Desde hace un año, los palestinos sufren un bloqueo israelí que ha afectado severamente a cada una de las ciudades en la franja de Gaza y en Cisjordania. No se trata de un sitio con misiles y artillería, sino un calculado ataque a la columna vertebral de su economía.
Debido a la estrategia israelí, estadounidense y europea para paralizar la precaria economía de los territorios ocupados durante el último año, la vida diaria de los palestinos se ha convertido en una lucha constante para conseguir alimento y poder realizar sus negocios.
Apenas asumió en febrero pasado el nuevo gobierno palestino, a cargo del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas), Israel dejó de transferir a las autoridades de Gaza entre 50 y 55 millones de dólares en impuestos mensuales que recolecta en nombre de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), como castigo a esa organización.
En acciones paralelas apenas un mes después, Estados Unidos y la Unión Europea adoptaron sanciones económicas contra la ANP que afectaron a toda la población, bajo condición de que el Hamas "reconozca" a Israel y "renuncie" a la violencia.
Además, desde entonces Israel ha trabajado duro para presionar a las organizaciones humanitarias internacionales y a los países donantes para que suspendan sus proyectos en Palestina.
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Las sanciones han causado errores irreparables en todos los territorios ocupados.
Desde inicios de 2006, el índice de pobreza en Cisjordania y Gaza se disparó. En noviembre pasado, la Organización de las Naciones Unidas publicó un informe según el cual el número de palestinos incapaces de satisfacer sus necesidades básicas se incrementó 64,3 por ciento en la primera mitad del año pasado.
En Cisjordania, el desempleo afecta a 60 por ciento de la población económicamente activa.
El mes pasado, Israel permitió la transferencia a la ANP de 100 millones de dólares, el valor de los impuestos retenidos en dos meses. El gobierno israelí tomó la decisión en diciembre, pero no la puso en práctica hasta verificar que el Hamas no estuviera directamente a cargo de la administración de los fondos.
La liberación de esos recursos le permitirá a la mayoría de los palestinos en Cisjordania sostener a sus familias unos días más, pero los 100 millones de dólares son apenas una gota en el mar, ya que la pobreza y el desempleo aumentan.
El severo impacto de las sanciones económicas se ha propagado a todos los sectores de la sociedad.
Iyad, un maestro de la escuela pública, dijo a IPS que sólo le han pagado siete de 12 meses de salario desde que comenzaron las sanciones. "Algunos maestros han tenido que asumir un segundo o tercer empleo para mantener a sus familias. Otros ya abandonaron su profesión", señaló.
Cuando se le preguntó sobre los efectos de las sanciones en sus estudiantes, Iyad dijo: "Algunas familias son tan pobres que no pueden comprarle a sus hijos nuevas mochilas ni uniformes. Los niños y niñas vienen a la escuela deprimidos y furiosos. Es imposible para ellos aprender, y para mí enseñarles en este ambiente".
Mahmoud, abogado de la Administración Civil de la ANP, dijo a IPS que la delincuencia aumentó en todos los territorios ocupados como consecuencia de las sanciones.
"El crimen organizado ha regresado a Cisjordania. No hay sistema judicial funcionando y, por encima de todo, los policías que están en las calles ya no reciben sus salarios, por lo que no se toman su trabajo seriamente. Es como una anarquía", afirmó.
Khaled, un taxista, dijo a IPS que estuvo desempleado el año pasado durante más de seis meses. "Estuve muy mal. Tuve que vender mi auto al banco y luego intenté pedir un préstamo, pero por los intereses nunca lo pude pagar ya que no tenía trabajo", señaló.
En Belén, durante la última temporada navideña, que siempre es un impulso para la economía de esa meridional ciudad cisjordana, la situación fue bastante mala. Los turistas vinieron en grupos desde Jerusalén, visitaban los lugares históricos y rápidamente regresaban a hoteles israelíes.
Khaled duda que la liberación de fondos mejore la situación. "Nuestro futuro seguirá igual. No mejorará para nada".