La comunidad internacional sigue sin encontrar una fórmula de consenso para juzgar las atrocidades perpetradas en las guerras, genocidios y luchas civiles que se sucedieron en el último medio siglo y contribuir así a la reconciliación de las poblaciones afectadas.
El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció dos tribunales penales internacionales temporarios en las últimas décadas, uno para la antigua Yugoslavia y otro para Ruanda, como respuesta a la limpieza étnica y a los asesinatos y violaciones masivas cometidas en esos países.
En la conferencia "Después de la guerra: Juicios, Perdones y Paz", organizada por la Cruz Roja australiana, un panel de expertos debatió acerca de cómo una nación debe responder a las atrocidades.
Para ello se analizaron los juicios a los jefes del régimen nazi alemán en Nuremberg tras el fin de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), la Comisión de Verdad y Reconciliación de Sudáfrica, el genocidio ruandés y los juicios al ex presidente serbio Slobodan Milosevic (1989-2000) y al derrocado mandatario iraquí Saddam Hussein (1979-2003), condenado a muerte tras ser hallado culpable de ordenar la muerte de 148 personas en la ciudad de Dujail, de mayoría chiita opositora a su régimen.
Todos los participantes estuvieron de acuerdo en que la pena capital no resuelve nada.
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"Las condenas a muerte suelen poner énfasis en una permanente fascinación por la violencia como forma de responder a los problemas. Así, el ciclo de muerte persiste y no es mucho lo que se aprende. El asesinato perpetrado por el Estado, como es la pena capital, no contribuye a la construcción de una sociedad civil", dijo Stuart Rees, director de Estudios de Paz y Conflictos de la Universidad de Sydney.
Rees también es director de la Fundación para la Paz de esta misma ciudad.
Organizaciones de derechos humanos y expertos de todo el mundo coincidieron en este encuentro realizado el 23 de este mes en que el prolongado juicio a Saddam Hussein, en el que fueron asesinados tres de sus abogados, estuvo profundamente viciado.
Sin embargo, aunque el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, aclamó la condena a muerte como un hito para Iraq, Rees entiende que simplemente eleva las tensiones en una nación ya frágil.
"No hay una cura de las heridas quitándole la vida a alguien. Tampoco se hace justicia, que no es lo mismo que intentar sanar mediante la muerte", afirmó Rees.
"Una transición hacia la paz, con justicia, es decir una lucha continua para negociar el respeto por los derechos humanos, es la alternativa viable. Eso significa un compromiso con la no violencia de Mahatma Gandhi", el héroe nacional de India, añadió.
La idea original de que deben juzgarse a los violadores de la normativa humanitaria internacional o de las leyes que rigen la guerra está estrechamente vinculada a la Cruz Roja.
En 1872, Gustave Moynier, uno de los fundadores del Comité Internacional de la Cruz Roja, recomendó la creación de una corte penal internacional permanente.
Ese sueño se materializó más de un siglo después, tras la Segunda Guerra Mundial, cuando las fuerzas aliadas triunfadoras establecieron un tribunal militar para juzgar a miembros clave del régimen nazi por el extermino de más de seis millones de judíos, y muchos integrantes más de otras comunidades.
Los juicios de Nuremberg, como se los conoce, que comenzaron en 1945, constituyeron el primer intento de la comunidad internacional de articular y elaborar lo que luego se conocería como normativa penal internacional.
Pero los intentos de crear un sistema de justicia supranacional permanente no vieron la luz sino hasta la década del 90, cuando el Consejo de Seguridad de la ONU estableció las cortes penales internacionales (CPI) temporarias para juzgar los graves episodios de la antigua Yugoslavia y de Ruanda.
"La creación de las CPI fue una medida política muy audaz. La ONU y Estados Unidos tenían que hacer algo para terminar con los conflictos. Pero lo último que quería el foro mundial era un juicio y le llevó nueve meses nombrar un fiscal", criticó David Hunt, un ex magistrado de esos tribunales de la ONU.
Hunt participó en la CPI para la antigua Yugoslavia y luego lo asignaron a la Cámara de Apelaciones del tribunal por Ruanda.
"La guerra en Yugoslavia y las atrocidades cometidas estuvieron en las pantallas de televisión del mundo entero. La CPI se utilizó como elemento de disuasión. Su propósito fue conducir a los responsables de crímenes de guerra ante la justicia", relató Graham Blewitt.
