La recién aprobada reforma constitucional de Egipto transforma este país en un «estado policial», según líderes de la oposición.
"Las 34 enmiendas implican el retorno del estado gendarme, del terrorismo gubernamental y de las conocidas 'visitas de medianoche', dijo a IPS el portavoz del bloque parlamentario Hermandad Musulmana, Hamdi Hasan.
A través de la reforma, el gobierno "se asegurará de que las próximas elecciones estén arregladas" en su favor, aseguró Hasan.
El legislador independiente Kamal Ahmed declaró que esos cambios "harán retroceder a Egipto hasta una época de opresión y tiranía política".
La enmienda fue aprobada en referendo el 26 de marzo. Según organizaciones de derechos humanos y observadores extranjeros, apenas concurrieron a las urnas cinco por ciento de los ciudadanos habilitados. Según el gobierno, fueron 27,1 por ciento.
El parlamento había avalado la reforma presentada por el gobierno el 19 de marzo, y convocó la consulta popular con una antelación de solo una semana.
Las enmiendas que más preocupan a sus detractores se refieren a la ampliación de las facultades del Poder Ejecutivo para realizar detenciones, a la limitada supervisión judicial de las elecciones y al sistema de selección de candidatos a comicios parlamentarios y presidenciales.
La modificación que más indignó a la oposición y a activistas de derechos humanos es la del artículo 179, que asigna a las agencias de seguridad del gobierno mayores poderes para "combatir el terrorismo".
La enmienda invalida otros artículos que protegen a los ciudadanos contra detenciones al azar, allanamientos y vigilancia, según sus críticos.
"Esa enmienda neutraliza algunos de las cláusulas de protección de las libertades básicas más importantes de la constitución", dijo a IPS Yehia al-Gemel, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de El Cairo.
El experto se refirió especialmente a los artículos 41, 44 y 45, que protegen a la población contra allanamientos, vigilancia e incautaciones sin orden judicial.
Al Gemal llegó a considerar que la reforma constitucional de "la peor y más peligrosa de la historia de Egipto".
Además, ese artículo asigna al Poder Ejecutivo la potestad de transferir a personas acusadas de difusos "delitos de terrorismo" a tribunales militares. Eso, advierten los críticos, implica el mantenimiento en vigor de la Ley de Emergencia aprobada en 1981.
"Ese artículo, en definitiva, da carácter permanente a la Ley de Emergencia, de aplicación más bien temporal", indicó Hasan.
Hasta el gubernamental Consejo Nacional de Derechos Humanos se unió al coro de críticos contra la reforma.
"El Consejo rechaza enfáticamente la enmienda del artículo 179 y reitera la importancia de procesar a los civiles en tribunales comunes no militares", señaló su presidente y ex secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Boutros Boutros-Ghali (1992-1996), días antes del referéndum del 26 de marzo.
Por su parte, varios portavoces del gobernante Partido Nacional Democrático defendieron sistemáticamente los cambios alegando que el artículo en cuestión sólo será invocado en casos extremos.
"El artículo enmendado no debilitará los derechos básicos de los ciudadanos y sólo será utilizado en casos de urgencia", declaró el 5 de este mes el presidente de la Asamblea Nacional, e incondicional del gobierno, Fathi Sorour, según la prensa estatal.
También explicó que en casos que supongan una amenaza a la seguridad nacional se permitiría a la policía y a las fuerzas del orden solicitar la orden judicial tras la detención.
Los detractores de la reforma también condenan la enmienda del artículo 88, que elimina toda supervisión judicial de las elecciones presidenciales y parlamentarias.
El cambio supone que los jueces sólo supervisarán los principales centros de votación, descuidando miles de mesas secundarias.
"El artículo enmendado termina con la idea de tener un juez en cada urna y coloca la responsabilidad de supervisar el acto electoral en manos del Alto Consejo de Supervisión Judicial, designado por el gobierno", dijo a IPS Atef al-Banna, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de El Cairo.
La discutida reforma se refrendó a pesar de un fallo del Tribunal Supremo Constitucional, que ordenó en 2000 la presencia de jueces en todos los centros de votación.
"Con esa modificación, las elecciones podrán arreglase con más facilidad en beneficio del partido gobernante, como sucedió antes del fallo de 2000", añadió Al- Banna.
Tanto legisladores independientes como de la Hermandad Musulmana están preocupados por las modificaciones introducidas en los artículos referidos al proceso electoral.
La enmienda del artículo 62, por ejemplo, introduce un cambio en el sistema de elección de legisladores, que pasa de la presentación de candidatos individuales a uno basado especialmente sobre listas partidarias.
La del artículo 76 establece que los candidatos presidenciales deben pertenecer a partidos políticos legales que ahora tienen al menos un representante en ambas cámaras legislativas.
Según argumentó el Partido Nacional Democrático, esas dos enmiendas fomentarán la participación de las organizaciones políticas legales y elevarán la concurrencia de votantes a las urnas.
Pero analistas advierten que esa parte de la reforma apunta contra los candidatos independientes presentados por la ilegal Hermandad Musulmana, que por el carácter legal de ese movimiento deben presentarse a los comicios de esa forma.
"El artículo 62 modificado permitirá al partido gobernante limitar la cantidad de parlamentarios independientes, incluidos los de la Hermandad Musulmana", dijo a IPS Diaa Rashwan, del gubernamental Centro Al Ahram de Estudios Políticos y Estratégicos.
"También determinará que los candidatos presidenciales para las futuras elecciones representen a los tres mayores partidos legales, incluido el Nacional Democrático", añadió.
La reforma constitucional ocupa el centro del debate público desde diciembre, cuando el presidente Hosni Mubarak se refirió a ella como el adelanto de una "nueva era de reformas políticas".
Las modificaciones fueron aprobadas el 19 de marzo en el parlamento, dominado por el partido de gobierno, pese a la resistencia unánime de los representantes de la oposición y los independientes.
La oposición y diversas organizaciones independientes boicotearon luego el referendo.
