Representantes italianos ante la ONU llevan adelante una ardua campaña para juntar adeptos a su propuesta de declarar la moratoria universal sobre la pena de muerte.
Empero, aún no cuentan con las voluntades necesarias para que, ante una eventual votación en ese sentido en la Asamblea General de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), obtengan el respaldo suficiente como para dar un espaldarazo histórico a la causa abolicionista.
Unos 88 países han firmado hasta ahora una declaración de adhesión a la propuesta italiana, según un funcionario de la organización humanitaria Amnistía Internacional, con sede en Londres.
"Pero los italianos necesitan al menos 100 firmas", indicó a IPS una fuente de la sede de la ONU en Nueva York. Esa es la cifra mínima para que la resolución italiana tenga la seguridad de obtener la mayoría de los votos en la Asamblea General del foro de 192 miembros.
"Hay, por cierto, un ímpetu para pedir una moratoria en la ONU", sostuvo Louise Arbor, Alta Comisionada de los Derechos Humanos. "Siento que hay una voluntad creciente a este respecto y también, en definitiva, para abolir la pena de muerte", añadió.
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Una exhortación de ese tipo hecha por el máximo órgano de decisión de la ONU no sería vinculante para sus miembros. Pero activistas de derechos humanos creen que un pedido de moratoria que reúna un gran respaldo de los delegados ante el foro mundial aceleraría la llegada del día en que la pena capital como castigo forme parte de la historia.
En las últimas dos décadas hubo un aumento sostenido del número de países que abolieron la pena máxima. Pero aún se siguen dictando condenas a muerte y ordenando ejecuciones en 69 países, según Amnistía Internacional.
Pero sólo algunos de ellos —Arabia Saudita, China, Estados Unidos e Irán— concentran la mayoría de las 4.000 ejecuciones, o más, que se practican al año en el mundo. Se estima que unas 25.000 personas aguardan en los llamados pabellones de la muerte, según el especialista en la materia Mark Warren.
China y Estados Unidos probablemente se opongan a la propuesta italiana cuando sea sometida a votación en la ONU. Aunque tampoco se espera que ninguno de esos países trabaje contra la resolución, según el representante de un estado contrario a la iniciativa.
Pero eso no quiere decir que el camino esté libre de obstáculos.
"La pena de muerte es un tema sensible que divide a la ONU", dijo a IPS Yvonne Terlingen, de Amnistía Internacional, quien añadió que se vislumbran "dificultades políticas".
Terlingen espera que Italia presente pronto la resolución ante la Asamblea General. Finlandia, socio fiel de Italia a este respecto, ya preparó las bases para ello en diciembre.
Un documento finlandés exhorta a todos los países que no han derogado la pena máxima a "abolirla por completo y, mientras tanto, establecer una moratoria sobre las ejecuciones".
"La abolición de la pena de muerte contribuye a revalorar la dignidad humana y al desarrollo progresivo de los derechos humanos", declaró entonces la embajadora de Finlandia ante la ONU, Kirsti Lintonen, y apuntó que "el derecho a la vida quedó asentado en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos".
La pena capital no ha sido un elemento de disuasión efectivo y una vez ejecutada no hay marcha atrás en caso de error judicial. La declaración de Finlandia contó con el apoyo de 85 países.
Se supone que en la resolución italiana se expresarán los mismos principios y argumentos a favor de la abolición. Pero tendría una mayor influencia si contara con el respaldo de más países.
En este momento Italia es uno de los miembros rotativos que integran el Consejo de Seguridad de la ONU, posición que podría utilizar para alcanzar su propósito.
Lo que puede llegar a suceder en la Asamblea General una vez que Italia presente la resolución es difícil de predecir. Representantes recordaron las complicaciones que debió afrontar la Unión Europea (UE) hace unos años, cuando pretendió hacer lo mismo.
En 2001, una iniciativa similar fue objetada por Singapur, que según Amnistía Internacional tiene la tasa más alta de ejecuciones por habitante. Entonces, los delegados de ese país arguyeron que cada estado debía decidir si aplicar o no la pena de muerte. El argumento consiguió varios adeptos y se convirtió en el motivo principal por el cual la resolución no fue sometida a votación.
No hay peligro de que los miembros más pragmáticos de la UE susciten tal oposición otra vez. Pero es claro que el bloque europeo está deseoso de demostrar todo su apoyo a la iniciativa italiana.
De hecho, en diciembre emitió un duro comunicado, subrayando que la abolición de la pena capital era un "valor fundamental" del bloque hoy conformado por 27 países y un requisito para su integración.
El Parlamento Europeo claramente considera que llegó la hora de que la UE ejercite sus músculos diplomáticos y ayude a Italia. De hecho, en febrero emitió un comunicado con cierta "urgencia" a favor de la iniciativa de pedir una moratoria universal. Deben realizarse todos los esfuerzos políticos y diplomáticos para "asegurar el éxito de la resolución", reza la declaración.
El gobierno italiano se dio tiempo hasta fines de la actual sesión de la Asamblea General, en septiembre, para presentar su propuesta. Pero eso no dio garantías a sus críticos internos.
Marco Pannella, miembro del Parlamento Europeo y presidente de la organización de derechos humanos Hands off Cain (Que Nadie Toque a Caín.) acusó en marzo al gobierno de "demoras y errores" en la presentación de la resolución. Además, el 21 de ese mismo mes anunció el comienzo de una huelga de hambre para presionar a que se aceleren los procedimientos.
Una semana después, el portavoz de la cancillería italiana, Pasquale Ferrara, aseguró que su país estaba trabajando "intensamente" en la cuestión de la moratoria. El asunto formará parte de la agenda de la reunión de cancilleres de la UE a realizarse el 23 de este mes en Luxemburgo.
"El gobierno italiano pierde tiempo, debe presentarse de inmediato la resolución acerca de la moratoria", dijo a IPS Elisabetta Zamparutti de Hands off Cain, que convocó a una marcha para este domingo en Roma con motivo de las Pascuas cristianas para presionar al gobierno a que actúe con rapidez.
