Con 24 años ya es madre de tres hijos: el primero lo tuvo a los 14 años, el segundo a los 20, y al tercero, parido hace unas semanas, lo dio en adopción. Su historia refleja la realidad de la maternidad precoz en Chile, cuya proporción preocupa a autoridades y expertos.
No quiere revelar su nombre, por eso la llamaremos Claudia, pero sí aceptó compartir su historia, en la que se repiten algunos de los problemas padecidos por su familia de origen: pobreza, violencia intrafamiliar y abuso de alcohol por parte de los varones.
"Desde que tenía 10 años he trabajado duramente, estudiando en las noches. En mi casa había problemas económicos, alcoholismo y maltrato físico de parte de mi papá hacia mi mamá". Así comienza su relato esta joven chilena, cuyos hijos son de tres padres diferentes.
"El papá de mi hija mayor me abandonó luego de maltratarme físicamente por un año y medio. Él fumaba pasta base (un derivado de la cocaína) y era bueno para tomar (alcohol). Me obligó a consumir droga durante el embarazo y en los primeros cinco meses de vida de mi (hija) pequeñita". Es decir, en la época de lactancia.
Claudia guarda buenos recuerdos del progenitor de su segundo hijo, quien sí asumió la responsabilidad paterna. En cambio, el padre de su tercer bebé, un hombre casado, la abandonó cuando se enteró de la noticia.
[related_articles]
Considerando que no contaba con las condiciones económicas ni familiares que requería su tercer hijo, Claudia decidió darle la oportunidad entregándolo a la Fundación San José para la Adopción, una institución privada sin fines de lucro, que actúa bajo el clero de la Iglesia Católica.
Al igual que ella, más de 30.000 chilenas de entre 15 y 19 años se convierten en madres cada año, según cifras del Ministerio de Salud.
Entre 1990 y 2003 el porcentaje de nacidos vivos de madres adolescentes con respecto al total de nacimientos pasó de 13,8 por ciento a 14,9 por ciento, con un record de 16,2 por ciento en 1998.
La realidad de Chile es similar a la de la mayoría de los países de América Latina y el Caribe —con excepción de Belice, Guatemala, Nicaragua y Paraguay—, donde la tasa de maternidad adolescente se ha mantenido alta y muestra propensión al aumento, mientras que el indicador global de fecundidad ha bajado progresivamente desde los años 70, sobre todo debido al uso de anticonceptivos.
De acuerdo a las proyecciones para 2007 realizadas por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DESA) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la tasa de fecundidad mundial será en promedio este año de 2,55 hijos por mujer, y la regional de 2,38.
Pero los guarismos se revierten al revisar la maternidad precoz, fenómeno para el que se prevé una media global de 52,9 embarazos por cada 1.000 adolescentes, y de 75,68 para América Latina y el Caribe.
"La resistencia a disminuir la reproducción en la adolescencia desconcierta, preocupa y desafía", señalan expertos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en un boletín sobre el tema publicado en enero.
"La maternidad adolescente es un grave problema en América Latina y el Caribe, por cuanto no desciende, presenta un alto porcentaje de casos no deseados, involucra mayores riesgos de salud reproductiva que en otras edades mayores, y coloca a las madres adolescentes en una perspectiva de exclusión social a lo largo de la vida, pues la mayoría son pobres, con poca educación, madres solteras y sin pareja", sintetiza el documento.
Las mujeres menores de 18 años que dan a luz tienen mayores probabilidades de sufrir complicaciones en el embarazo, parto y posparto, entre las cuales se destaca la hipertensión arterial, eclampsia, anemia y distocia por desproporción céfalo-pelviana, causantes de mortalidad materna.
También hay mayor riesgo de mortalidad infantil. En 2003, en Chile fallecieron 17 de los 994 hijos de madres menores de 15 años (1,7 por ciento) y 335 de los 33.838 hijos de madres de 15 a 19 años (uno por ciento).
Por consiguiente, la maternidad adolescente amenaza el logro de algunos de los Objetivos de Desarrollo de la ONU para el Milenio (ODM) —acordados en septiembre de 2000— particularmente las metas de reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna y la mortalidad de los niños y niñas menores de cinco años, así como aminorar la pobreza y alcanzar la educación primaria universal.
La disminución de la edad de iniciación sexual y el bajo ritmo de adopción de los métodos anticonceptivos por parte de las y los jóvenes, son algunas de las razones que explican la divergencia de las tendencias entre la tasa global de fecundidad y la maternidad precoz en la región, explica el informe.
