La organización chiita Al-Houthi intensificó sus ataques contra el ejército de Yemen, para manifestar su oposición a políticas gubernamentales que consideran favorables a Estados Unidos e Israel.
Los combatientes chiitas de la corriente religiosa zaidi, que reúne a un quinto de los 30 millones de habitantes del país, atacaron varios objetivos gubernamentales. Los choques se concentran en la provincia de Saada, al norte de Yemen.
Funcionarios atribuyeron la nueva ola de violencia a la libertad, obtenida mediante una amnistía, de varios miembros de Al-Houthi, que desde hace tres años se enfrentan armas en mano con las fuerzas gubernamentales.
Al-Houthi sostiene que el gobierno, al que consideró "un aliado de los estadounidenses y los judíos", recibió un fuerte respaldo de Washington para introducir medidas antiterroristas.
Abdul-Malik al-Houthi afirmó que su organización había retomado una vieja consigna: "Dios, el más grande, muerte a Estados Unidos e Israel, victoria para el Islam y los musulmanes."
El tiene además un fuerte componente de rivalidad entre diversas comunidades religiosas musulmanas de Yemen, como la chiita zaidita, la salafita y la sunita.
Algunos zaiditas, incluiso, se llaman a sí mismos "sadah", término árabe que significa "pueblo superior que rechaza la autoridad y procura su soberanía".
Los miembros de la familia Al-Houthi se consideran "sadah". Los líderes de esta corriente religiosa cuestionan al gobierno por promover la corriente salafita en la provincia de Saada, bastión histórico del zaidismo en Yemen.
Esa organización quiere a Saada para ellos solos que representan un quinto de los 30 millones de habitantes que tiene el país.
Yemen pidió oficialmente a Libia la extradición del ex parlamentario Yahya al-Houthi, hermano de Hussein Badraddin al-Houthi, combatiente zaidita asesinado en 2004, por su participación en los últimos enfrentamientos violentos en esa provincia.
Yahya al-Houthi abandonó el país en 2005 tras acusar al gobierno de tratar de aniquilar a los miembros de su organización armada.
El ex parlamentario señaló en un comunicado que "los combatientes de Al-Houthi en Saada, bastión de los chiitas zaiditas, conforman un movimiento de resistencia contra la invasión de esa provincia por la secta salafita".
Los tres años de enfrentamientos entre Al-Houthi y las fuerzas del gobierno se cobraron la vida de más de 500 personas entre militares, policías, insurgentes y civiles. Unas 2.000 más sufrido heridas. Fuentes militares avaluaron los daños materiales en 800 millones de dólares.
En la ola de violencia iniciada en diciembre, murieron 95 combatientes de Al-Houthi y 42 militares, según las mismas fuentes.
El gobierno se manifiesta resuelto a aplastar el levantamiento.
"La organización radical Al-Houthi y sus rebeldes quieren instaurar una teocracia islámica. Eso es imposible. Desecharon la oferta de desarmarse y formar un partido político pacífico", dijo a IPS el presidente de la Shura (cámara alta del parlamento), Abdul-Aziz- Abdul-Ghani.
"Por desgracia, los rebeldes perdieron esta vez toda base de sustento para la negociación. ¿Cómo el gobierno va a deliberar con una organización cuyo principal objetivo es derrocarlo?", señaló Ahmed al-Kibsi, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Sana'a.
Con la intención de a aislar a los rebeldes, las autoridades bloquearon las comunicaciones en esta provincia fronteriza con Arabia Saudita, incluidos los servicios de telefonía móvil.
Pero esa iniciativa no ayudó al gobierno. Un grupo de parlamentarios que pretendía negociar con los comandantes de Al-Houthi debió volver a la capital, pues no se pudo comunicar con ellos.
En ese contexto, es imposible brindar asistencia humanitaria en la provincia.
Los enfrentamientos en Saada podrían tener consecuencias negativas en el ámbito nacional, según Khalid al-Anisi, director ejecutivo de la no gubernamental Organización Nacional para la Defensa de los Derechos y las Libertades.
"Muchas viviendas fueron destruidas. Las escuelas se vacían, las granjas están dañadas y el trabajo está paralizado", añadió.
Los seguidores de Al-Houthi amenazaron con ampliar la lucha a otras provincias, mientras el gobierno anunció estar aplastando a la insurgencia.
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional exhortó desde su sede en Londres al presidente Ali Abdullah Saleh a tomar todas las medidas necesarias de acuerdo con el derecho internacional para proteger a los habitantes de Saada.
Amnistía señaló que es imposible evaluar la situación de los derechos humanos en esa provincia porque todas las comunicaciones fueron interrumpidas y los periodistas no pueden ingresar en ella. (FIN/IPS/traen-vf-mj/ns/ss/mm hd ip cr/07)
