La seguridad social aparece como opción central para atender a los sectores más vulnerables y posibilitar el desarrollo en África austral, según gobiernos y donantes, mientras la pobreza y el alto desempleo persisten pese al crecimiento económico de la región.
Autoridades de Malawi, Lesotho y Sudáfrica se embarcaron en programas de transferencia de recursos para ayudar a las personas más expuestas a los shocks económicos, como los ancianos y los niños.
Las organizaciones no gubernamentales alegan que las redes de seguridad para ayudar a la gente a afrontar las dificultades económicas no son meros adornos, sino ayudas integrales a los derechos de los ciudadanos y la gobernanza responsable.
No obstante, Stephen Devereux, del Centro para la Protección Social de la británica Universidad de Sussex, notó que la región tiene un trecho que recorrer en esta materia. "Los principios de predecibilidad de transferencias y un derecho al empleo que pueden ser reclamados desde el Estado" todavía son mayormente desconocidos en África austral", dijo.
Organizaciones no gubernamentales internacionales y donantes determinan ampliamente el diseño, la financiación y la implementación de las transferencias en efectivo para la seguridad social. Sin embargo, su apoyo a las transferencias puede demostrar ser cíclico, o simplemente una moda, lo que genera dudas en torno a la sustentabilidad de estas estrategias.
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Las organizaciones no gubernamentales también enfatizan que las transferencias de fondos son un mecanismo de transición que debería ser acompañado por esfuerzos para mejorar las condiciones subyacentes que perpetúan la pobreza.
Podría decirse que el asunto de la seguridad social fue dejado de lado en el Plan Indicativo Estratégico de Desarrollo Regional de la Nueva Sociedad para el Desarrollo de África y la Comunidad para el Desarrollo de África Austral.
Ambos programas ponen énfasis en el crecimiento, pero no sugieren políticas para habilitar a los pobres a recuperarse cuando son afectados por las posibles consecuencias sociales de la liberalización económica, como el desempleo.
Sin embargo, los ocho Objetivos de Desarrollo de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) para el Milenio, adoptados en 2000, han ayudado a establecer el escenario para una revisión de las prioridades.
Esos objetivos, partiendo de los datos de 1990, incluyen reducir a la mitad para 2015 la proporción de personas que viven en la indigencia y padecen hambre, así como lograr una educación primaria universal, promover la igualdad de género y abatir la mortalidad infantil en dos tercios y la materna en tres cuartos.
También se estableció combatir la expansión del virus de inmunodeficiencia humana, la malaria y otras enfermedades, asegurar una sustentabilidad ambiental y generar una sociedad global para el desarrollo entre el Norte y el Sur.
Abi Masefield, jefe de políticas en la organización humanitaria Plan, en Gran Bretaña, dijo a IPS que el primero de esos objetivos no debería ser visto como separado del logro de los otros siete, sino como una precondición.
Por ejemplo, brindar un subsidio básico de apoyo a los niños puede hacer que a las mujeres les resulte más fácil escapar de la violencia doméstica y defenderse solas, lo que es clave para concretar el objetivo sobre igualdad de género. Lo mismo cuenta para mejorar la nutrición y potenciar el acceso de los niños a la educación.
Los políticos están comenzando a ver a la seguridad social como una inversión en la capacidad de los pobres crónicos de salir de la pobreza y contribuir con una sociedad más productiva, dijo Masefield.
Según Devereux, hubo un corrimiento del modelo de caridad hacia otro que proclama a la seguridad social como un derecho de la ciudadanía.
India y Brasil también se están moviendo en esta dirección. En India, el Programa de Garantía de Empleo condujo a una campaña nacional sobre el derecho a trabajar. Tuvo como resultado la Ley Nacional de Garantía de Empleo Rural, de 2005, que le asegura a cada hogar rural 100 días de empleo por un salario mínimo.
Brasil desarrolló un sistema condicional de transferencia de fondos que abarca un subsidio escolar, uno alimentario y otro en gas para cocinar, que fueron combinados en el programa Beca Familia.
Con esa Beca, el gobierno izquierdista de Luiz Inácio Lula da Silva aspira a lograr la inclusión social y el apoyo de las familias vulnerables, dijo Antonio de Oliveira, del Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre de Brasil.
Así, Beca Familia busca romper la perpetuación intergeneracional de la pobreza en Brasil, uno de los más desiguales de América. Para acogerse a los beneficios, la persona debe cumplir con requisitos tales como enviar a sus hijos a la escuela, vacunarse y realizar consultas médicas prenatales. La meta es que unos 11,2 millones de familias se beneficien de este plan.
En cuanto a la viabilidad económica, Rebecca Holmes, del británico Instituto de Desarrollo Exterior, enfatizó que el asunto depende principalmente de la voluntad política. Después de todo, los gobiernos deciden en qué gastan sus presupuestos.
