Optimista por los avances en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), el presidente Álvaro Uribe presentó este sábado el informe «Hacia una Colombia equitativa e incluyente», documento de 233 páginas con lineamientos que algunos analistas consideran de difícil consecución.
El derechista Uribe centró sus esperanzas en la continuidad de la Política de Seguridad Democrática que, sostuvo, atraerá la inversión y permitirá mejores políticas tributarias.
En consecuencia, y tras una breve presentación general de los ODM, el mandatario dedicó cuatro horas a destacar el programa Banca de Oportunidades, que otorga créditos con bajos intereses a sectores económicamente vulnerables.
Colombia asumió los ODM en septiembre de 2000 en Nueva York, junto a los otros 188 países que entonces integraban la Organización de las Naciones Unidas.
Los ODM proponen para 2015 erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad de género, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud sexual y reproductiva, mitigar enfermedades como el VIH/sida y la malaria, garantizar la sostenibilidad ambiental y fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
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La formulación de la estrategia colombiana se inició en 2003, bajo la coordinación del estatal Departamento Nacional de Planeación (DNP) y con participación del Sistema de las Naciones Unidas.
En 2005, el gubernamental Consejo Nacional de Política Económica y Social aprobó el documento "Metas y estrategias de Colombia para el logro de los ODM – 2015".
Su cumplimiento establece 18 metas y 48 indicadores, en cuya medición "hay fuentes de información oficiales y no gubernamentales", explicó a IPS el director de Desarrollo Social del DNP, José Fernando Arias.
El año base para la medición es 1990, pero se incluye estadísticas de hasta 2005. Bogotá, en términos generales, presenta los indicadores más favorables, mientras que los porcentajes más bajos están en el occidental departamento del Chocó. El informe señala que, "entre 1991 y 2005, la participación de los más pobres en el total de ingresos disminuyó 0,3 puntos porcentuales (3,2 a 2,9 por ciento), mientras los más ricos recibieron más de 60 por ciento de los ingresos".
Esto a pesar de un crecimiento económico promedio anual sostenido de 3,5 por ciento entre 1990 y 1998, de 0,5 hasta 2002 y de cuatro por ciento hasta 2004.
"El crecimiento económico no siempre está ligado a la disminución de la pobreza", dijo a IPS el economista Ricardo Bonilla, de la estatal Universidad Nacional.
"La peor distribución de la historia se presentó a finales de la década de los 90" agrega el informe, destacando la violencia como elemento que "afecta negativamente la calidad de vida y las capacidades de desarrollo del país y sus habitantes".
Los sectores de la población más pobres son las mujeres, los indígenas, los negros y los desplazados por la guerra civil, y en particular los que viven en las zonas rurales.
En cuanto a la lucha contra el hambre, el informe destaca el Plan Nacional de Alimentación y Nutrición, lanzado en 1996, que permitió erradicar problemas de salud por deficiencia de yodo en 1998 y disminuyó la tasa de desnutrición de 7,3 a 6,7 por ciento en 2000.
Pero la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2005, de la organización no gubernamental Profamilia, citada en el informe, establece que "dos de cada 100 niños y niñas menores de 5 años sufren desnutrición crónica, y en 41 por ciento de los hogares se manifiesta algún grado de inseguridad alimentaria".
Se asegura también que reducir a la mitad en 2015 el porcentaje de personas que padecían hambre en 1990, "sólo es posible si se ponen en marcha programas que integren salud, nutrición, alimentación, agricultura, educación, comunicación y medio ambiente".
En cuanto a promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer, el informe menciona avances como la mayor escolaridad de las mujeres en los sectores urbanos, pero retrocesos en las zonas rurales, entre las mayores de edad y las indígenas.
En salud, se mantienen indicadores negativos asociados con la maternidad, como embarazos no deseados, abortos, embarazos adolescentes e incremento significativo del número de mujeres afectadas por el VIH/sida.
Además, la violencia familiar se considera "un serio problema social y de salud pública, un obstáculo para el desarrollo y una clara violación a los derechos humanos".
En 2002, el estatal Instituto Nacional de Medicina Legal constató 141 casos de violencia entre cónyuges, de los que 3 fueron contra hombres, y de los 138 cometidos contra mujeres, 59 no tuvieron evidencia de examen físico, lo que "demuestra dificultad de reconocimiento".
En este tema, los indicadores no siempre se consideran precisos, dado el temor o la vergüenza que tienen las víctimas para denunciar a sus agresores.
En cuanto a equidad salarial, la desventaja varía según el grupo etario, siendo de 27 por ciento para mujeres entre 45 y 54 años, y de 17 por ciento para 25 a 34 años, algo "demasiado alto", dijo a IPS la subdirectora de la Corporación Sisma Mujer, Claudia Ramírez.
Sobre mortalidad infantil, el informe señala que la tasa en menores de 5 años era en 1990 de 37 muertes por cada 1.000 nacidos. En 2000, según Profamilia, se registró una reducción a 28 por 1.000 nacidos. La meta es disminuir la mortalidad a 17 por 1.000.
En menores de un año, el objetivo es reducirla de 31 a 14 muertes cada 1.000 nacimientos.
"El cumplimiento de este objetivo exige el fortalecimiento de la vigilancia en salud pública sobre los eventos que afectan la salud infantil y calidad en los servicios materno-infantiles", señala el informe.
En relación con el combate del VIH/sida, el número total de infectados con estas enfermedades en 2004 fue de 220.000, cifra que podría aumentar a 800.000 para 2010 "de no realizarse intervenciones preventivas exitosas", alerta el trabajo.
Por otra parte, el informe subraya la importancia de lograr la sostenibilidad ambiental en Colombia. Las inversiones del Estado deberían centrarse en evitar desastres causados por la falta de planificación, impedir la contaminación del aire en áreas urbanas y la degradación de los suelos por malas prácticas y sistemas agrícolas inapropiados.
No obstante, la investigación destaca el aumento del acceso al agua potable, que pasó de 94,6 a 97,4 por ciento entre 1993 y 2003.
