En un resplandeciente día de primavera en el distrito financiero de Nueva York, en medio de apresurados ejecutivos de traje y corbata, numerosos manifestantes se dedican a pedir atención a la crisis humanitaria en la occidental región sudanesa de Darfur.
Los activistas ubicados frente a la sede de Fidelity, una de las mayores firmas inversoras de Estados Unidos, portan carteles que rezan "No invierta nuestro dinero en genocidio".
Allí mismo distribuyen folletos en que acusan a la compañía de prácticas empresariales que contribuyeron con la crisis humanitaria en la occidental región sudanesa de Darfur.
Esta actividad se enmarca en la campaña "Días globales para Darfur", que comenzó el 23 de abril y termina este lunes.
Durante la campaña, activistas, políticos, músicos y otras celebridades de todo el mundo han realizado diversos actos para poner de relieve la violencia que el régimen del presidente Omar al-Bashir y las milicias Janjaweed, alineadas con el gobierno, cometen en Darfur contra comunidades no árabes.
Hasta la fecha, la crisis provocó una respuesta agónicamente lenta por parte de los líderes mundiales, a pesar de que se le atribuye entre 200.000 y 450.000 muertes (principalmente de civiles) desde 2003, cuando comenzó la actual fase del conflicto.
"Sudán puede darse el lujo de desdeñar a toda la comunidad internacional porque hace mucho dinero con el petróleo que vende a China", dijo Helga Moor, del Grupo de Vigilia de Darfur, mientras entregaba volantes a los peatones.
"Queremos demostrarle a Sudán que los pueblos del mundo estamos escandalizados, y que no quieren invertir su dinero en empresas que apoyan a este régimen asesino", añadió.
Activistas creen que entre esas firmas figura Fidelity, principal accionista individual de PetroChina Company, subsidiaria de la estatal Corporación Nacional de Petróleo de China.
PetroChina posee una gran participación en el consorcio nacional de petróleo de Sudán y desarrolla grandes operaciones en ese país. China compró en 2005 la mitad de las exportaciones de petróleo sudanés.
Según los activistas, las ganancias de estas ventas permitieron a Jartum comprar armas para mantener las operaciones militares en Darfur.
La campaña en curso se inspira en la iniciada en los años 80 contra el apartheid (régimen de segregación racial institucionalizada que oprimió a la mayoría negra de Sudáfrica hasta 1994), que procuró la "desinversión" de los gobiernos violadores de los derechos humanos.
Esta iniciativa en favor de Darfur alcanzó notables éxitos en los últimos meses.
En abril, la compañía aeroespacial británica Rolls-Royce, que proveyó motores a compañías petroleras en Sudán en los últimos cinco años, anunció que se retiraba de país por la situación de los derechos humanos allí.
La firma de ingeniería alemana Siemens y la compañía de energía suiza ABB Limited habían anunciado sus planes en el mismo sentido el año pasado.
La campaña fue convocada cuando la situación en la región se torna cada vez más y más compleja.
Al principio, la crisis respondió a los choques entre el gobierno y dos grupos insurgentes: el Movimiento Justicia y Equidad y el Movimiento de Liberación Sudanesa, que se resistían a la represión contra los residentes no árabes de Darfur.
Desde entonces, el caos no ha hecho más que empeorar.
Los problemas de Darfur, reino independiente del tamaño de Francia anexado por Sudán en 1917, comenzaron en los años 70 como una disputa por las tierras de pastoreo entre nómadas árabes y agricultores indígenas negros. Ambas comunidades étnicas comparten la fe islámica.
Pero la tensión se transformó en una guerra civil en febrero de 2003, cuando guerrilleros negros respondieron con violencia al hostigamiento de las milicias árabes Janjaweed, (hombres a caballo).
Los Janjaweed son acusados de llevar adelante una campaña de limpieza étnica contra tres tribus negras que respaldan a los dos grupos guerrilleros. Se presume que las milicias árabes tienen apoyo de Jartum, o que éste hace la vista gorda ante sus crímenes.
Organizaciones humanitarias calculan que entre 200.000 y 450.000 personas murieron como consecuencia directa de la violencia, y que hasta 2,5 millones abandonaron sus hogares.
Siguiendo el ejemplo del Congreso legislativo estadounidense, el gobierno de George W. Bush acusó a Jartum en 2004 de "genocidio", acusación que el mandatario repitió en varios pasajes de su discurso este miércoles.
Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch no adhieren al término "genocidio", pero reclamaron en numerosas ocasiones por mayores acciones de la ONU para detener la violencia, incluidas sanciones duras contra el régimen y las milicias Janjaweed.
La violencia atravesó el año pasado la frontera de Sudán con Chad, donde viven más de 200.000 refugiados de Darfur, y en la República Centroafricana. (FIN/IPS/traen-js-mj/md/ks/af mm ip hd/07)
