El mismo día en que Granada cumplió 33 años de vida independiente, 13 condenados por el asesinato en 1983 del entonces primer ministro Maurice Bishop recibieron desde Londres, la antigua metrópoli colonial, guiños de una anhelada libertad.
El miércoles 7 marcó un giro en sus demandas por librarse primero del cadalso y luego de la cárcel, en la que se encuentran desde hace 23 años por la muerte del primer jefe de gobierno izquierdista de Granada y de varios de sus colaboradores en el golpe de Estado de octubre de 1983.
Su libertad podría concretarse por la intervención de un órgano judicial con sede en Londres y jurisdicción sobre ex colonias británicas. Granada no es el único país caribeño que lo considera un remanente del viejo Imperio Británico y que pretende reemplazarlo con un alto tribunal regional.
El británico Comité Judicial del Consejo Privado del Rey declaró el miércoles que las 13 condenas a muerte no eran válidas y ordenó un nuevo juicio para los acusados.
Entre los favorecidos figuran el segundo de Bishop en el momento del asesinato, el ex viceprimer ministro Bernard Coard, y el jefe del entonces Ejército Revolucionario Popular, Hudson Austin.
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La Fiscalía General y la secretaría legal del gabinete de Granada indicaron este jueves que habrá una nueva sentencia para los condenados, de acuerdo con el dictamen del Comité Judicial del Consejo Privado, pero anunciaron que ninguno de los presos sería liberado.
El abogado defensor del grupo, Keith Scotland, de Trinidad y Tobago, anunció que viajaría a Granada de inmediato para discutir las novedades con sus clientes y que exigirá a los tribunales granadinos una fecha para dar a conocer la nueva sentencia.
"Estoy totalmente gratificado. Siento que dimos un paso en la dirección correcta y que se hizo justicia en este caso", dijo Scotland a la prensa.
"El Consejo Privado reivindicó nuestra posición, que desde el inicio fue que cualquier paso debería ser dado por un tribunal competente e imparcial", agregó.
Ya el 15 de agosto de 1991, el gobernador general de Granada (representante de la jefatura de Estado en Granada, aún hoy a cargo de la reina Isabel de Inglaterra) había conmutado las condenas a muerte a cadena perpetua, con la condición de que los acusados permanecieran presos y "con trabajos duros por el resto de su vida natural".
Ahora, en su fallo de 12 páginas, los cinco miembros de la Cámara de los Lores (cámara alta parlamentaria británica) que integran el Comité Judicial del Consejo Privado sentenciaron que la condena a muerte carecía de validez y que el gobernador general carecía de facultades legales para enmendar el fallo original.
"La validez de la sentencia a cadena perpetua" determinada por la conmutación "depende de la validez de la condena a muerte" original, advirtió el órgano judicial.
"En ausencia de tal sentencia, el gobernador general no tiene potestades para ordenar que los apelantes sean encarcelados de por vida, y, por lo tanto, los apelantes continúan detenidos sin autoridad legítima", fallaron.
Austin, Coard, su esposa Phylis y otras 14 personas fueron condenadas a la pena capital por el asesinato de Bishop y de otros miembros del gobierno izquierdista en octubre de 1983.
La matanza había puesto fin a un gobierno izquierdista pero no democrático. Bishop asumió la jefatura de gobierno tras derrocar a Eric Gairy, en el primer golpe de la historia del Caribe angloparlante.
En diciembre pasado, tres de los condenados fueron liberados tras pasar 23 años en prisión. Phyllis Coard, enferma de cáncer, salió de la cárcel por razones humanitarias hace dos pero su condena sigue firme.
La defensa de los golpistas argumentó ante el Consejo Privado del monarca que la imposición de la pena de muerte era inconstitucional. En su fallo, el Consejo señaló que el Estado granadino no impugnó ese punto.
Los lores británicos señalaron varios casos que involucraban a otros estados caribeños con constituciones similares a la de Granada y concluyeron que la sentencia era inconstitucional en 1986, cuando la justicia granadina la aprobó.
"Desde la entrada en vigor de la Constitución, en 1974, que la pena capital por asesinato es discrecional. Un culpable de asesinato puede ser condenado a muerte", pero esa condena también se le puede conmutar "por una sentencia menor. El juez no ejerció esta discreción y, por lo tanto, la sentencia fue ilegítima", indica el fallo.
"En Granada parece no haber un mecanismo adecuado" para que los condenados apelaran, por lo que "la única perspectiva de revisión de las sentencias es la prerrogativa real de la piedad, que depende enteramente de la discreción ejecutiva", agrega.
Además, el Consejo Privado también recordó que las normas penales ordenan revisiones periódicas de las cadenas perpetuas (una a los 12 meses de la sentencia y las siguientes cada cuatro años), lo que, a su entender, no se cumplió en el caso de los apelantes.
En su fallo, el Consejo Privado admitió que "la cuestión del destino de los apelantes está tan cargada políticamente que es poco razonable esperar objetividad de cualquier gobierno de Granada, incluso 23 años después de los trágicos acontecimientos de octubre de 1983".
