El gobierno de la presidenta Michelle Bachelet parece decidido a desarrollar la industria de los biocombustibles para diversificar las fuentes energéticas de Chile, pese a las dudas que han surgido sobre su conveniencia.
En julio de 2006, el gobierno chileno anunció su intención de impulsar la producción nacional de biocombustibles para avanzar en la independencia energética de este país austral, que actualmente importa 72 por ciento de los combustibles que consume, en forma de petróleo, gas y carbón.
En este contexto de alta dependencia extranjera, la decisión de Argentina de restringir sus exportaciones de gas natural a Chile —con recortes que comenzaron en 2004— y de elevar el precio del hidrocarburo, fue determinante en la apuesta por otras fuentes de energía.
Con miras a elaborar una política sobre biocombustibles —de origen vegetal, renovables y menos contaminantes que los hidrocarburos—, el gobierno de Bachelet formó el año pasado una comisión interministerial y otra asesora de carácter público-privada, en la cual participaron organismos del Estado, empresas, académicos, pequeños agricultores y ambientalistas.
El 19 de enero, esa comisión asesora dio a conocer un informe con numerosas recomendaciones, incluido un requisito básico para hacer viable esta industria: eximir de impuestos específicos a los biocombustibles y establecer la obligatoriedad de su consumo para asegurar la demanda.
[related_articles]
"Para muchos países, especialmente de climas templados (como Chile), podría ser más costo-efectivo (rentable) continuar usando combustibles fósiles o bien importar biocombustibles desde los países que pueden producirlos más competitivamente", sugiere el documento.
Pero ya han aparecido voces disidentes. Jorge Rodríguez Grossi, el ex ministro de Economía del gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), criticó la medida propuesta de obligar al consumo de biodiésel o de etanol.
"Soy contrario a cualquier obligación, por principio. Y de verdad no me interesa incorporar en estas condiciones a los biocombustibles a la matriz energética. Eso sólo me parece bien si se vuelve económico hacerlo", declaró Grossi al diario electrónico El Mostrador.
Los biocombustibles —entre los cuales se destacan el biodiésel y el etanol— se producen a partir de materias primas agrícolas o forestales como caña de azúcar, remolacha, maíz, plantas herbáceas, semillas oleaginosas (como el raps), desechos agrícolas, residuos forestales y estiércol.
Según estimaciones preliminares del gobierno, existen 170.000 hectáreas susceptibles de ser cultivadas para la producción de biodiésel y etanol.
Tanto la no gubernamental Fundación Sociedades Sustentables (FSS) como el Movimiento Unitario Campesino y de Etnias de Chile (Mucech), integrantes de la comisión asesora, creen que se partirá con biodiésel de raps y que a mediano plazo se optará por combustibles lignocelulósicos (residuos agrícolas, madera y semejantes).
"Todos los participantes en la comisión pública-privada estuvieron de acuerdo en el desarrollo de los biocombustibles", pero con sus respectivos reparos, dijo a IPS la directora de la FSS, María Isabel Manzur, categórica en cuanto a que su institución apoyará la producción nacional de biodiésel o etanol únicamente si se realiza en forma sustentable.
"Nosotros creemos que los biocombustibles no deben amenazar la producción alimentaria del país. También nos preocupa que las plantaciones sustituyan al bosque nativo y que se concentre excesivamente la (propiedad de la) tierra, desplazando a los trabajadores. Además hay que prevenir el estrés hídrico y es imprescindible que la producción de biocombustibles sea para autoconsumo y no para exportación", puntualizó la ecologista.
Los ambientalistas temen que los agricultores abandonen plantaciones de alimentos, y opten por los monocultivos para la industria de biocombustibles. Por esta misma razón, proponen que la eventual producción de etanol o biodiésel se limite al consumo nacional y se descarte la venta al extranjero.
Según Manzur, se debe evitar que grandes compañías adquieran excesivas extensiones de terreno para ingresar al negocio de los biocombustibles, como una forma de proteger a los pequeños agricultores. Asimismo, es necesario poner atención a la disponibilidad de agua para ampliar el número de hectáreas agrícolas, opina la FSS.
