El arresto y pedidos de captura de funcionarios acusados de desviar fondos de salud de una región colombiana en la que murieron 12 niños de desnutrición, muestran que la corrupción es un obstáculo para que este país cumpla sus compromisos de reducción de la pobreza.
"A quienes se roben los recursos de la salud se les debe imputar por homicidio, además de prevaricato y peculado", dijo el fiscal general Mario Iguarán este martes al informar sobre el arresto de un funcionario acusado del desvío de 911.000 dólares.
Esa suma formaba parte del presupuesto de salud del noroccidental departamento del Chocó, donde murieron de hambre 12 niños en marzo.
El detenido es el tesorero del municipio de Lloró —situado 45 kilómetros al sureste de Quibdó, capital del Chocó— quien junto a un anterior tesorero municipal, un ex tesorero departamental y un ex alcalde se habrían apropiado de los recursos, según la Fiscalía.
Contra los tres hay órdenes de captura, mientras han sido llamados a indagatoria el alcalde de Quibdó y un número no determinado de jueces, cuyos fallos habrían favorecido en el pasado a otros acusados por el mismo delito.
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La investigación se inició por la denuncia el 25 de marzo del ombudsman (defensor del pueblo) Vólmar Pérez, quien sostuvo que "las comunidades afrodescendientes y los pueblos indígenas que habitan la cuenca del río Domingodó, en jurisdicción de Carmen del Darién (Chocó) viven una grave emergencia sanitaria".
"En marzo se registró el fallecimiento de 12 niños y tres adultos como consecuencia de un agudo proceso de deshidratación, enfermedades diarreicas y desnutrición", agregó Pérez en esa ocasión.
La denuncia se suma a viejos antecedentes de corrupción en la región, cuyo gobernador, Julio Ibargüena, y 31 alcaldes municipales están sometidos a investigaciones penales, disciplinarias o fiscales, según información del Ministerio Público.
Además, el caso prueba la negligencia estatal, han dicho organizaciones no gubernamentales como el capítulo colombiano de Plan International, una entidad de ayuda a la infancia con sede en Gran Bretaña.
"Resulta evidente que la muerte de los niños no es asunto coyuntural. Es resultado de un largo proceso de desidias y marginalidades", dijo Graciela Butcher, directora de Plan en Colombia.
"La crisis humanitaria se agrava por causa del narcotráfico, el conflicto armado, el desplazamiento forzado, el aislamiento de comunidades y la consecuente pérdida de seguridades básicas: la vida y el alimento", añadió.
Colombia lleva más de 40 años de guerra civil, con guerrillas izquierdistas enfrentadas al gobierno y a paramilitares de extrema derecha, activos desde los años 80 y parcialmente desmovilizados desde 2006.
"La corrupción existente y la falta de voluntad de las autoridades locales son señaladas como los principales actores desencadenantes de la crisis alimentaria, que en Chocó obedece a la falta de una política pública nacional coherente", dijeron en una declaración la Campaña Nacional por el Derecho a la Alimentación y Foodfirst Information & Action Network, (Red de Información y Acción Primero Alimentos) presente en Colombia.
Otro acto de corrupción fue confirmado por la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Elvira Forero, cuando el 3 de este mes solicitó la investigación de la venta del complemento alimenticio Bienestarina en el Chocó.
El ICBF entrega hace tres décadas en forma gratuita la Bienestarina, una mezcla de harina de trigo, soja, leche en polvo descremada, vitaminas y minerales, que se consume con agua y azúcar para reforzar la alimentación de niñas y niños, madres lactantes y ancianos en las zonas más pobres del país.
Pero las denuncias de que el alimento es desviado y vendido como ración para engordar ganado porcino llevan años.
El caso de la Bienestarina "es un vergonzoso recorderis (recordatorio) de que en Colombia, en pleno siglo XXI y pese a la anunciada mejoría en las cifras de pobreza, hay millones de compatriotas que comen peor que los animales", sostuvo el 5 de abril el artículo editorial del diario El Tiempo.
