La Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó este viernes, por 246 votos a 182, el pedido del presidente George W. Bush de sumar unos 30.000 soldados a los 140.000 ya desplegados en Iraq.
La deliberación al respecto insumió 48 horas de sesión en los últimos cuatro días. Se trata del primer pronunciamiento del Congreso legislativo sobre la política de Bush en Iraq desde que los demócratas se alzaron con la mayoría del Congreso tras las elecciones de noviembre.
Los representantes esgrimieron encuestas según las cuales dos de cada tres entrevistados estadounidenses se oponían al plan de Bush. Los demócratas ya preparan condiciones y restricciones para atacar la propuesta presidencial, pero con efectos prácticos.
De ser aprobadas, será mucho más difícil para el Poder Ejecutivo elevar el número de soldados hoy en Iraq.
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Se prevé que el Senado estadounidense se reúna este sábado, un día muy inusual para una sesión legislativa en este país, con el fin de aprobar una resolución similar a la de este viernes en la Cámara Baja.
Aunque una mayoría clara de senadores —entre ellos, según varios informes periodísticos, al menos 12 republicanos— se oponen al plan de Bush, es muy posible que los más leales a la Casa Blanca usen chicanas de procedimiento para retrasar la votación.
El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Read, tendrá que concitar la voluntad de 60 de sus pares, entre los que deberán figurar al menos 11 republicanos, para impedir esos retrasos, lo cual no logró hace apenas una semana, cuando en su cámara se puso a consideración un proyecto mucho más detallado.
Pero desde entonces se conocieron varias encuestas según las cuales el público estadounidense acusaba a los legisladores republicanos de bloquear, contra la voluntad de sus votantes, una resolución contra el plan de Bush.
Reid confía en que ahora sí le será posible obtener el voto de suficientes republicanos, en especial aquellos que tuvieron dificultades en lograr la reelección en las elecciones de noviembre.
"Este es un proceso en el que vamos paso a paso para presionar al presidente y a sus correligionarios republicanos en la Cámara de Representantes y en el Senado con el fin de obligarlos a hacer lo que el pueblo estadounidense desea", dijo el senador demócrata Chuck Schumer.
La resolución aprobada este viernes es de carácter declarativo y no obliga al presidente Bush a nada, pero marca un repudio sin precedentes a su política, que nunca debió soportar un desafío serio en el periodo en que los republicanos concentraban la mayoría en ambas cámaras del Congreso legislativo.
El triunfo demócrata en las elecciones legislativas de mitad de periodo en noviembre, combinado con las incesantes malas noticias procedentes de Iraq, modificaron radicalmente el paisaje político.
Los demócratas, que, según las encuestas, le deben la victoria al desencanto de la ciudadanía con la guerra más que a ningún otro factor, actuaron con mayor agresividad de la que muchos analistas preveían.
La votación de la Cámara de Representantes marcó el primer paso en ese proceso. "El Congreso debe ejercer ahora su responsabilidad constitucional e imponer condiciones al financiamiento" de la guerra, opinó el analista Jim Cason, de la organización antibélica Comité de Amigos sobre Legislación Nacional.
"Una nueva política debe acompañar las nuevas fuentes de financiamiento", sostuvo Cason.
Un abanderado de esa postura es el representante John Murtha, un condecorado veterano de la infantería de marina que goza de estrechos vínculos con militares en actividad.
Murtha era uno de los demócratas conservadores que apoyaban la guerra en Iraq, pero rompió filas con el gobierno a fines de 2005, cuando comenzó a exigir una rápida retirada de las tropas de ese país del golfo Pérsico o Arábigo.
El legislador aseguró que usará toda su influencia para lograr la aprobación de condicionamientos al financiamiento del esfuerzo bélico. Eso le dificultará a Bush añadir soldados al contingente apostado en Iraq.
"El gobierno sabe que de ese modo no podrá elevar las tropas en Iraq. No lo podrá sostener si la Cámara de Representantes y el Senado aprueban estas restricciones. El presidente siempre podrá vetarlas, pero entonces no tendría dinero" para financiar la guerra, explicó Murtha.
El legislador anunció que también pretende el cierre de la prisión de supuestos terroristas en la base naval estadounidense en Guantánamo, Cuba, prohibir cualquier gasto en la instalación de bases militares permanentes en Iraq e impedir un ataque contra Irán sin aprobación del Congreso.
Mientras, en el Senado, el presidente del Comité de Relaciones Internacionales, Joseph Biden, propone leyes que anulen la resolución que en 2002 autorizó a Bush a atacar Iraq, y que redefinirían la misión de las tropas allí apostadas.
"Necesitamos un cambio radical en Iraq. Si el presidente no actúa, el Congreso deberá hacer el intento", sostuvo el senador republicano.
Otro factor que influyó en el cambio entre los legisladores fueron las recomendaciones del Grupo de Estudio sobre Iraq, que creó el propio Congreso y que copresidieron una destacada figura del Partido Republicano, el ex secretario de Estado (canciller) James Baker, y otra del Demócrata, el ex representante Lee Hamilton.
El Grupo propuso en diciembre un repliegue gradual de la mayoría de las tropas de combate estadounidenses hoy en Iraq para los próximos 14 meses y una intensificación de los esfuerzos diplomáticos para que Irán y Siria, entre otros países vecinos, se comprometan en la estabilización de Iráq.
Pero Bush rechazó esas recomendaciones, no en las palabras de encomio al Grupo pero sí en sus acciones, lo que colmó la paciencia de correligionarios clave como el senador John Warner, otro legislador con contactos permanentes con militares en actividad. (FIN/IPS/traen-mj/jl/ks/na mm ip ik sp/07)
