Hace cinco años, Evangeline Hernández era una mujer común, esposa y madre de cuatro hijos, que vivía en la ciudad de Davao, en la meridional isla filipina de Mindanao.
Pero su vida quedó destrozada cuando su hija Benjaline, activista por los derechos humanos, fue asesinada a tiros por un militar y varios civiles.
Benjaline "Beng" Hernández tenía 22 años. Murió en abril de 2002, junto a otros tres activistas con los que se dirigía a investigar las condiciones de vida de los campesinos en el valle de Arakan, en Cotabato septentrional, también en Mindanao.
"En ese momento no tenía idea de que participar en una misión así podría ser peligroso", dijo a IPS la madre de Benjaline, al evocar las circunstancias que rodearon la muerte de su hija.
Según el relato de un testigo, los activistas estaban almorzando en una choza aislada cuando varios hombres armados —un sargento y civiles que asisten al ejército, oficialmente llamados "milicianos"— bombardearon la cabaña sin advertencia alguna.
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Un activista murió cuando intentaba escapar. Los otros fueron rodeados. A uno le dispararon en el estómago. Rogó por su vida, pero lo remataron de un tiro en la nuca.
A Benjaline y a otra mujer las obligaron a arrodillarse y les dispararon varias veces, relató el testigo. A Hernández le dijeron que en esos momentos ambas tenían sus brazos en alto, en gesto de súplica para que les permitieran llevar a su compañero al médico.
Según la organización Alianza para el Avance de los Derechos Humanos (Karapatan), en la que revistaba Benjaline, los asesinos se jactaron ante residentes de la aldea que las muchachas "lloraban a gritos".
Las familias de las víctimas presentaron una denuncia contra los perpetradores, que están libres bajo fianza. El caso todavía está pendiente en la oficina del fiscal.
Cinco años podrían constituir una larga espera por justicia en la mayoría de los países, pero Hernández dice estar resignada a que en Filipinas un juicio penal de este tipo insuma entre ocho y 10 años.
De hecho, según esta mujer, es posible que los culpables ni siquiera sean condenados, a pesar de los numerosos testimonios que apuntan contra ellos.
En 2002 hubo pocas ejecuciones extrajudiciales. Tal vez por esa razón, el caso de Benjaline desató entonces tal conmoción que hasta fue divulgado incluso a través de medios de comunicación internacionales.
"En 2006 hubo una escalada en las matanzas", dijo Hernández.
Karapatan documentó 839 asesinatos extrajudiciales desde enero de 2001 —cuando Gloria Macapagal-Arroyo asumió como presidenta de Filipinas— hasta el 14 de marzo de 2007. Un grupo de trabajo de la policía creado por Arroyo en mayo de 2006 para investigar esas muertes dijo que fueron apenas 118.
Las matanzas extrajudiciales —o, como algunos prefieren llamarlas, "matanzas políticas"— son ejecuciones sumarias y asesinatos llevados a cabo supuestamente por funcionarios armados sin estar al amparo de una sentencia formal de pena de muerte.
La organización izquierdista Nueva Alianza Patriótica (Bayan) asegura que los perpetradores son agentes del Estado y que las víctimas son ciudadanos políticamente comprometidos, como activistas de derechos humanos, líderes religiosos, educadores, abogados y dirigentes rurales.
La creciente cantidad de ejecuciones sumarias alentó a numerosos familiares de víctimas a unirse en septiembre de 2006 en la organización Justicia (Hustisya). Hernández, luego de pensarlo mucho, accedió a presidirla.
Hustisya es uno entre varios grupos que acusaron hace poco a Arroyo ante el Tribunal Popular Permanente con sede en La Haya, organización internacional independiente que examina las demandas por violaciones de derechos humanos.
El Tribunal había emitido en 1980 una fuerte condena contra el dictador Ferdinando Marcos (1965-1986).
Tras cuatro días de analizar testimonios y evidencias, el Tribunal responsabilizó el 25 de marzo a Arroyo y a su gobierno de "flagrantes y sistemáticas violaciones a los derechos humanos".
Según Renato M. Reyes Jr., secretario general de Bayan, las organizaciones decidieron acudir al Tribunal luego de agotar todos los recursos legales disponibles en Filipinas.
"Intentamos usar el pequeño espacio legal del que disponemos aquí, pero sin éxito. Por eso debimos recurrir a una instancia internacional. Sabemos que no podemos hacer esto solos", dijo Reyes a la prensa en Manila.
El veredicto del Tribunal supone una presión adicional sobre Arroyo. Pero ni siquiera fuertes declaraciones pronunciadas en febrero por Philip Alston, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre ejecuciones extrajudiciales, "lograron afectar al gobierno".
"¿Cuántos fueron asesinados?", preguntó Alston tras finalizar de su misión de 10 días. "¿Son 25, 100 u 800? Los números no son lo que cuenta. Hasta una cantidad limitada de matanzas puede ser corrosiva."
Alston explicó que unas pocas masacres "intimidan a muchos actores de la sociedad civil, que se sienten vulnerables, y debilitan la acción política, que es clave para una resolución de los problemas con que se enfrenta este país".
El funcionario advirtió que Arroyo debe persuadir a los militares para que reconozcan los hechos y den "pasos genuinos" en la investigación de las matanzas.
Alston reclamó el 22 de marzo al gobierno una copia de ciertas órdenes de combate filtradas en las que se enumeraban organizaciones y personas consideradas "ilegítimas" por los militares.
Estas declaraciones permiten prever que el tono del informe final del relator especial de la ONU, el cual se conocerá en las próximas semanas, será de devastadora condena.
Organizaciones de activistas creen Arroyo debe responder en persona por las matanzas.
"Hasta una madre tonta sin ningún conocimiento de ciencia política puede decir que Arroyo, como jefa de Estado, tiene el poder sobre todo. De otro modo, significaría que no tiene control sobre los soldados", expresó Hernández.