Según estadísticas publicadas en marzo por el gobierno, la proporción de pobreza se redujo de 56 por ciento en 2002 a 45 por ciento en 2006 en este país de más de 42 millones de habitantes. El último registro corrige la cifras dadas por el gobierno el año pasado, que indicaban una pobreza de 49 por ciento.
Para la secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá, economista Consuelo Corredor, "se muestra una importante reducción, lo que es satisfactorio, pero es conveniente analizar las razones que posiblemente expliquen este comportamiento".
"Según el programa Bogotá Cómo Vamos —que evalúa la calidad de vida de la capital— esta ciudad registra una reducción de 10 puntos en la línea de pobreza y de 4,6 en pobreza extrema, lo que afecta los porcentajes nacionales de manera favorable", afirmó Corredor.
Con casi siete millones de habitantes, "Bogotá tiene una estructura productiva diversificada y concentra más de la cuarta parte de las empresas y de las exportaciones del país. De esta manera, los índices (bogotanos) modifican los porcentajes de otras regiones del país", explicó a IPS.
Además, las autoridades de Bogotá han adoptado estrategias para asistir a los más pobres.
El programa Bogotá sin Hambre, implantado en 2004 por el alcalde izquierdista Luis Eduardo Garzón, suministra de lunes a viernes en 22 comedores escolares 30.000 desayunos, 26.000 almuerzos y 370.000 refrigerios diarios en los sectores deprimidos de la ciudad.
Además, en 241 comedores comunitarios comen cada día 67.000 personas, en especial ancianos, mujeres gestantes y niños sin acceso a comedores escolares.
Pero en Chocó y en otras zonas, no existen tales medidas.
El panorama del Chocó está descrito en las cifras proporcionadas por el estudio Situación de Salud en Colombia – Indicadores Básicos, publicado en 2006 por el Ministerio de la Protección Social y la Organización Panamericana de la Salud.
Allí la esperanza de vida para los hombres es de 65 años, y para las mujeres de 71, en promedio cinco años menos que la expectativa nacional, de 70 y 76 años respectivamente.
La población chocoana está conformada sobre todo por indígenas y afrodescendientes.
Mientras la mortalidad materna nacional es de 79 madres muertas por cada 100.000 nacidos vivos, en el Chocó trepa a 429 por cada 100.000.
En el departamento mueren 17 neonatos por cada mil nacidos vivos. La tasa nacional es de siete muertes por cada mil nacimientos. Y antes de cumplir el primer año de vida, en el Chocó mueren 98 niños y 80 niñas por cada mil.
Colombia está obligada a cumplir antes de 2015 los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), adoptados por los gobiernos del mundo en 2000. Ellos incluyen abatir a la mitad la proporción de indigentes y hambrientos y reducir en dos tercios la mortalidad infantil y en tres cuartos la mortalidad materna, además de otras obligaciones en salud, educación, igualdad de género, trabajo, ambiente y desarrollo sustentable.
Los datos del Chocó confirman "que Colombia está lejos de alcanzar los ODM, porque el crecimiento económico no va de la mano con la disminución de la pobreza", dijo a IPS el economista Ricardo Bonilla, investigador de la estatal Universidad Nacional.
"El 45 por ciento de los bienes se concentra en el 10 por ciento de la población, y el 45 por ciento restante se distribuye entre los niveles medios y pobres. Y esta perspectiva no prevé cambios favorables para los desposeídos en tiempo breve", aseguró Bonilla.
El senador conservador y oficialista Iván Díaz, miembro de la Comisión del Senado para el seguimiento de la situación del Chocó, también estimó que las soluciones no se vislumbran a corto plazo, dadas las características de la región y la ausencia de Estado.
"El voto limpio, la aplicación de la democracia y su ejercicio transparente serán fundamentales para que se logre un cambio en la región", dijo Díaz a IPS.
Siete ministros del gobierno del derechista Álvaro Uribe deberán comparecer ante el Senado el martes 17 de abril en otro paso de la investigación sobre los hechos del Chocó.
