Ex rebeldes de Suriname que cooperaron con holandeses, franceses y estadounidenses para combatir al régimen militar que gobernó ese país en los años 80, amenazaron a Paramaribo con volver a las armas y desatar el caos por las promesas incumplidas.
Hace dos semanas, los ex rebeldes del este del país enviaron una petición por escrito al presidente del parlamento, Paul Somohardjo, en la que amenazaban con volar instalaciones estatales si el gobierno no cumplía con los compromisos asumidos en el Acuerdo de Paz de 1992, de brindarles empleo, tierras, educación y jubilaciones.
Los ex insurgentes, descendientes de los cimarrones (maroons), negros esclavos fugados a la selva que derrotaron a los colonizadores holandeses, pusieron la mira en la represa hidroeléctrica de Afobaka, y advirtieron con distorsionar la vida diaria de Suriname si funcionarios del gobierno no se sentaban a negociar con ellos.
La represa, propiedad de Suralco, una subsidiaria de la estadounidense Alcoa, suministra energía a casi todo el país, incluyendo a las minas de oro extranjeras, y está situada a unos 100 kilómetros de Paramaribo.
Esta no es la primera vez que los rebeldes hacen público su enojo y descontento con las autoridades de Suriname, pero sus amenazas parecen elevar la apuesta a nuevos niveles, forzando la atención de los funcionarios, indicaron analistas.
Los cimarrones libraron una sangrienta guerra contra el régimen militar de Desi Bouterse (1986-1991).
Los rebeldes solían entrar a Suriname por el río que lo separa de Guayana Francesa, atacar las instalaciones estatales y volver a cruzar la frontera antes de que las fuerzas gubernamentales pudieran organizar una respuesta.
Holanda y Francia no disimularon su asistencia y tolerancia a los insurgentes, alegando que era una forma de socavar un régimen militar que estaba llevando al país a la ruina.
La Organización de Estados Americanos intermedió para el cese del fuego decretado en 1992, convenciendo a los insurgentes de deponer las armas a cambio de que las autoridades se comprometieran a mejorar las condiciones de vida del país.
La guerra se cobró más de 500 vidas, contando la masacre de la aldea Moiwana, cerca de la frontera con Guayana Francesa. Más de 50 personas fueron asesinadas por los militares en una única operación, sólo porque los pobladores no les informaban del paradero de los rebeldes.
Actualmente, el gobierno compensa a sus sobrevivientes y familiares por las atrocidades cometidas.
La organización de derechos humanos Moiwana 86 estudia entablar una demanda contra ex funcionarios y soldados.
Tras 14 años del alto al fuego, los rebeldes están otra vez molestos y dispuestos a recurrir a amenazas para concitar la atención del gobierno.
"Le damos al gobierno una semana para que por lo menos comience a implementar los Acuerdos de Paz de 1992. Después, volverán las balas. No tenemos nada que perder, y estamos dispuestos a morir por nuestros derechos", reza la declaración de los insurgentes.
"Luchamos para restaurar la democracia en el país y queremos trabajar. El gobierno no debe pensar que no tenemos armas, pues sí las tenemos, además de explosivos. Si no nos ayudan, la capital quedará sin electricidad", alertaron.
El ex dictador Bouterse es hoy líder de la oposición y dirige el Partido Democrático Nacional, el mayor de ese país de 480.000 habitantes y miembro de la Comunidad del Caribe (Caricom), de 15 miembros.
El ex dictador y otros ex comandantes pueden afrontar cargos por la ejecución en 1982 de 15 opositores al régimen, entre los cuales hubo académicos, clérigos, dirigentes obreros y periodistas.
Bouterse negó haber ordenado esos asesinatos, perpetrados cerca de un fuerte militar en la capital.
El vicepresidente, Ramdien Sardjoe, señaló que el gobierno está tomando muy en serio las nuevas amenazas insurgentes.
"Las palabras fuertes no traen paz ni seguridad, y el gobierno está haciendo lo mejor para preservar" ambas cosas, señaló.
Los ministros Ivan Fernald, de Defensa, y Chandrikapersad Santokhi, de Justicia, también expresaron preocupación.
"Debemos considerar este asunto muy en serio, y todos los involucrados deben buscar una solución con un enfoque constructivo. Nadie gana si esto se intensifica", indicó Fernald.
Por su parte, Santokhi, un ex jefe de policía, señaló: "Si hay problemas con el cumplimiento del acuerdo, entonces nosotros como gobierno debemos comunicarnos con los involucrados para buscar una solución".
Otros ex rebeldes de la región oriental del país abandonaron por completo las armas e ingresaron al parlamento por el partido liderado por Ronnie Brunswijk, ex guardaespaldas de Bouterse que luego lideró la insurgencia.
Su partido tiene cuatro escaños en la asamblea legislativa de 51 miembros, pero los rebeldes no quieren que él negocie en su nombre, pues arguyen que no representa la causa de los cimarrones tras convertirse en un empresario de la industria de la madera y la extracción de oro.
