En medio de fuertes debates en Estados Unidos sobre la ocupación de Iraq y el daño perpetrado por la humanidad al hábitat terrestre, parece poco probable que la propuesta de crear una biblioteca presidencial desate muchas pasiones.
La iniciativa de la biblioteca surge cuando arrecia la discusión en el Senado por la decisión del gobierno de George W. Bush de enviar otros 21.000 soldados a Iraq y el país conoce el informe presentado el 2 de este mes en París por el Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que atribuye el recalentamiento global a la actividad humana.
La biblioteca en cuestión, que es algo más que apenas otro depósito de documentos del gobierno de Bush, será destinada al campus de la Universidad Metodista Meridional, ubicada en la meridional ciudad de Dallas y de donde la primera dama Laura Bush es ex alumna e integrante del consejo administrativo.
Además de la biblioteca, a la que podrían acudir interesados de todas las filiaciones políticas para realizar investigaciones, los partidarios de Bush proponen una entidad separada llamada Instituto para la Democracia, que sería dirigido por la fundación del presidente en vez de la universidad, y donde se les pagaría a ideólogos conservadores para promover la filosofía de Bush.
A fines del año pasado, el New York Daily News informó que "los recaudadores de fondos de Bush esperan conseguir la mitad de los 500 millones (necesarios para construir el proyecto) a partir de lo que ellos llaman 'megadonaciones' de entre 10 millones y 20 millones de dólares".
Aunque las bibliotecas presidenciales, que son una tradición en Estados Unidos, están bajo la órbita de la Administración Nacional de Archivos y Registros, el costo de construir el proyecto debe ser cubierto con donaciones de privados.
Por ejemplo, contribuyentes con la biblioteca del presidente George Bush (1989-1993, padre del actual mandatario), ubicada en el campus de la Universidad A&M de Texas, en College Station, incluyeron a un jeque de Emiratos Árabes Unidos que aportó por lo menos un millón de dólares; al estado de Kuwait, a la familia Bandar bin Sultan, al sultanato de Omán, al rey Hassan II de Marruecos, al emir de Qatar y al ex primer ministro coreano, según informe de The Associated Press.
China, por su parte, donó decenas de miles de dólares, y también aportó fondos el vicepresidente Dick Cheney y Kenneth Lay, ex presidente de la Corporación Enron, protagonista del mayor escándalo financiero de los últimos tiempos en este país y ahora en la ruina.
La Universidad Metodista Meridional, que compitió por el proyecto del actual presidente con sus iguales de Baylor y de Dallas, pareció haber despejado el obstáculo final ganando una batalla judicial que le concedió el derecho a demoler un complejo edilicio que esa entidad había comprado para usar en parte del proyecto de Bush.
El lugar fue comprado con 35 millones de dólares donados por Ray L. Hunt, miembro del consejo universitario e hijo del magnate petrolero H. L. Hunt.
Luego llegó otro obstáculo inesperado: facultades, administradores, personal en general, ex alumnos de la Universidad y distinguidos miembros de la Iglesia Metodista comenzaron a cuestionar lo apropiado de la biblioteca y su adjunta organización de expertos conservadores.
La lucha en torno a la construcción de la biblioteca y la creación del grupo de expertos pasó por varias etapas.
A mediados de enero, los críticos lanzaron una campaña de peticiones en Internet expresando su total oposición al proyecto. "Hasta ahora tuvimos mucho apoyo para nuestra campaña", dijo a IPS el reverendo Andrew Weaver, un pastor de Nueva York que se graduó de la Escuela Perkins de Teología de la Universidad Metodista Meridional.
"Desde que comenzó, la campaña de peticiones recabó más de 10.000 firmas, incluyendo a 9.000 metodistas unidos y a unos 600 clérigos de todo Estados Unidos y Canadá", agregó.
"Lo que impulsa nuestra campaña de peticiones (en contra) son las políticas del gobierno de Bush relativas a la tortura de prisioneros en custodia de militares", explicó Weaver, quien también es psicólogo investigador.
Weaver añadió que "19 de los prisioneros fueron torturados hasta la muerte, una política que está completamente en contra de las enseñanzas metodistas. Ese método de interrogación va en contra de nuestra fe; no queremos que nuestra universidad preste su buen nombre a un presidente que la autorizó".
Otros críticos universitarios sostienen que, aunque se oponen a las políticas de Bush, "ellos no objetarían un archivo y un museo orientados hacia una biblioteca", informó Inside Higher Ed.
"Pero crear un centro académico con un objetivo específico de impulsar la imagen y la agenda de Bush es considerado por muchos profesores como antiético para los valores académicos de una universidad", agregó.
A comienzos de este mes, Andy Hemming, un estudiante de la Universidad Metodista Meridional y director ejecutivo de Jóvenes Conservadores de Texas, de la misma institución, informó en el sitio en Internet de la Biblioteca Bush que una campaña de peticiones en apoyo al proyecto entero había reunido unas 500 firmas, mayormente de estudiantes.
En los últimos días, el debate se amplió aún más, para incluir una demanda de oponentes en cuanto a que la universidad rechazaba la biblioteca presidencial a menos que el gobierno de Bush revirtiera una orden ejecutiva que daba a los ex presidentes y sus herederos el derecho a mantener en secreto documentos de la Casa Blanca en perpetuidad.
Esa orden había sido emitida unas siete semanas después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 que dejaron 3.000 muertos en Nueva York y Washington.
La orden ejecutiva del presidente disparó una demanda que todavía está pendiente.
"Si la gente de Bush va a jugar con los registros, ninguna institución académica que se respete a sí misma debería cooperar", manifestó Steven Aftergood, director del Proyecto sobre Secreto Gubernamental en la Federación de Científicos Estadounidenses.
"Les guste o no, se han convertido en un actor de ese debate", dijo Mark Greene, presidente electo de los archivistas y director del Centro del Patrimonio Estadounidense de la Universidad de Wyoming.
"No hubo ninguna indicación del gobierno de Bush de que hayan repensado de algún modo la orden ejecutiva, y esperamos que estas negociaciones brinden un posible punto de apoyo", añadió.
El vicepresidente de la Universidad Metodista Meridional, Brad Cheves, dijo que no era realista "esperar que una universidad consiga una orden ejecutiva firmada La política pública debería ser debatida en la plaza pública y en los pasillos del Congreso" legislativo.
Emily Lawrimore, portavoz de Bush, alegó que los Archivos Nacionales ya habían difundido dos millones de páginas desde que se extendió la orden ejecutiva. "El presidente Bush emitió esta orden para asegurarse de que tengamos un sistema disciplinado que aliente a la revelación pública y también respete a las autoridades ejecutivas elegidas constitucionalmente".
La noticia de la biblioteca de Bush también llegó al circuito de los programas periodísticos nocturnos. Destacando que el equipo del presidente aspiraba a recaudar 500 millones de dólares para el proyecto, Conan O'Brien, de la cadena NBC, bromeó que esto "resultaría en 100 millones de dólares por libro".
Otros conductores de programas de entrevistas, analistas políticos y comediantes sin dudas hallarán humor, ironía e indignación en este proyecto.
Dados los antecedentes de los partidarios del presidente, hay pocas dudas de que el dinero sea recolectado. Lo que está por verse es si los oponentes pueden impedir que "la torre de Bush" sea en el campus de la Universidad Metodista Meridional.
* Bill Berkowitz es un conocido observador del movimiento conservador estadounidense. Publica periódicamente la columna "Conservative Watch" en la revista electrónica WorkingForChange.org.
