La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y grupos defensores de los derechos humanos están cada vez más preocupados por el aumento de las personas sentenciadas a muerte y de las ejecuciones en Iraq.
Según la ONU y Amnistía Internacional, esas ejecuciones fueron las primeras de que se tenga conocimiento en la región del Kurdistán desde que se levantaron las restricciones sobre la pena capital, y las primeras desde 1992.
Además, hay otros informes, no confirmados, de 27 hombres ahorcados en Bagdad por haber participado de ataques contra civiles, según una declaración de septiembre de esa organización con sede en Londres.
"Nos inquietan mucho las matanzas por pena de muerte", dijo a IPS Zahir Janmohamed, director de Amnistía para Medio Oriente y África septentrional. "Forman parte de nuestra preocupación general por el sistema judicial y las acusaciones de tortura en Iraq".
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El representante especial del secretario general de la ONU para Iraq, Ashraf Qazi, declaró su "profunda preocupación" por la cantidad de personas ejecutadas y sentenciadas y urgió al gobierno iraquí a conmutar todas las condenas a muerte y "basar su búsqueda de justicia en la protección y la promoción del derecho a la vida".
Desde que en agosto de 2004 el gobierno interino de Iraq reinstauró la pena capital, entre 150 y 200 personas fueron sentenciadas a muerte. El informe recibido por la ONU estima que más de 50 personas habrían sido ejecutadas desde entonces, aunque no se conocen las cifras exactas.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU y grupos como Amnistía y Human Rights Watch (HRW), con sede en Nueva York, repudian la pena de muerte e instan a todos los gobiernos a abolirla o al menos a instalar una moratoria sobre las condenas.
La delegación iraquí en la ONU señaló, al ser consultada respecto de la declaración de Qazi, que el gobierno no tenía una respuesta oficial ni pensaba tener una en lo inmediato.
Amnistía no tiene presencia en Iraq debido a razones de seguridad, aunque sí sigue de cerca los abusos a los derechos humanos en otros países de Medio Oriente. También recibe informes de violaciones dentro del sistema legal iraquí, el que Janmohamed calificó de "muy viciado".
La falta de transparencia y de acceso a los centros de detención del país dificulta mucho la tarea de las organizaciones de derechos humanos para determinar las cifras exactas y las condiciones que tienen los sentenciados a muerte en Iraq, indicó Janmohamed.
Denuncias de abusos y de ejecuciones suelen conocerse varios meses, incluso hasta seis, después de ocurridos, añadió.
Durante el régimen de Saddam Hussein (1979-2003), las ejecuciones se generalizaron. El gobierno condenaba a sus ciudadanos a la pena máxima por varias razones, desde delitos menores hasta por oponerse al partido Ba'ath, del entonces presidente.
Tras la invasión a Iraq encabezada por Estados Unidos, en 2003, se suspendió la pena de muerte. Pero en 2004 el gobierno interino la restableció para delitos tales como asesinato, violación, secuestro y tráfico de drogas. La legislación también habilita las ejecuciones en castigo a actividades como financiar o perpetrar actos terroristas.
"Iraq sigue el mismo modelo de Yemen y Jordania", indicó Janmohamed.
"En Yemen, las últimas ejecuciones fueron en nombre de la lucha contra el terrorismo", añadió.
Según Amnistía, 24 personas fueron ejecutadas en Yemen y 11 en Jordania, en 2005.
Janmohamed sostuvo que las autoridades iraquíes sentenciaban y ejecutaban a cada vez más personas sin el adecuado proceso debido a la creciente presión de Estados Unidos para que combata al terrorismo.
Tampoco se sabe realmente el tiempo en que los condenados permanecen en prisión antes de ser ejecutados.
IPS realizó varios intentos de obtener comentarios del Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos respecto de esas especulaciones, pero sin éxito.
"Por la información que tenemos, no es seguro que los sentenciados a muerte tengan un juicio justo", indicó Joe Stork, subdirector de HRW para Medio Oriente y África del norte, desde Washington.
"Es una situación de emergencia, y presumo que el gobierno siente que puede disminuirse la cantidad de responsables de crímenes violentos con las ejecuciones. Por cierto que no compartimos eso", apuntó.
El periodista Ayub Nuri dijo que, aunque los diarios en que trabaja no realizaron exhaustivas encuestas de opinión, su cobertura de la guerra en varios lugares de Iraq lo convenció de que la mayor parte de la población está a favor de la pena capital.
Esa fue la situación sobre todo tras la caída de Saddam Hussein, cuando muchos iraquíes querían que los ex miembros de su gobierno pagaran por sus crímenes, sostuvo.
"Debido a que el sistema jurídico no funciona en Iraq, no creo que nadie se beneficie de un juicio justo", indicó Nuri, quien trabaja para los diarios kurdos independientes Hawlati y Awene. "Me preocupa que personas inocentes estén siendo ejecutadas", añadió.
