Activistas de derechos humanos reclaman a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que suspenda a Kenia por considerar que su gobierno se resiste a reformar sus arcaicas leyes laborales.
La no gubernamental Comisión Keniata de Derechos Humanos reiteró en los últimos días la solicitud elevada a la OIT en diciembre, según la cual derechos consagrados por la constitución en materia de empleo, salud y accidentes de trabajo carecen de salvaguarda legal.
Un panel oficial recomendó en 2004 cambios en las leyes laborales que contemplaran la seguridad y la salud en talleres y fábricas, indemnizaciones por accidentes de trabajo, el acoso sexual, la discriminación y cuestiones salariales.
Según la Comisión de Derechos Humanos, se ha hecho muy poco para implementar esas recomendaciones.
Esta organización no gubernamental manifestó su desagrado por el retraso en ese sentido, que es aprovechado por los patronos para sacar su tajada.
"Esta tardanza es anómala. Mientras, el repugnante marco de trabajo heredado del opresivo régimen colonial continúa siendo escenario de violaciones masivas de derechos humanos", indica la carta enviada por la institución a la OIT, a la que IPS tuvo acceso.
"De hecho, la no renovación de las leyes sobre relaciones laborales, salud ocupacional, seguridad y beneficios por accidentes de trabajo llevan a Kenia a estar en contravención con el artículo 22 de la constitución de la OIT, que la obliga a dar efecto a las cláusulas de las convenciones de las que es parte", agrega.
El artículo 22 obliga a los países miembros de la OIT a poner regularmente en conocimiento de la OIT las medidas tomadas para asegurar la vigencia de las convenciones que han ratificado.
"La Comisión de Derechos Humanos recomienda que se suspenda la membresía de Kenia a la OIT por no estar a tono con las convenciones de las que es parte. También proponemos que se le impida participar en la próxima Asamblea General" de la organización, que se celebrará en junio, indica la carta.
El documento fue remitido con copia a la Fiscalía General, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo de Recursos Humanos y a diversos sindicatos en Kenia.
La OIT aún no respondió a la carta.
El subdirector de la Comisión de Derechos Humanos, Steve Ouma, dijo a IPS que la carta debería obligar al gobierno a tomar acciones urgentes.
Funcionarios keniatas confirmaron que el gobierno ha trabajado en la reforma de las leyes laborales.
Las recomendaciones fueron incorporadas a cinco proyectos de ley presentadas al gabinete, que las aprobó la semana pasada, según el comisionado adjunto de Trabajo del Ministerio respectivo, Isaiah Kirigua.
Los proyectos serán publicados en breve para abrir el debate parlamentario. "Todos coincidimos en que éste es un año difícil" por la proximidad de las elecciones, indicó Kirigua.
"Pero queremos que los legisladores tomen en cuenta la urgencia. Si logramos aprobarlas antes de fin de año, todos estaremos muy satisfechos", agregó.
La presión sobre el gobierno aumentó desde la publicación de un nuevo informe sobre el impacto de las inversiones extranjeras en la situación de los derechos humanos en Kenia.
El estudio, realizado por la Comisión Keniata de Derechos Humanos y la Federación Internacional de Derechos Humanos, se basó sobre visitas de investigadores en diciembre pasado a firmas agrícolas y de procesamiento de exportaciones, sectores ambos que dominan las inversiones extranjeras.
Los investigadores dedujeron que el gobierno se concentra mucho más en la recepción de inversiones que en los derechos de los trabajadores, situación que, según ellos, se perpetúa por las arcaicas leyes laborales y los incentivos fiscales.
Las empresas extranjeras que radican inversiones en Kenia pueden gozar de exenciones fiscales durante 10 años y un impuesto único de 25 por ciento sobre la facturación de exportaciones para el siguiente decenio.
Estas ventajas, según los expertos, no necesariamente se traducen en beneficios para los trabajadores.
"Las condiciones de trabajo en las zonas de procesamiento de exportaciones no han mejorado. Aún se aprecian largas jornadas laborales, falta de beneficios sociales, de licencia por maternidad y acoso sexual", indica el estudio.
Los trabajadores en esas instalaciones son mantenidos durante años como eventuales, sin derecho a ingresar a la plantilla como empleados permanentes, según el estudio.
La Comisión de Derechos Humanos publicó en 2004 el informe "La manufactura de la pobreza: La historia no contada sobre las zonas de procesamiento de exportaciones en Kenia", en que ya se detallaban la situación.
Tres años después, poco parece haber cambiado, a pesar de que el portavoz de las zonas francas, Jonathan Chifallu, insistió en que los salarios en las empresas allí radicadas "son entre 20 y 25 por ciento superiores" a los del resto de Kenia.
Pero Jane, una obrera en una fábrica extranjera que solicitó el anonimato por razones de seguridad, aseguró que trabaja "12 horas sin parar, sin descanso", y que gana por eso unos 71 dólares al mes.
"La mayoría de las mujeres han debido hacerle favores sexuales a los empleadores para conservar un empleo que necesitan desesperadamente", concluyó.
