«Un poco de su propia medicina sería el mejor castigo para estas personas», sostuvo Mohammad Atif, de 23 años, refiriéndose a los agentes del gobierno que lo secuestraron y mantuvieron detenido durante dos años.
"El único problema es que nadie puede tocar a estas personas", se lamentó.
Atif, una de las víctimas de las "desapariciones", eufemismo para referirse a los secuestros realizados por las agencias de espionaje militares, es estudiante de la Universidad Abierta Quaid-e-Azam.
El joven contó a IPS que fue raptado el 3 de agosto de 2004 cuando se dirigía a su casa luego de tener clase, y fue liberado el 27 de noviembre de este año.
"Los militares pakistaníes, los principales violadores de derechos humanos en el país, gozan de total impunidad para sus acciones. Prácticas como la tortura y las desapariciones son usadas como rutina para aplastar la disidencia política, intimidar y aterrorizar a sus oponentes, y mantener el control", indicó Ali Dayan Hasan, investigador para Asia meridional del grupo Human Rights Watch.
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Durante su periodo de detención, Atif conoció o escuchó sobre otras personas incluidas en la lista de desaparecidos compilada por Amina Janjua, que incluye a su propio esposo, Masood Ahmed Janjua, secuestrado en julio de 2005 por supuestos vínculos con la red terrorista Al Qaeda.
Atif dijo que la mayoría de los detenidos son jóvenes y "de inclinación religiosa".
El gobierno de Pervez Musharraf parece haberse lavado las manos ante el caso del esposo de Amina. El director de operaciones del Ministerio del Interior, Imran Yaqub, declaró ante la Corte Suprema que no había podido localizar a Masood y que sospechaba que se había "ido a Afganistán".
Pero Amina insiste en que varios altos oficiales le admitieron que su esposo aún se encuentra vivo en Pakistán, y que estaría detenido en un centro militar en Cachemira.
"Si las personas del Ministerio saben dónde está, y si pueden decirme que está vivo, ¿por qué no lo encuentran?", afirmó Amino.
En agosto de 2006, Amina presentó una petición ante la Corte Suprema acompañada de Zainab Khatoon, cuyo hijo desapareció junto a Masood, buscando información sobre el paradero de 16 personas.
Familiares de desaparecidos se unieron en la asociación Defensa de los Derechos Humanos, con la misión de ubicar a sus seres queridos. El grupo tiene una lista de 41 personas ausentes.
Los números le han dado fortaleza y visibilidad a la campaña. La cobertura periodística sobre las manifestaciones frente a la sede del parlamento y las investigaciones de la Corte Suprema han impedido que el tema sea ignorado por el gobierno.
El 10 de noviembre, el máximo tribunal ordenó al gobierno que informara el paradero de las personas desaparecidas a sus familias para el 1 de diciembre.
"En la próxima fecha de audiencias, ninguna excusa será aceptada", señaló el presidente de la Corte Suprema, Iftikhar Mohammed Chaudhury.
Para apaciguar al tribunal, el gobierno presentó informes sobre 20 personas, 10 de las cuales desde entonces regresaron a su hogar. El Ejecutivo aseguró que, pese a haber hecho "intensos esfuerzos", no logró ubicar a las restantes 21 personas incluidas en la lista de la organización.
Pero el presidente del máximo tribunal señaló que el gobierno debía hacer más y darle a la investigación la "máxima prioridad".
"Si son ciudadanos de Pakistán, están obligados a averiguar dónde están y se debe trabajar en ello hasta que se logre el objetivo, hasta que se encuentre el rastro de los desaparecidos y sean traídos a salvo a su hogar", afirmó.
Además, ordenó al gobierno proveer detalles de los 21 desaparecidos restantes para la próxima audiencia, prevista para el 15 de diciembre. Tras haber elaborado los perfiles de las 41 víctimas de los secuestros, Amina concluyó que "todos vienen de un contexto religioso, son personas de clase media, sencillas, que no tienen conexiones con las clases altas ni son muy ingeniosos".
Las familias culpan a la "guerra contra el terrorismo" de estas desapariciones forzadas.
"Hemos sido catalogados como extremistas y tratados en forma diferente por nuestras creencias. Nuestra forma de vida es considerada una aberración en nuestro propio país, que profesa ser una república islámica", dijo Mohammed, de 17 años, hijo de Masood Janjua.
"Me preguntaron sobre mis supuestos vínculos con Al Qaeda", contó Atif, quien fue interrogado de continuo por 20 días y luego en forma periódica.
Mohammad Siddique, de 73 años, liberado tras 27 días de detención, pero cuyo yerno permanece bajo custodia acusado de "actividad terrorista", pasó por lo mismo.
"Me preguntaron por qué fui a pelear por la jihad (guerra santa islámica) en Afganistán en los años 80. Les dije que lo hice porque era algo obligatorio para todo musulmán", contó.
Mientras la mayoría de las esposas y madres solo quieren que sus seres queridos "regresen ilesos", Sohail Faraz, de 29 años, hermano del desaparecido Faisal Faraz, pide un castigo para los secuestradores.
"Quiero que mi hermano vuelva con la garantía de que esto no volverá a sucederle a él ni a nadie. Ellos tienen que pagar por esto", afirmó.
