para adquirir patentes relacionadas con la biodiversidad.
La ley también requiere que los 28 estados de India establezcan Juntas de Biodiversidad y Comités Administrativos en las aldeas, y que documenten "registros populares de biodiversidad".
Esos registros se convertirían luego en guías de recursos naturales y de conocimientos tradicionales y medicinales sobre las plantas y sus compuestos, usados en las aldeas durante siglos.
Pero las comunidades locales, principales depositarias de ese conocimiento hoy de gran demanda desde la industria, se quejan de que las nuevas Normas de Biodiversidad, formuladas en 2004, les impiden tener un control adecuado sobre la documentación que deben compartir.
"Ahora los líderes comunitarios proveen datos y los científicos y el gobierno los validan. Pero, excepto para establecer nombres científicos, los 'expertos' tienen escaso vínculo con el conocimiento que están documentando", dijo P.V. Satheesh, de la no gubernamental Sociedad de Desarrollo Deccan, con sede en el meridional estado de Andhra Pradesh.
No hay ningún mecanismo que permita a las comunidades validar lo que se registra sobre sus propios conocimientos, agregó Satheesh.
En abril de 2007, unas 2.000 Gram Panchayats (instituciones de gobierno aldeanas) de los estados de Tamil Nahdu, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Orissa y Meghalaya, resolvieron no cooperar con la Junta de Biodiversidad a menos que se les reconozca con el pleno control de los registros.
"Nuestro conocimiento es nuestro patrimonio, y no está en venta. No seremos empujados a ningún proceso que lo reduzca a una materia prima comercializable que pueda ser privatizada", indicaron las Gram Panchayats en un memorando.
Pero K. Venkatraman, secretario de la Autoridad Nacional de Biodiversidad de India, con sede en la meridional ciudad india de Chennai, alega que existen 27 leyes vinculadas a la biodiversidad para preocuparse de asuntos legales.
"Lo que necesitamos es despertar conciencia sobre la biodiversidad y la necesidad de su conservación. Actualmente, no se asigna dinero a ese fin", dijo a IPS.
La ley está vinculada a otras normas ambientales vigentes en India sobre bosques, flora y fauna y administración de aldeas.
Sin embargo, el estado de la gobernanza ambiental de India es blanco de críticas de organizaciones no gubernamentales y del Banco Mundial.
El Banco Mundial evaluó en abril que la rápida industrialización y el crecimiento económico conducen a una significativa contaminación del aire y el agua y a una excesiva presión sobre los recursos naturales, según informó la agencia de noticias Reuters.
En noviembre pasado, 58 activistas, investigadores y parlamentarios de todo el país se quejaron en una carta dirigida al primer ministro Manmohan Singh de que el Ministerio de Ambiente había desatendido fallas serias en el proceso establecido de evaluación de impacto ambiental de proyectos.
La autorización de emprendimientos bajo este sistema requiere que los proponentes eleven al Ministerio de Ambiente un informe detallado sujeto a evaluación y discusión pública antes de su aprobación.
Diversas enmiendas a las normas sobre evaluación de impacto ambiental están vigentes desde septiembre pasado.
Según esas enmiendas, ahora se exonera a los proyectos de construcción de presentar informes, a otros se los libra de verificación independiente, se restringen las audiencias públicas de evaluación y los informes semestrales de la industria quedan sin controlar.
Según los críticos que remitieron la carta a Singh, las normas sobre impacto ambiental sólo mantienen la participación en la evaluación del sector industrial y del gobierno central.
Mientras, quedan al margen, parcial o completamente, los gobiernos estaduales, Panchayats, municipalidades, sindicatos y organizaciones no gubernamentales y comunitarias.
El primer ministro no contestó esa carta.
Ashish Kothari, de la organización no gubernamental especializada en biodiversidad Kalpavriksh, advirtió que el gobierno es blando con los intereses comerciales corporativos e internacionales.
De todos modos, todavía quedan esperanzas de una acción positiva.
"Estamos haciendo lo mejor que podemos", dijo R.C. Prajapati, secretario de la Junta de Biodiversidad de Karnataka. Desde 2006, cuando entró en funciones, este organismo estableció 623 comités de biodiversidad en las aldeas y propuso 17 proyectos.
