Las perspectivas de que la guerra civil entre el gobierno de Sri Lanka y la insurgencia tamil se calme en los próximos meses se ha debilitado, luego deshecha este año la tregua promovida por Noruega en 2002.
Más de 3.500 personas fallecieron desde enero a raíz de la espiral de violencia, según el gobierno. Ochocientos de los muertos eran civiles, la mayoría tamiles del norte y este de la isla.
Organizaciones internacionales de asistencia advirtieron reiteradamente que la población inerme de esa área está atrapada por la guerra.
Los Tigres para la Liberación de la Patria Tamil se vengaron con ataques contra el sur, área dominada por la mayoría cingalesa. El 1 de diciembre, el secretario de Defensa Gotabhaya Rajapakse, hermano del presidente Mahinda Rajapakse, escapó por poco a un ataque suicida.
El atentado dejó tres muertos y 14 heridos, así como grabó en la retina de los srilankeses imágenes de cuerpos carbonizados y vehículos en llamas en el corazón de Colombo.
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Poco después del ataque, los aliados de línea dura del gobierno, el Frente de Liberación Popular (PLF) y el Jathika Hela Urumaya (JHL), lanzaron una campaña pública por la proscripción de los Tigres, con el objetivo de dejar la tregua sin efecto.
En Colombo aparecieron afiches para promover esa posibilidad. Monjes budistas cingaleses realizaron un acto público en ese mismo sentido. El gobierno reactivó entonces la Ley de Prevención del Terrorismo, que no se aplicaba desde el cese del fuego de febrero de 2002.
El 10 de este mes, Día Internacional de los Derechos Humanos, el líder de los Tigres, S.P. Thamilselvan, describió la medida gubernamental como un intento de privar al pueblo tamil de sus derechos fundamentales "a la vida, a la identidad nacional y a la patria".
Thamilselvan también señaló que, al reactivar la ley antiterrorista, el gobierno había "inhabilitado" el cese del fuego, aunque el acuerdo existía desde hacía tiempo solamente en los papeles.
Pero ya el ataque contra el secretario de Defensa fue una advertencia del jefe de los Tigres, Velupillai Prabhakaran, sobre la inutilidad de la tregua.
"El régimen de Rajapakse espera decidir el destino de la nación tamil usando su poder militar. Quiere ocupar la tierra tamil y luego forzar una solución inaceptable. Esa estrategia dejó sin efecto el cese del fuego", dijo Prabhakaran el 27 de noviembre.
"Al defender abiertamente los ataques en nuestra contra, el gobierno enterró efectivamente al acuerdo", agregó.
Pero, advirtió el ministro de Defensa, Keheliya Rambukwella, "esto es lo único que los Tigres saben hacer: amenazar".
El discurso de Prabhakaran definió el ánimo en un año en el que muchos sienten el retroceso de los avances de cuatro años de relativa paz.
Poco después del triunfo electoral de Rajapakse, el 18 de noviembre de 2005, el líder tamil se ofreció a trabajar para construir la paz, pero le advirtió que debería demostrar su voluntad de ajustarse a las aspiraciones de los tamiles y no sucumbir a las demandas de sus partidarios procingaleses, el PLF y el JHL.
En efecto, el presidente tuvo muy poco tiempo. Tres días después de la oferta del líder de los Tigres, estalló la violencia en Jaffna, con el asesinato de dos dirigentes nacionalistas tamiles.
Las represalias acabaron con la vida de 16 soldados. A partir de entonces, a excepción de dos periodos de calma para facilitar negociaciones en Europa, el derramamiento de sangre continuó sin pausa.
"Se abrió un proceso de doble vía. Una estrategia militar de línea más dura se mezcló con una estrategia política que intentaba construir una alianza meridional" en apoyo del gobierno, dijo el no gubernamental International Crisis Group, con sede en Bruselas.
Ese enfoque también fue alimentado por los Tigres. Sus ataques contra las fuerzas del gobierno recrudecieron. A medida que el año avanzaba, las escaramuzas fueron reemplazadas por combates abiertos en los que murieron cientos de combatientes.
