Murió apuñalado a los 16 o 17 años, lo encontraron en una calle de Honduras, pero no se conoce su nombre. Lo enterraron trabajadores de la no gubernamental Casa Alianza.
"La violencia contra los menores es alarmante y, al menos aquí, no mejora para nada", dijo a IPS este jueves el director de Casa Alianza, José Manuel Capellín, por teléfono celular desde el Cementerio del Durazno, en las afueras de la capital hondureña.
"Este joven que estamos enterrando ahora es como muchos otros, la gran mayoría pobres que viven en la violencia desde que nacen", dijo Capellín.
"¿Quiénes lo mataron? No lo sabemos. ¿Quiénes son sus padres? Tampoco lo sabemos. Lo que está claro es que hay un círculo de impunidad que reproduce la violencia contra niños y niñas", añadió.
Veintiocho por ciento de las víctimas de homicidios en América Latina y el Caribe, que suman entre 100.000 y 200.000 anuales, corresponden a personas de entre 10 y 19 años. En Honduras, 1.976 menores de 23 años murieron asesinados entre enero de 2002 e igual mes de este año.
[related_articles]
Tales cifras se reportan en un estudio sobre la violencia contra niñas y niños presentado este jueves en Panamá por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
"Los niveles de violencia que sufren los niños en sus hogares, las escuelas y las comunidades asustan, y lo peor de todo es que en la mayoría de los casos los perpetradores quedan impunes", dijo a IPS Nils Kastberg, director de Unicef para América Latina y el Caribe.
Sólo en Honduras fueron asesinados en los últimos 10 años 3.350 niñas y niños, presuntamente por miembros de pandillas juveniles, policías, guardias de seguridad privados y hasta familiares, según el director de Casa Alianza, una organización que trabaja con la infancia de varios países.
Una niña boliviana confesó en una ocasión que prefería "darle sexo al policía de la cuadra una vez a la semana para que le proteja que estar en casa para que su padrastro la viole todas las noches", relató Kastberg.
De acuerdo con Unicef, hay grandes grados de violencia dentro del entorno familiar y no se habla de ello.
"El silencio genera una impunidad que se perpetúa por generaciones. Es que los castigos corporales, los psicológicos y las violaciones sexuales dentro de la familia representan un pasaporte de entrada a una sociedad de violencia", sostuvo el director de la agencia.
"La explotación sexual es una de las hijas de la pobreza y de la violencia familiar. En América Central, 80 por ciento de la población es pobre y la mitad de ella es menor a 18 años", afirmó Capellín.
Pero Kastberg precisó que la violencia contra los menores en América Latina y el Caribe no se circunscribe a las familias pobres, sino que se da en todas las clases sociales y en todos los grupos étnicos.
El funcionario de Unicef consideró "increíble" que la violencia en las escuelas esté prohibida por ley sólo en Ecuador, Honduras, República Dominicana y Venezuela.
"Hay mucho que hacer, no podemos seguir así", apuntó.
Pero los gobiernos están haciendo muy poco, dijo Capellín.
"Aquí no se mejora, y eso se ve en muertos como el que enterramos hoy, en los niños que andan en las calles buscando comida en la basura, en las pandillas violentas, en la violencia sexual y en todo lo que no se ve ni se habla", afirmó.
La gran mayoría de países de la región han ratificado instrumentos internacionales que garantizan la protección y los derechos de los niños, aunque no se cumplen, si bien hubo grandes avances en educación y salud.
Algunos esfuerzos oficiales e independientes merecen replicarse.
En Brasil, Unicef apoya a una escuela popular de fotografía ubicada en el corazón de un barrio pobre y violento de Río de Janeiro, donde los jóvenes aprenden a retratar, pero también a valorar su entorno y el de sus vecinos.
En México se desarrolla en las escuelas un programa llamado Educación para la Paz, en el cual padres, madres e hijos asisten a talleres para aprender a solucionar conflictos sin violencia.
En Haití, un hospital de la capital detecta a menores que han sido maltratados para darles asistencia y trabajar con sus familias, mientras en Nicaragua se creó una red intergubernamental y de la sociedad civil para hallar y tratar casos de violencia sexual en áreas rurales remotas.
