Las reivindicaciones nacionalistas de comunidades autónomas, el renacer de la violencia en el País Vasco y la sucesión monárquica enfrentan al socialismo gobernante con la oposición de centroderecha en el 28 aniversario de la Constitución de España.
Todo ello llevó al presidente del Congreso, el socialista Manuel Marín, a pedir en el acto oficial de conmemoración de la ley fundamental, este miércoles, que todos los partidos "vuelvan al entendimiento".
"Hoy es un día para la unión", ya que la Constitución debe seguir siendo "un lugar de encuentro por encima de las diferencias", sostuvo el representante del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Los nacionalistas del País Vasco y de Cataluña se opusieron al momento de discutir el texto de la Constitución en el parlamento, donde se aprobó con 258 votos a favor, 14 abstenciones y dos en contra, para luego ser ratificada en referéndum el 6 de diciembre de 1978.
Desde entonces, la opinión dominante es que esta es la Constitución del consenso, en cuya elaboración y promulgación participaron todas las fuerzas políticas, tomando en cuenta las abstenciones señaladas.
Al llegar a este nuevo aniversario, dos temas están sobre la mesa de una probable reforma de su texto.
Por un lado las reivindicaciones nacionalistas, en especial las del País Vasco y de Cataluña, dos de las 17 comunidades autónomas que integran España y que, como las demás, gozan de parlamentos y gobiernos autónomos con grandes competencias.
También está el pedido de reformas para que en la sucesión de la Corona no prime una concepción machista, sino que se igualen las facultades de príncipes y princesas.
En Cataluña y en el País Vasco existen fuertes movimientos nacionalistas, que obtienen en torno a 50 por ciento de los votos en distintas elecciones, primando en ellos los sectores moderados, como el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y la coalición catalana Convergencia y Unión (CIU).
Pero en Cataluña también tiene peso Esquerra Republicana (ERC, Izquierda Republicana), que se manifiesta decididamente en contra de mantener un régimen monárquico, mientas en el País Vasco se destaca en ese aspecto el grupo terrorista ETA, cuyo brazo político suele obtener entre siete y nueve por ciento de los votos en esa región.
En este vigésimo octavo aniversario, la reafirmación de la unidad de España obtuvo un fuerte respaldo en Cataluña, mientras que en El País rebrotó la violencia de la mano de grupos partidarios de ETA, que atacaron con cócteles molotov tres cajeros automáticos y la sede de un juzgado en la provincia de Vizcaya.
Además, tres encapuchados prendieron fuego a un autobús en la localidad de Azpeitia, en la provincia vasca de Guipúzcoa.
Desde Cataluña llegó un mensaje por duplicado de apoyo a la unidad de España. Primero, el presidente de su gobierno autónomo, el socialista José Montilla, ordenó colgar la bandera española en todas las consejerías (ministerios) de esa región, en varios de los cuales sólo estaba la enseña catalana.
El segundo mensaje lo dio el propio Montilla con su presencia en el acto oficial celebrado en Madrid, al cual no asistían presidentes catalanes desde 1988, cuando el entonces gobernante y líder de CiU, Jordi Pujol, dejó de hacerlo por considerar que no se traspasaban suficientes poderes gubernamentales a Cataluña.
Sin embargo, para dejar constancia este año de su desacuerdo con la Constitución española no asistieron al acto los diputados de ERC, y de Izquierda Catalana-Verdes (ICV), de Cataluña, de los vascos PNV y Eusko Alkartasuna (grupo moderado escindido del PNV), y del Bloque Nacionalista Gallego (BNG).
Así, el único sector nacionalista que envió representantes fue CiU, mayoritario en número de votos en Cataluña, aunque en esa comunidad el PSOE logró desplazarlo de la presidencia aliándose con ERC e Izquierda Unida.
El otro tema presente, aunque los partidos mayoritarios aplazan una y otra vez su tratamiento, es el de la reforma de la Constitución para igualar los derechos de mujeres y hombres en la familia monárquica.
La ley fundamental establece que, si el Rey tiene un hijo varón, el mismo será el heredero de la Corona aunque no sea el mayor. Así, en la actualidad el príncipe Felipe es considerado el sucesor, aunque tenga una hermana mayor.
Quienes desde los dos partidos apoyan igualar los derechos lo hacen admitiendo que, de todos modos, en la próxima sucesión el rey será el príncipe Felipe y que sólo a partir de ahí podría regir la igualdad.
Pero, incluso ese cambio que apoya el PSOE encuentra obstáculos, porque el centroderechista Partido Popular (PP) teme que de abrirse un proceso de reforma, que se debatiría primero en el Parlamento y después se sometería a referéndum, los nacionalistas podrían intentar que también se incluyeran sus reclamaciones, incluyendo el derecho a la autodeterminación.
La llamada de Marín a la unión y el consenso fue bien recibida por el jefe del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y por el líder del PP, Mariano Rajoy, pero no sólo sin comprometerse entre ellos sino destacando cada uno que el otro es el responsable de los desencuentros.
Zapatero dijo que le parecía razonable el pedido del presidente del Congreso y Rajoy manifestó en rueda de prensa que pedía al jefe del gobierno que rectifique su posición de diálogo con ETA y "vuelva al pacto de las libertades y contra el terrorismo".
El primero autorizó a dirigentes del PSOE en el País Vasco a hablar con políticos ligados a ETA, con la esperanza de que el grupo terrorista anuncie públicamente su renuncia al uso de la violencia y que a partir de esa renuncia se pueda dialogar también con el mismo.
El PP se opone rotundamente a la estrategia de Zapatero para lograr que ETAa abandone las armas, por considerar que no se debe dialogar con ningún político vinculado a ese grupo, pública ni confidencialmente, mientras ese grupo no entregue las armas y exprese con claridad que renuncia a utilizar la violencia.