En varios estudios, el gobierno ha analizado la factibilidad de elaborar etanol (alcohol carburante) con trigo, avena, maíz, papa y remolacha, y biodiésel a partir de oleaginosas nativas (como maravilla y raps) y grasa animal. También se consideró utilizar la madera nativa —hoy subutilizada— para producir bioenergía.
Otra de las inquietudes de la FSS es el "paquete tecnológico" asociado a los biocombustibles. Le inquieta principalmente la presión que ejercen algunos sectores productivos por introducir especies transgénicas (modificadas mediante la introducción de genes de otras especies vegetales o animales) como materia prima.
No obstante, el informe expresa claramente que "considerando que Chile no tiene una definición nacional que autorice el uso de cultivos transgénicos con fines comerciales internos, en general, no es conveniente asociarlos al desarrollo de los biocombustibles en particular; ni son tampoco éstos los llamados a resolver este tema".
En tanto, el director nacional del Mucech, Omar Jofré, dijo a IPS estar "esperanzado" las perspectivas que se abrirán a los pequeños productores rurales que se vinculen a la industria de los biocombustibles. Jofré recordó que la agricultura familiar campesina controla 85 por ciento de las unidades productivas del país. En total, 278.000 familias —1,2 millones de personas— dependen de ella.
"Si participamos de este negocio, creemos que aumentarán los ingresos (de los pequeños productores agrícolas), mejorará nuestra calidad de vida, tendremos acceso a tecnología, y habrá mayor desarrollo regional", indicó Jofré.
Pero todo ello requiere "garantizar la participación inclusiva de todos los actores" involucrados: productores, trabajadores, transportistas, procesadores, comercializadores y consumidores, puntualizó..
El informe recoge la postura del Mucech y de otras entidades en cuanto a que los incentivos y subsidios son requisitos indispensables para elaborar biocombustibles en Chile, tal como ha sucedido en países como Brasil.
El informe especifica que "con los impuestos vigentes y los actuales costos de materia prima, el biodiésel tendría un precio competitivo con el diésel considerando el petróleo en torno a los 72 dólares por barril, y asumiendo que el biodiésel no está afectado por los impuestos específicos".
Pese al optimista escenario creado, a la representante de la FSS le llama la atención que el gobierno haya decidido apostar por esta fuente energética sin tener todos los elementos posibles claramente expuestos.
En materia de contaminación atmosférica, por ejemplo, la gubernamental Comisión Nacional del Medio Ambiente apenas está elaborando un estudio que determinará si los biocombustibles efectivamente ayudarán a resolver el grave problema de contaminación de la capital.
De momento, el informe de la comisión asesora es examinado por la presidenta Bachelet, quien definirá los pasos a seguir al respecto, según dijo el ministro de Agricultura, Álvaro Rojas.
Sin embargo, Rojas dio algunas luces: "Creemos que en el año 2010 los vehículos van a usar algún grado de combustible proveniente de la agricultura. Mi meta es que seamos capaces de abastecerlos en un cinco por ciento con biodiésel", declaró. Será el mercado el que definirá si es más conveniente el biodiésel o el etanol, agregó.
Para el biodiésel, por ejemplo, se sugiere una mezcla inicial de dos por ciento con el combustible de origen fósil, la cual se podría incrementar en tramos de 1,5 por ciento. De acuerdo con las estimaciones efectuadas por el gubernamental Consejo Nacional de Energía, el consumo de gasolina y diésel en 2010 alcanzaría unos 3,3 y 7,6 millones de metros cúbicos, respectivamente.
Entre tanto, la comisión pública-privada sembró la duda sobre el futuro de esta fuente, al plantear que "una pregunta clave para elaborar una política nacional de biocombustibles es: ¿cuánto se está dispuesto a pagar para lograr los beneficios percibidos de los biocombustibles?"