«Tenemos 36 años de enfrentar este problema, por ratos tenemos un poquito, pero el tiempo que pasamos sin agua es mucho más». Así describe la salvadoreña Ana Hortensia Cabrera el desabastecimiento que padece, pese a contar con conexión de tubería en su vivienda.
Cabrera, de 59 años, nació y ha vivido desde siempre en la comunidad Los Vásquez, en el municipio de Soyapango, a unos 12 kilómetros de distancia de San Salvador, un distrito marcado por la escasez de agua, particularmente en las dos últimas décadas debido al desarrollo urbanístico sin control y al crecimiento poblacional.
"Hay hogares que tienen dos años de no recibir agua y cuando la recibimos es turbia y de color amarrillo", asegura esta mujer, líder del Comité de Contraloría de Consumidores y Usuarios de Soyapango (C-CUS), una agrupación de comunidades de esa zona. Esa realidad contrasta con las cifras gubernamentales ofrecidas en su primer informe, elaborado en 2004, sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo de la ONU para el Milenio, en el cual se afirma que El Salvador había alcanzado la meta de reducir a la mitad el número de hogares sin acceso al agua potable.
El documento oficial indica que 23,9 por ciento de salvadoreños no tenían en 1991 acceso al agua, pero ya en 2002 esa cifra se había reducido a 11,9 por ciento. La cobertura nacional, se detalla, es a través de tuberías, pozos o grifo público.
La comunidad internacional está a la mitad del camino hacia la meta que se impuso en la Asamblea General de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) de 2000 para cumplir con el compromiso de reducir a la mitad la extrema pobreza y el hambre, con base en los indicadores de 1990, así como otros siete capítulos que permitan mejorar la calidad de vida en el planeta.
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Los grandes Objetivos a concretar en 2015 se completan con la obligación de alcanzar la enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre géneros, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el sida y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad ambiental y fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
Precisamente, una de las tres metas del objetivo ambiental es lograr la reducción a la mitad del porcentaje de personas que carecían de acceso al agua potable en 1990.
Ana Ella Gómez, del no gubernamental Centro para la Defensa del Consumidor (CDC), pone en duda las estadísticas del gobierno, ya que muchas veces, asegura, las autoridades manipulan los datos.
"El problema de acceso, la disponibilidad y la calidad del agua crece cada vez más", manifestó a IPS Gómez, responsable del área de Investigaciones del CDC, una organización dedicada a la incidencia e investigación sobre la prestación de servicios básicos como son energía eléctrica, telefonía y agua.
La instalación de grifos u otro tipo de conexión "no necesariamente significa que la gente disponga de agua potable", sostuvo.
La ONU indica que, en el mundo, alrededor de dos millones de niños y niñas mueren cada año por enfermedades relacionadas con la falta de agua, mientras que no tienen acceso a ella más de 1.000 millones de personas.
Aunque no se cuentan con cifras uniformes sobre la cobertura y disponibilidad de agua, varios grupos de la sociedad civil y agencias internacionales, incluido el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), coinciden en que El Salvador ocupa el penúltimo lugar en América Latina y el último en el istmo centroamericano en cobertura del recurso hídrico por tubería.
Carlos Acevedo, del PNUD, reconoce que los parámetros de la ONU para medir los logros de los países "son poco exigentes" y que en algunos casos los reservorios de aguas de lluvia son aceptados como "acceso a fuente mejorada" de agua.
Con esas reservas, el coordinador adjunto del Informe de Desarrollo Humano también acepta que El Salvador "cumplió" la meta, pero advirtió que en los últimos tres años ha vuelto ha rezagarse por falta de una inversión estatal continúa, drenaje de recursos y el crecimiento poblacional.
También se comprobaron actos de corrupción que afectaron la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). Carlos Perla, quien ocupó la presidencia de ese máximo organismo operador de los recursos de agua potable del país de 1994 a 2002, está en prisión acusado de peculado, negociaciones y asociaciones ilícitas.
Acevedo puntualizó a IPS que la calidad del agua en este país "es un desastre" y agregó que "a nadie se le recomienda que tome agua proveída por ANDA o por cualquier otro proveedor".
ANDA es la encargada del tratamiento y distribución de agua, y según sus propios datos brinda el servicio a unos 4,4 millones de los 6,5 millones de salvadoreños.
Paralelamente, cada vez más se incrementa el número de personas que consumen agua envasada, un negocio redondo, con ganancias estimadas por el PNUD en 43 millones de dólares anuales, pese a que algunos estudios independientes han advertido que también ese producto contiene coliformes fecales.
IPS intentó obtener la posición del presidente actual de ANDA, César Daniel Funes, pero no respondieron a la petición.
Diversas investigaciones, reconocidas por el gobierno, estiman que 90 por ciento de las aguas superficiales están contaminadas con elementos físico-químicos y bacteriológicos, debido a que no existe ningún control sobre la descarga de aguas servidas en ríos y lagos, provenientes de la industria y la agricultura, y por la ausencia de sistemas de saneamiento adecuado en algunas áreas urbanas y rurales.
Acevedo consideró que es evidente la "ausencia de normativas y política públicas" tendientes a resolver la problemática, muchas veces por la existencia de "intereses particulares o por miopía, que no permiten ver el tema del agua como algo estratégico para el país".
En la actualidad ninguna empresa que explota mantos acuíferos para uso industrial retribuye al fisco salvadoreño y una cuarta parte de las aproximadamente 1.000 industrias, según una investigación del CDC, vierten sus aguas servidas, sin tratamiento alguno.
El presidente de la Asociación Nacional para la Defensa, Desarrollo y Distribución del Agua a nivel Rural (Andar), Julio Menjívar, sostuvo que el campo "ha sido atávicamente marginada de todos los proyectos de agua potable y saneamiento".
Menjívar estimó que unos 2,9 millones de salvadoreños habitan en la zona rural y 1,5 millones de ellos no tienen acceso a aguas fiables. Apuntó, además, que en una encuesta realizada por Andar en 532 comunidades reveló que "30 por ciento de las fuentes superficiales han desaparecido en los últimos 20 años", como producto de la deforestación y la erosión en especial.
Andar, que busca empoderar a sus asociados con visión autosostenible, está formada por unos 152 sistemas de agua (organizaciones comunitarias) en 863 comunidades y distribuye el líquido a más de 100.000 personas de forma directa e indirecta, trasladada por tuberías desde los nacimientos de agua y pozos, por lo cual cobra 6,80 dólares mensuales por 10 horas de suministro cada dos días.
"El agua viene de fuentes ubicadas en el área rural, pero las que se benefician son las zonas urbanas, que luego devuelven esas aguas ya contaminadas (servidas) al campo sin costo alguno", razonó el líder comunitario. Y se preguntó ¿cómo se va a desarrollar el país si las personas no tienen agua?
En tanto, Rosa Juárez, una joven también residente de Los Vásquez, donde abundan las casas improvisadas de lámina y madera, aseguró que, con excepción del 22 de enero y el 10 de mayo pasados, no ha recibido agua en los dos últimos años, aunque sus recibos de ANDA siguen llegando con cargos de 10,12 dólares cada mes.
"Es una ilusión que El Salvador cumpla en 2015 con esta meta del milenio relativa al acceso al agua potable", vaticinó Gómez.
