Ejecuciones extrajudiciales del pasado reciente son una herida aún abierta en Marruecos, pero activistas de derechos humanos esperan alcanzar verdad y justicia gracias a la ansiada abolición de la pena de muerte.
La derogación de este castigo extremo, según ellos, alentará a que los responsables de esas atrocidades a hablar por fin de lo sucedido durante los 39 años del régimen del rey Hassan II (1960-1999).
El ascenso al trono de su hijo, el rey Mohamed VI, en 1999, fue seguido de un aplaudido proceso de reconciliación entre el Estado y las víctimas de violaciones de derechos humanos durante el reinado de su antecesor.
El oficial Comité de Reconciliación y Equidad celebró audiencias públicas para que las víctimas se explayaran sobre sus sufrimientos y les ofreció indemnizaciones.
El Comité concluyó su labor hace un año, y en su informe final sugirió la abolición de la pena máxima.
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La prensa marroquí especuló con que esa recomendación sería aprobada en la sesión en curso del parlamento, que concluirá en junio.
Pero activistas consideran que los casos más graves de violación de los derechos humanos cometidos durante el largo reinado de Hassan II siguen cubiertos por un velo de misterio.
"La reconciliación no puede ser parcial", dijo a IPS Noureddine Gabbaz, de la Asociación de Derechos Humanos. "Hay una sola forma de completarla: con verdad, toda la verdad. Tenemos que saber qué pasó con las víctimas. Necesitamos suficientes garantías de que no volverá a pasar."
"La abolición de la pena de muerte es necesaria para terminar de erigir un Estado que respete la ley, los derechos humanos y la libertad", arguyó Gabbaz.
"La abolición podría ayudar a que los ex agentes del servicio secreto brinden más información sobre lo sucedido en los años de plomo. Eso predispondría mejor a los ex verdugos, que hablarán si saben que no serán condenados a muerte. Así podría conocerse toda la verdad", añadió.
"Años de plomo" es un término gráfico utilizado para describir la represión de los años de reinado de Hassan II. Los disidentes y los defensores de la democracia fueron perseguidos, detenidos y desaparecidos.
Un caso típico de lo que se considera solución "parcial" a esas violaciones de derechos humanos es la alcanzada en torno de la desaparición en 1965 del líder opositor Mehdi Ben Barka.
El ex agente de inteligencia Ahmed Boukhari admitió ante la prensa haber coordinado el secuestro de Ben Barka del centro de detención Dar al-Moukri en Rabat, la capital marroquí.
Los agentes devolvieron en forma clandestina su cuerpo a Dar al-Moukri y lo rociaron con ácido para eliminar toda posibilidad identificación, reveló Boukhari por primera vez en 2000.
Pero esas espeluznantes revelaciones no condujeron a ningún procesamiento. Además, el gobierno ha ignorado sistemáticamente las solicitudes de inspeccionar el centro de detención para investigar sus horripilantes secretos.
Incluso se negó un permiso para realizar una protesta como forma de presión.
El activista Driss Ould Kabla informó este mes que investiga por sus propios medios lo sucedido en Dar al-Moukri, pero no mencionó cifra o datos concretos.
El ex agente Boukhari ya había indicado que la desaparición de los cuerpos con ácido era una práctica "común" en ese centro de detención.
Activistas de derechos humanos también están preocupados por la continua negativa de las autoridades a ordenar investigaciones y llevar ante la justicia a los responsables de violentas represiones a manifestaciones durante el reinado de Hassan II.
El Foro por Verdad y Equidad trabaja para que se haga justicia en uno de los peores episodios: la sangrienta represión de una protesta contra el alto costo de la vida en Casablanca en junio de 1981.
Los activistas aseguran que las fuerzas de seguridad asesinaron a tiros a más de 1.000 personas, pero las autoridades alegan que fueron 89.
Gabbaz, también miembro del Foro, dijo a IPS que muchas de las víctimas fueron después sepultadas en fosas comunes en Casablanca y sus alrededores.
"La versión oficial sostiene que las víctimas murieron por balas perdidas. Pero no conozco ninguna que vaya directamente a la cabeza o el corazón", señala Gabbaz.
Uno de los muertos fue un niño sordomudo de ocho años. También murieron personas apostadas en sus ventanas observando la situación.
Ould Kabla también está dedicado a investigar las purgas ocurridas dentro del ejército. Este mes publicó detalles de nueve generales ejecutados sin juicio previo en 1971 por un supuesto intento de golpe de Estado.
La ejecución se transmitió en vivo por televisión marroquí. Hassan II, acompañado por el rey Hussein de Jordania, observó el acto "con binoculares desde la dependencia militar Moulay Ismail", escribió Ould Kabla.
Otros 30 oficiales "tuvieron una muerte lenta" en un centro de detención del servicio secreto del pequeño poblado de Tazmamart, cerca de la oriental ciudad de Arrachidia.
Ould Kabla señaló que otros 58 oficiales fueron detenidos y encarcelados por otros supuestos golpes de Estado fallidos en 1971 y 1972, de los cuales 30 padecieron una terrible muerte por asfixia, hambre y torturas en diminutas celdas en la prisión de Tazmamart.
Por su parte, organizaciones de derechos humanos siguen reclamando información sobre el destino de más de 60 presos políticos cuya desaparición sigue sin explicación.
La clara falta de voluntad de las autoridades para iniciar investigaciones sobre las ejecuciones extrajudiciales causa un creciente resentimiento.
La situación se agrava aún más por el dolor que sufren los familiares de las víctimas, al ver habitualmente por la televisión estatal a figuras públicas a las que consideran responsables.
"Los ejecutores de esas atrocidades deben ser conducidos a la justicia o, al menos, cesar en sus cargos. Es increíble que todos sigan apareciendo en televisión", sostuvo Gabbaz, quien se refirió a ellos como altos comandantes militares e importantes funcionarios.