Este jurista fue fiscal adjunto de la CPI para la antigua Yugoslavia, en La Haya, de 1994 a 2004, y fue varios años subdirector y luego director de la Unidad Australiana de Crímenes de Guerra Nazi.
"La parte engañosa es que tendríamos que acusar a aquellos responsables de crímenes de guerra, pero seguían siendo líderes. Así que decidimos que si los líderes iban a ser juzgados, teníamos que determinar los delitos, conseguir testigos y mover la cadena de mando. Una vez que el tribunal estuvo operativo, la acusación fue rápida", añadió.
La creciente presión popular y política para establecer una institución universal y permanente llevó a la elaboración del Estatuto de Roma, que dio origen a la Corte Penal Internacional, para juzgar crímenes de guerra, contra la humanidad y genocidio, que entró en vigencia en 2002 y también tiene su sede en La Haya.
Pero en lo que respecta a la etapa de transición en un país, de un régimen represivo a un gobierno democrático, tras el fin de una guerra, no hubo acuerdo entre los panelistas acerca de cómo debe lidiar una nación con el pasado.
Hunt considera que los ánimos están en carne viva como para que se instale un tribunal en el país donde se desarrolló el conflicto.
"Como vimos en Iraq, murió gente durante el juicio a Saddam Hussein. Los testigos sufren represalias y es extremadamente difícil evitar que se revele su identidad en caso de tener que testificar en su propio país", sostuvo Hunt.
Pero Blewitt discrepa, pues cree que, "si bien es práctico que el tribunal penal esté en otro lado para resolver el problema de la protección de testigos, el juicio adquiere un mayor significado si la corte está donde sucedieron los crímenes", indicó.
Para el profesor de derecho de la Universidad de New South Wales, de Australia, Martin Krygier fue posible llevar adelante un juicio justo en Alemania, tras la Segunda Guerra Mundial, porque el país estaba totalmente derrotado.
Krygier también integra la Academia de Ciencias Sociales de este país.
"Lo que es menos probable es un juicio sin presiones políticas. En Alemania no pudo haber resistencia ni interferencia con las actividades del tribunal, como sí hubo en Iraq, y pudo instalarse en Yugoslavia si la Corte Internacional hubiera tratado de funcionar allí", señaló Krygier.
Las dos formas más efectivas de implementar justicia, según los panelistas, es por intermedio de los tribunales internacionales y las comisiones de verdad y reconciliación.
Los tribunales y corte penales de justicia resultaron exitosos en lo que respecta a la antigua Yugoslavia y Ruanda. Otros de tipo híbrido funcionaron para Sierra Leona y Timor Oriental, y otro más comenzará a funcionar en Camboya para juzgar a los líderes del régimen genocida del Jemer Rojo (1975-1979).
Un mecanismo alternativo, que concita cada vez más apoyo, lo constituyen las comisiones de verdad y reconciliación que funcionaron en Timor Oriental, Sierra Leona Sudáfrica.
Esas comisiones propician un foro donde víctimas y victimarios relatan sus historias con la intención de que el proceso propicie la reconciliación y se reconstituya una sociedad destrozada por conflictos violentos.
Su base es la idea de que la verdad expuesta por la población y los funcionarios es en sí misma una forma de justicia.
En la actualidad, las comisiones de la verdad suelen funcionar a la par de los procesos judiciales, complementándose ambos mecanismos.
"Hay espacio para juicios y comisiones de verdad y reconciliación. Pero es fundamental castigar los delitos graves si se quiere tener un elemento de disuasión real y duradero", sostuvo Blewitt.
La Comisión de Verdad y Reconciliación de Sudáfrica realizó una significativa contribución para una transición incruenta del apartheid (régimen segregacionista blanco contra la mayoría negra) hacia la democracia, pero surgieron problemas cuando no pudo pagar las indemnizaciones prometidas, comentó Rees.
Los tribunales penales son caros, pero la comunidad internacional le debe al mundo garantías de justicia y "brindar un elemento de disuasión para que otros comandantes militares no incurran en crímenes de guerra con la idea de que saldrán airosos del conflicto y escaparán de la justicia y el castigo", señaló Hunt.
El gasto es de hecho una de las razones para buscar otros modelos de justicia e imponer una normativa humanitaria internacional.
Cualquiera sea el mecanismo por el que se haga justicia y se instaure la paz, los expertos coincidieron en que debe tener recursos independientes y no recibir interferencia política.
