Cuando los proyectiles de mortero y los cohetes han caído silenciosamente y sin explotar en el campo de batalla, las treguas, ceses del fuego y diálogos de paz no necesariamente ponen fin a la muerte.
Miles de municiones sin detonar —bombas de racimo, bombas-trampa y minas antipersonal— dejadas por los bandos en pugna continúan sumando muertes y heridos a las listas bajas.
Hasta un millón de piezas de munición intacta quedaron como despojos de la guerra en el sur de Líbano concluida a fines de agosto, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Hasta ahora, fueron desactivadas y destruidas más de 58.000 bombas de racimo.
En los tres meses transcurridos desde el fin del conflicto, murieron 22 personas a causa de las bombas de racimo, seis de ellas niños, y 134 resultaron heridas por la explosión de todo tipo de munición.
"Las guerras no siempre terminan con el último disparo o con la firma de un acuerdo de paz", dijo el secretario general de la ONU, Kofi Annan.
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Mucho después del cese de hostilidades, la población de las áreas en conflicto continúan sintiendo las consecuencias del conflicto por los explosivos abandonados.
"Estos remanentes de la guerra, algunos de los cuales quedan allí durante decenios, son una amenaza tanto para los civiles como para el personal militar e impiden la asistencia humanitaria, el mantenimiento de la paz, la reconstrucción post-conflicto y el desarrollo", dijo Annan.
El Quinto Protocolo sobre Remanentes de Guerra Explosivos de la Convención de Armas Convencionales, vigente desde esta semana, ordena a los países "tomar medidas de recuperación para despejar, remover o destruir munición sin detonar o abandonada tan pronto como sea posible tras el fin de las hostilidades".
Pero el director de la División de Armas de la organización de derechos humanos Human Rights Watch, Steve Goose, es escéptico sobre la efectividad del protocolo.
"El texto es muy débil. Su éxito dependerá de una implementación dinámica y minuciosa por parte de los gobiernos", dijo.
El protocolo fue aprobado en noviembre de 2003, pero sólo el domingo recibió la vigésima ratificación, necesaria para ser considerada ley internacional.
La entrada en vigor de un instrumento legal no es un fin en sí mismo, sino el inicio de una larga serie de acciones, dijo Annan.
"Urjo a los estados que aún no lo hicieron a adherir a este instrumento", pues "es importante para la supervivencia de millones de civiles", afirmó.
Una de las más "horrendas consecuencias" de los conflictos armados es el legado de los "asesinos silenciosos", sostuvo Annan en referencia a los explosivos sin detonar que quedan en el escenario de las guerras.
Durante el conflicto y luego de que termina, estos artefactos matan y mutilan indiscriminadamente a civiles, en especial a mujeres y niños.
Max Gaylard, director del Servicio de Acción sobre Minas de la ONU, recordó que el protocolo obliga a los países que intervienen en conflictos armados a brindar información a organizaciones y misiones humanitarias sobre la ubicación de remanentes explosivos.
El mes pasado, el subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, Jan Egeland, acusó a Israel de usar bombas de racimo durante el conflicto con Líbano.
El uso de esas armas es "inmoral", agregó Egeland. Equipos de la ONU identificaron 359 ataques israelíes con bombas de racimo, que dejaron vastas áreas de Líbano contaminadas con hasta 100.000 dispositivos explosivos, según el funcionario.
"Lo más escandaloso, completamente inmoral, es que 90 por ciento de los ataques con bombas de racimo ocurrieron en las últimas 72 horas de conflicto, cuando ya sabíamos que habría una resolución (del Consejo de Seguridad de la ONU) y que terminaría el conflicto", sostuvo.
Todos los días aparecen personas mutiladas, heridas y muertas a causa de esas municiones sin detonar. "Llamo urgentemente a todos los estados a implementar un inmediato congelamiento al uso de bombas de racimo", dijo Egeland.
El protocolo obliga a los estados a remover todos los explosivos remanentes en el territorio bajo su control y a alertar y educar a la población civil para evitar que caigan víctimas de estos artefactos.
Los estados que dejan detrás suyo estos explosivos en el frente de batalla deben suministrar ayuda para su desactivación y remoción, aunque el territorio en cuestión no esté bajo su control.
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional, que exige una moratoria al uso de las bombas de racimo, acusó a Gran Bretaña y Estados Unidos de usar estas armas en Iraq.
El uso de estos explosivos en objetivos civiles constituye una "grave violación al derecho internacional humanitario", advirtió Amnistía.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) alertó que los niños y niñas de Líbano afrontan una "situación terrible" por la presencia de gran cantidad de munición sin detonar en los alrededores de las escuelas.
