Las preferencias comerciales que concede Estados Unidos a las naciones andinas, a cambio de políticas antidrogas, están a punto de caducar, y se avecina una batalla política para su renovación.
El gobierno del presidente George W. Bush ya solicitó al Congreso, controlado aún por el gobernante Partido Republicano, que renueve la ley antes de que el opositor Partido Demócrata, triunfador de las últimas elecciones legislativas, asuma el control de ambas cámaras en enero.
Sin embargo, muchos republicanos que perderán el privilegio de tener la mayoría en el Congreso el año próximo no parecen muy atraídos por la idea de apoyar su presidente, cada vez menos popular.
Los demócratas son renuentes a extender la vigencia de la ley, debido a que cuestionan en general la política comercial de Bush por sus efectos en el mercado laboral.
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El nuevo presidente demócrata del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, Charles B. Rangel, anunció que desea incluir provisiones laborales en la Atpdea, para darles más protecciones a los cuatro países beneficiados, un proceso que podría demorar la renovación de la ley.
El antecedente de la Atpdea, la Ley de Preferencias Andinas Arancelarias, fue aprobado por Estados Unidos en 1991 como componente comercial de la lucha antidrogas en la región de los Andes, con una vigencia de 10 años.
Al cesar su vigencia en 2001, los cuatro países andinos presionaron por su renovación, que consiguieron en 2002 mediante la Atpdea, ampliando y prolongando los beneficios hasta fines de este año.
Ahora, la ley es objeto de intenso debate y cabildeo ante la inminencia de su expiración. El presidente de Colombia, Alvaro Uribe, visitó Estados Unidos la semana pasada para presionar por la ampliación de las ventajas comerciales, así como por un acuerdo bilateral de libre comercio entre Bogotá y Washington.
Bush dio su respaldo al tratado bilateral, que será firmado el 22 de este mes. También subrayó su deseo de que las preferencias andinas se extiendan.
Altos funcionarios de Perú también viajaron a Washington para exigir la ampliación de la Atpdea, que permite a los países andinos ingresar productos calzados, petróleo, cueros y vestimentas al mercado estadounidense.
Algunos grupos empresariales y centros académicos conservadores en Estados Unidos respaldaron la extensión de la ley porque consideran que beneficia los intereses estadounidenses en la región andina y contrarresta la influencia socialista del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en América Latina.
"Cuando creamos un mercado aquí para las artesanías bolivianas, los productos colombianos, las flores ecuatorianas o la producción peruana, estamos contribuyendo a la lucha contra las drogas ilícitas", escribió Roger Noriega, ex secretario Adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental y miembro del conservador American Enterprise Institute.
Noriega, cuya firma de abogados Tew Cardenas LLP asesoró al gobierno de Ecuador, incluso afirmó que el futuro de la región andina está en juego "debido a la amenaza narcoterrorista y las llamas populistas encendidas por Chávez y sus seguidores".
"Es vital que los líderes del Congreso hagan tiempo en las próximas semanas para vencer el plazo de la Atpdea", escribió en el sitio web del Latin Business Chronicle.
Las preferencias comerciales difieren de los acuerdos de libre comercio en que cubren menos temas y son solo unilaterales.
Con la excepción de Bolivia, las otras tres naciones andinas negocian el Acuerdo de Libre Comercio Andino-Estadounidense (conocido en inglés por las siglas AFTA), que podría reemplazar las preferencias.
Sin embargo, Washington congeló las conversaciones con Ecuador en mayo luego de que esa nación sudamericana confiscó los activos de una compañía petrolera estadounidense.
El gobierno de Bush alertó a las tres naciones que si no alcanzan un consenso sobre el AFTA, las actuales preferencias podrían no ser renovadas.
La Heritage Foundation, otro centro académico conservador en Washington, sostuvo en un breve estudio divulgado en octubre que Estados Unidos debía renovar las preferencias comerciales para asegurar la firma de los más completos acuerdos de libre comercio, que beneficiarán a las corporaciones estadounidenses.
"Es una oportunidad, y el Congreso debe actuar rápido en los acuerdos de libre comercio para garantizar beneficios a largo plazo para Estados Unidos", señaló la institución.
"Washington debe permitir una extensión de dos años de las preferencias comerciales a Bolivia y Ecuador como puente para concluir los pactos de libre comercio bilaterales, solo si los gobiernos negocian de buena fe y cooperan para reducir el tráfico de drogas", añadió.
"Si eligen no hacerlo, entonces las preferencias caducarán. El error será claramente de ellos, no nuestro", indicó.
La semana pasada, la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés) y la Asamblea Permanente para los Derechos Humanos en Bolivia llamaron al gobierno estadounidense a extender las preferencias a Bolivia, uno de los países más pobres de América Latina.
"La extensión de esas preferencias comerciales es de crucial importancia para Bolivia, ya que unos 10.000 empleos dependen de éstas", dijo Jeff Vogt, de WOLA.
"La pérdida de tantos empleos en un país con un tan alto desempleo sería devastador", alertó.