Los ataques aéreos sobre zonas controladas por los Tigres se volvieron frecuentes, igual que los ataques suicidas en el sur. En abril, antes del atentado contra el secretario de Defensa, el comandante del ejército, teniente general Sarath Fonseka, sobrevivió a un intento de asesinato.
Quien le seguía a Fonseca en la jerarquía militar y el delegado de la Secretaría de Paz del gobierno fueron asesinados en Colombo, igual que un parlamentario de la Alianza Nacional Tamil. Así, quedó clara la disposición de ambas partes a llevar la guerra a las áreas bajo control de la mayoría cingalesa.
El presidente Rajapakse dijo este mes que el atentado contra el comandante del ejército en abril alentó las represalias. Pero las provocaciones, que violaron el cese del fuego de diciembre de 2005, fueron mutuas.
El ataque más mortal en el conflicto de Sri Lanka, que ya lleva 25 años, ocurrió el 16 de octubre en la norcentral localidad de Habarana, con un saldo de más de 100 marineros muertos.
Desde que comenzó, a comienzos de los años 80, el conflicto se cobró más de 67.000 vidas, y las líneas fueron bien delimitadas entonces por una masacre en Colombo que dejó más de 3.000 tamiles muertos y a otros 85.000 sin hogar.
Ahora, ambas partes buscan una solución militar al conflicto. La mayor violencia y los ataques contra funcionarios gubernamentales de alto rango intensificaron de modo predecible los llamados al fin de la tregua.
"En su discurso, Prabhakaran admitió que no hay un cese del fuego. Así lo demostraron también sus acciones", dijo Wimal Weeravansha, líder de la agrupación parlamentaria del PLF.
Ahora son comunes las ejecuciones extrajudiciales y los secuestros.
"El conflicto recrudeció. En los últimos seis meses, Sri Lanka se sumergió aun más en la violencia, y las víctimas civiles aumentaron", dijo en diciembre la comisionada de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Louise Arbour.
El gobierno rechazó pedidos internacionales para establecer una misión internacional de control de los derechos humanos en el país.
En cambio, estableció una comisión presidencial especial para investigar 16 casos, incluyendo el asesinato en agosto de 17 trabajadores de asistencia de la organización francesa Acción contra el hambre en la nororiental localidad de Muttur.
Pero la propia comisión y el grupo de observadores internacionales que trabajan con ella han sido criticados por organizaciones de derechos humanos.
"Amnistía Internacional desea enfatizar que la Comisión Investigadora y los observadores internacionales no abordan la necesidad de una presencia internacional protectora de los derechos humanos que pueda investigar los abusos en Sri Lanka", expresó esta organización al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El gobierno también recibió críticas de la ONU por el reclutamiento de menores. El enviado del foro mundial Allan Rock hizo públicos esos casos tras visitar la isla en noviembre.
Las acusaciones están contenidas en un informe compilado por la organización de derechos humanos Human Rights Watch. Rock presentará en enero un informe al respecto al comité del Consejo de Seguridad sobre niños en conflictos.
El enfrentamiento entre el gobierno y los Tigres dificultó la llegada de ayuda humanitaria a Jaffna, donde viven más de 500.000 habitantes. Los Tigres demandan la reapertura de la principal ruta terrestre, la autopista A9, que permanece cerrada desde agosto.
El gobierno procuró el ingreso de suministros por mar y advirtió dice que la A9 se abrirá solamente después que los Tigres den estrictas garantías con el respaldo de la comunidad internacional.
Por su parte, los Tigres se abstuvieron de brindar garantías de seguridad a barcos que cargan ayuda humanitaria rumbo a Jaffna. Eso limitó la asitencia en áreas dominadas por los Tigres, en el norte y este, donde permanecen atrapados cientos de miles de civiles.
Al acercarse fin de año, los combates han estallado nuevamente en el sur de la bahía de Trincomalee y miles de personas, la mayoría cingaleses, escaparon del área para salvarse de los feroces duelos de artillería entre los Tigres y el ejército.
