Parlamentarias y sindicalistas se oponen a que la seguridad social se privatice en Colombia, como lo plantea la reforma anunciada por el gobierno derechista de Álvaro Uribe, y llaman a que el Estado no se aparte de la responsabilidad que le compete en esta materia.
La propuesta de reforma del estatal Instituto de los Seguros Sociales (ISS) fue calificada como "improvisada e irresponsable" por la ex directora del ISS y actual senadora Cecilia López, del opositor Partido Liberal.
"El Estado no puede delegar en manos privadas la responsabilidad que le compete", dijo López a IPS, refiriéndose a la medida que afectará a más de 3,2 millones de usuarios de servicios de salud, brindados a través del ISS, junto con pensiones y riesgos profesionales.
El ISS, creado en 1946, ha sido objeto de varias reformas, en las cuales ha ampliado su cobertura, incluyendo seguro social obligatorio a los trabajadores asalariados y no asalariados, cobertura de riesgos de enfermedad general y profesional, maternidad, invalidez, vejez y accidentes de trabajo, así como atención en salud y pensiones de vejez e invalidez.
En 1993, el hoy presidente Uribe impulsó en su calidad de senador de entonces el proyecto de ley 100, que una vez aprobado transformó el Sistema Nacional de Salud autorizando la creación de instituciones prestatarias de seguros sanitarios, llamadas Empresas Promotoras de Salud (EPS).
Entre ellas, la única con capital estatal es la promotora del ISS, que ahora se propone también reformar.
El cambio implica una nueva composición financiera. Quedaría en caso de aprobarse con 49 por ciento de sus acciones en manos de la compañía de seguros La Previsora, de economía mixta del orden nacional, y el resto compartido entre las distintas Cajas de Compensación Familiar, entidades prestadoras de servicios sociales con aportes de los trabajadores, que a partir de la ley 100 pueden ser accionistas de Empresas Administradoras de Fondos de Pensiones y crear EPS.
La presidenta del Senado, Dilian Toro, solicitó aumentar la participación accionaria del Estado en la nueva empresa con el fin de que no pierda su carácter público.
Con la Ley 100, "el ISS quedó incorporado en un mercado del aseguramiento y en este sentido inició una competencia con otras entidades de seguridad social de carácter privado", recordó el médico Mauricio Torres, miembro del Movimiento Nacional por la Salud, en el Centro de Medios Independientes de Colombia (Indymedia).
"La contienda no ha sido nada fácil: sus protectores son pocos y débiles en tanto sus contrincantes son muchos y fuertes, con presencia en la Presidencia de la República, el parlamento y el empresario privado (…) con nexos en el sector financiero privado (…), que está detrás del gran negocio de la seguridad social", cuestionó.
Según Torres, en 1996, las EPS privadas contaban con 3,5 millones de afiliados, cuatro años después reportaban 9,2 millones en este país con casi 44 millones de habitantes.
La EPS del ISS es inviable financieramente, es la conclusión del informe sobre la situación económica y administrativa del propio instituto de la Superintendencia Nacional de Salud, entre cuyas funciones se encuentra la inspección, vigilancia y control de la aplicación de la normatividad vigente en la generación y flujo de recursos financieros del sector.
En teleconferencia, transmitida por el canal de televisión estatal el 21 de enero, funcionarios gubernamentales enfatizaron que los afiliados a la EPS del ISS, que estén al día en el pago de los aportes podrán escoger entre trasladarse a cualquier EPS privada o continuar durante seis meses en la pública, plazo en el que el gobierno espera consolidar la reforma.
El ministro de la Protección Social, Diego Palacio, y el presidente del ISS, Gilberto Quinche, argumentan que lo único que se busca con la reforma es mejorar la calidad del servicio.
El gobierno le solicitó al superintendente nacional de Salud, José Renán, que procediera a declarar la cancelación, con el argumento de "mal servicio y trato indigno a los pacientes", según afirmó Uribe el 20 de este mes en Bucaramanga, capital del nororiental departamento de Santander. "La reforma se hará a fondo (…) a pesar de la oposición ideológica", puntualizó.
La superintendencia, que también tiene como función vigilar la calidad de la prestación de servicios, suspendió la licencia de funcionamiento de la EPS del ISS, no obstante el Consejo Directivo del ISS informó en su página en Internet que seguirá brindando atención a sus usuarios en todo el país, tanto en atención en salud como pagando las mesadas de pensión.
"El Congreso (legislativo) no podrá ir más allá de un debate, porque aplicaron la figura de la suspensión de funcionamiento y en este acto no interviene el parlamento", explicó la senadora López.
El día 19, el sindicato de trabajadores del Seguro Social, presidido por Saúl Peña, pidió a la Procuraduría General de la Nación (encargada de vigilar a los funcionarios públicos) el inicio de una investigación sobre la decisión del superintendente de Salud.
La petición se basa, entre otras motivaciones, en que el 22 de diciembre le fue consultada a esa entidad la posibilidad de revocatoria de la licencia de funcionamiento de la EPS del ISS.
Mediante un comunicado, el sindicato del ISS afirmó que, "mientras se privatizan entidades vitales para los colombianos, se aumentan los gastos en defensa y (…) ahora se pretende justificar negándole 500.000 millones de pesos al ISS (225 millones de dólares), cuando la deuda de la nación para con el ISS supera los 70.000 millones de pesos (31,5 millones)".
"Es una medida que se toma sin realizar un estudio serio de factibilidad", aseguró Peña.
"Las EPS privadas registran utilidades muy altas, de 200.000 millones de pesos anuales (90 millones de dólares) que no van a disminuir para prestar el servicio a pacientes de alto riesgo, que requieren de medicamentos permanentes, como los adultos mayores, o de tratamientos costosos, caso de los enfermos de sida, cáncer, o incluso para atender a personas que viven en lugares apartados, donde sólo llega el ISS actualmente", añadió.
El ministro de Protección Social y el director del ISS iniciaron una gira nacional de consulta con los actores involucrados, donde tienen previstas visitas a los hospitales públicos y encuentros con asociaciones de enfermos terminales y de alto riesgo.
En entrevistas a diarios locales, los altos funcionarios aceptaron que la empresa de atención en salud pública que reemplazará a la EPS del ISS, está apenas en etapa de diseño.
El gobierno invitó a participar de tal empresa a seis EPS de carácter privado. Sin embargo, aún no hay decisiones finales al respecto.