Según la Cuarta Encuesta Nacional de Juventud, realizada en 2003, el promedio de edad de inicio en el sexo coital en Chile es 17 años en las mujeres y 16 en los hombres. Esta medición también reveló que 41 por ciento de los jóvenes entre 15 a 18 años usaron métodos de anticoncepción en la primera relación y 58 por ciento lo hicieron en la última.
Alejandra Baeza, chilena de 19 años que tuvo a su hijo a los 14, quedó embarazada en su primera relación sexual. "Fue un descuido. Ni yo ni mi pareja nos cuidábamos con ningún método anticonceptivo. No se nos pasó por la mente tomar ni usar algo", comentó a IPS.
El director del Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente (Cemera) de la estatal Universidad de Chile, Ramiro Molina, explicó a IPS que está comprobado internacionalmente que son tres los pilares que sustentan una efectiva política de prevención del embarazo adolescente.
Estos son: la existencia de un programa de educación sexual que involucre a toda la comunidad escolar (jóvenes, profesores y padres), la habilitación de lugares de atención personalizada y confidencial de adolescentes en los centros de salud, y el acceso directo a los métodos anticonceptivos disponibles.
Según su experiencia, Chile estaría lejos aún de contar con este "trípode". A su juicio, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet tiene buenas intenciones y dio un importante paso al establecer nuevas normas en materia de fecundidad, pero le falta avanzar en algunos temas clave.
En septiembre de 2006, el Ministerio de Salud divulgó las nuevas Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad, que incluyen un programa de anticoncepción de emergencia para adolescentes muy controvertido pero también muy valorado por los expertos de la Cepal y Unicef.
De acuerdo con esta normativa, los servicios públicos de salud están autorizados a recetar y entregar gratuitamente anticonceptivos tradicionales y de emergencia a las mujeres mayores de 14 años que los soliciten, sin necesidad del consentimiento de sus padres.
Para Molina, se trata de un logro en materia de derechos sexuales y reproductivos, pero infructuoso si los centros de salud no disponen de espacios para la atención de los adolescentes, como sucede actualmente.
Además, asegura que el impacto de la píldora del día después en la prevención de los embarazos adolescentes es ínfima, dado que sólo se recomienda en los casos en que falló el uso del condón, o en caso de violación.
Para Molina, es más importante la educación sexual, pero critica la política seguida en este ámbito por los cuatro gobiernos de la Concertación Democrática —coalición de centroizquierda que gobierna Chile desde 1990— por considerar que se basa en acertados diagnósticos y ambiciosas metas, pero no en acciones concretas.
El Plan de Educación en Sexualidad y Afectividad (2005-2010), lanzado por el Ministerio de Educación en 2005, incluye la capacitación de estudiantes y profesores, apoyo a iniciativas en curso en establecimientos educativos y municipios, mesas de trabajo con responsables de medios de comunicación, e instauración de mecanismos de evaluación de resultados.
Pero el director de Cemera cree que se trata de un nuevo "proyecto piloto" que no aprovecha la experiencia y los métodos desarrollados y probados desde hace décadas por universidades y organizaciones no gubernamentales.
La entrega de la píldora del día después generó polémica entre los sectores más conservadores del país, entre ellos la Iglesia Católica y el partido de ultraderecha Unión Demócrata Independiente (UDI), para los que el fármaco es abortivo y deben ser los padres los encargados de la educación sexual y afectiva de sus hijos.
Algunos de los alcaldes de ese sector incluso presentaron recursos de protección en los tribunales para impedir la distribución de esas píldoras en los consultorios de salud administrados por ellos.
La batalla legal la zanjó el Tribunal Constitucional, que obligó a la presidenta a darle rango de decreto supremo y no de reglamento sanitario a las Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad. Esto hace que las disposiciones sean obligatorias.
Si los alcaldes no entregan el fármaco en sus consultorios —como han amenazado tres de ellos— se exponen a sanciones a determinar por la Contraloría General de la República.
En estos momentos, el Ejecutivo alista la compra de la píldora del día después para su distribución en el sistema público de salud y está sometiendo a consulta entre la ciudadanía las "Normas de consejería sobre la atención en salud sexual y reproductiva de adolescentes".
Hasta el 15 de marzo, el Ministerio de Salud recibirá a través de su página en internet, los comentarios y sugerencias de la población.
