La reforma agraria de Brasil ha procurado tierras a cerca de un millón de familias en 20 años. Su ejecución es un avance para el gobierno, un logro insuficiente para el movimiento campesino y un resultado casi inútil para la oposición.
Durante el primer gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2006) 381.419 familias recibieron tierras, según el Ministerio de Desarrollo Agrario. Además, se adoptaron políticas complementarias, como ampliación de crédito, garantía de precios mínimos y educación y asistencia técnica a los pequeños agricultores, dijo a IPS Caio França, jefe de gabinete de esta cartera.
El Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar cuadruplicó en ese mismo periodo los recursos destinados a financiar el sector agrario, alcanzando 10.000 millones de reales (4.750 millones de dólares), con lo que alcanzó a beneficiar 1,9 millones de familias, el doble que cuatro años atrás, agregó França.
Pero los planes para el sector durante el segundo mandato de Lula (2007-2010) aún están por definirse, así como la persona a cargo del ministerio.
Este gobierno "no cumplió su propio Plan Nacional de Reforma Agraria", y de las siete promesas hechas ante una marcha campesina a fines de 2003 "cumplió sólo una: la de distribuir canastas básicas de alimentos a las familias acampadas", dijo Joao Pedro Stédile, uno de los coordinadores del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), principal organización campesina.
La meta para 2003-2006 era adjudicar tierra a 400.000 familias y sólo faltó 4,65 por ciento para cumplirla, según cálculos del gobierno. Pero el MST considera que las cifras oficiales están infladas pues incluyen posesiones legalizadas y reemplazos de familias que desistieron, Además, la organización campesina reclama una reforma más amplia y rápida.
Asimismo, el MST se queja de que no se priorizó a las familias que llevan años viviendo en campamentos a la espera de tierras, ni se actualizó el índice de productividad que los predios rurales, un parámetro sobre el cual se ordena la expropiación con fines de reforma agraria, ya que la Constitución establece que "la propiedad atenderá a su función social".
En otros compromisos, como el fortalecimiento institucional del sector, hubo avances en materia de fondos, ya que se "triplicó" el presupuesto del Instituto de Colonización y Reforma Agraria (Incra), y en normas, se aprobó en 2006 la ley de agricultura familiar, además de que se incrementaron los mecanismos de apoyo y capacitación, sostuvo França.
Sin embargo, los conflictos por la tierra persisten. Decenas de miles de familias viven en campamentos, campesinos organizados siguen "ocupando" predios que consideran improductivos y objeto de expropiación para fines de reforma agraria, y se producen choques entre propietarios y ocupantes con muertos y heridos.
Pese a todo, el problema ya no parece movilizar a la opinión pública como antes lo hacía.
La lucha campesina también multiplicó sus blancos. En su última gran ofensiva, protagonizada por mujeres en vísperas de su Día Internacional, el 8 de marzo, miles de ellas ocuparon plantaciones de eucaliptos en el sur del país, un banco estatal de fomento en Río de Janeiro, una empresa minera en el estado de Minas Gerais y una planta de etanol en el interior de São Paulo, entre otras acciones.
De hecho, ahora el movimiento campesino también protesta contra los monocultivos forestales de la industria de la celulosa para papel, a los que llama "desiertos verdes", las semillas transgénicas, los grandes proyectos hidroeléctricos, los tratados de libre comercio, las empresas transnacionales, el agronegocio exportador y hasta los biocombustibles, que desplazan la producción de alimentos.
Ocurre que Vía Campesina, el movimiento internacional que coordina a 56 organizaciones, reúne en Brasil a grupos rurales de la Iglesia Católica, de afectados por las represas, de pequeños agricultores, de mujeres campesinas y al MST. Cada agrupación tiene sus demandas específicas, pero están unidos contra "el enemigo común: el modelo agrícola del agronegocio" controlado por el capital financiero internacional, explicó Stédile.
El dirigente del MST se mostró muy pesimista frente al segundo gobierno de Lula, que se está volviendo "de centroderecha" por sus "compromisos con el agronegocio" y con las fuerzas conservadoras, dijo.
"No esperamos nada" de su gestión, y sólo un incremento de la movilización de los campesinos podría dar "velocidad y amplitud a la reforma agraria", concluyó.
Quienes rechazan la reforma agraria, principalmente los grandes agricultores, coinciden con Francisco Graziano, secretario de Medio Ambiente del sureño estado de São Paulo, quien vaticinó en un artículo publicado en el diario O Estado de São Paulo que será "el mayor fracaso mundial de un programa público".
Un millón de familias asentadas en predios sometidos a reforma agraria ocupan cerca de 60 millones de hectáreas, casi lo mismo que los 62 millones de hectáreas laboradas por la agricultura empresarial, sin que se sepa cuánto producen y "sin mejorar la riqueza en el campo, al contrario, diseminando la pobreza", acusó Graziano.
Esas cifras están manejadas "sin rigor", pues el área destinada a la reforma agraria entre 2003 y 2006 fue de 31 millones de hectáreas, pero ésta incluye zonas de preservación permanente de bosques, no cultivables, que en la Amazonia alcanzan a 80 por ciento de los predios, contrarrestó França.
La agricultura familiar en Brasil ocupaba un área total de 110 millones de hectáreas, equivalentes a 45 por ciento de los 244 millones de hectáreas en manos de grandes propietarios, según el Censo Agropecuario de 1995-1996.
Pero el Valor Bruto de Producción de la agricultura familiar representaba 62,6 por ciento del generado por los grandes propietarios —que sólo cultivan 62 millones de hectáreas—, lo que constituye una ventaja productiva sobre éste.
El nuevo Censo Agropecuario, cuyos resultados se divulgarán en 2008, permitirá evaluar con datos efectivos el impacto de la reforma agraria, su contribución a las economías locales y al desarrollo rural, observó França.
Por ahora, hay "indicadores indirectos" de estudios de varias universidades que identificaron tres resultados comunes a los predios de reforma agraria adjudicados: éstos aumentaron su desempeño con sus nuevos ocupantes, las familias mejoraron su calidad de vida, y su productividad es similar al promedio de la región.
Además, como cada familia genera empleo permanente para unas tres personas e indirectamente para otros dos o tres trabajadores de la cadena productiva, un millón de adjudicatarios representan 5,4 millones de personas con ingresos, subrayó França.
