Las divisiones en la sociedad india sobre la abolición de la pena de muerte volvieron a aflorar al suspender las autoridades la ejecución de un supuesto terrorista.
La Corte Suprema de India condenó a Mohammad Afzal, de Cachemira, por su aparente participación en un atentado terrorista contra el parlamento en Nueva Delhi el 13 de diciembre de 2001, que ocasionó la muerte de 10 personas.
Afzal debía ser conducido a la horca el día 20, pero su ejecución se postergó por tiempo indeterminado a raíz de un pedido de clemencia cursado por su familia.
Pero la amenaza no cederá a menos que el presidente APJ Abdul Kalam conmute la pena a iniciativa del gobierno de Manmohan Singh. Pero el primer ministro está sometido a intensas presiones y no está claro que pueda reunir la voluntad política necesaria para pedir clemencia.
Las opiniones a favor o en contra de ejecutar a Afzal están fuertemente influenciadas por la simpatía política.
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Los partidos de izquierda, que respaldan al gobierno de Singh sin integrarse en el gabinete, se oponen a que Afzal vaya a la horca. Lo mismo piensan los partidos del estado de Jammu y Cachemira, pues consideran que la ejecución obstaculizará el proceso de paz y fomentará la insurgencia.
En cambio, el partido de derecha ultranacionalista hindú Bharatiya Janata y otras organizaciones conservadoras reclaman la ejecución de Afzal. El terrorismo, advierten, debe ser castigado de forma ejemplar, aun a costa de los derechos civiles y políticos.
En el ámbito social, las líneas divisorias son más difusas.
Setenta y ocho por ciento de los entrevistados por una encuesta opinan que Afzal debe ir a la horca. Sólo 26 por ciento de ellos creen que se le debe conmutar la pena por cadena perpetua. Ochenta y uno por ciento señalaron que el "terrorismo" debe castigarse con la pena capital.
"La opinión pública tiene prejuicios contra Afzal por la forma en que la policía lo mostró culpable", sostuvo la abogada Usha Ramanathan.
"Apenas una semanas después del atentado al parlamento, la Célula Especial de la policía de Nueva Delhi transmitió por televisión, con total falta de ética, una entrevista con la supuesta 'confesión'" de Afzal, la cual "tenía poco valor legal, pero impresionó a muchos que la vieron en directo", señaló.
"El funcionario que realizó la entrevista tenía fama de asesinar personas en falsos 'choques' y que desde entonces quedó desacreditado. Pero la impresión de la culpabilidad de Afzal quedó implantada", recordó Ramanathan.
El debate sobre la pena de muerte tiene en India dos componentes. Uno es específico respecto de la responsabilidad de Afzal y el castigo que merece. El otro, más genérico, se refiere a la ética detrás de la pena capital, independientemente del delito.
Las discusiones sobre la primera de esas cuestiones son las más enérgicas. Los defensores de la aplicación de la pena máxima a Afzal sostienen que la Corte Suprema escuchó su apelación y concluyó que era culpable de asesinato, conspiración criminal y de fomentar la guerra contra el Estado, y que, por eso, debe ser ahorcado.
Los que claman por la sangre de Afzal sostienen, además, que el presidente no tiene poder para renovar una sentencia dictaminada por el máximo tribunal.
Los detractores mencionan gran cantidad de argumentos relativos a la dudosa evidencia en su contra y al carácter definitivo de la pena.
También defienden las facultades del presidente Kamal para conceder perdón, de acuerdo con la Constitución. Esto fue, además, confirmado por el máximo tribunal.
La Corte Suprema aclaró que el presidente tiene todo el derecho a reevaluar las pruebas, abrir un caso totalmente nuevo para volver a examinarlo y llegar a una conclusión independiente, diferente a la de ese tribunal.
Los críticos mencionan muchos vacíos legales en el proceso.
Hay importantes discrepancias entre la versión de la policía de Nueva Delhi respecto del momento y el lugar en que Afzal fue detenido y los registros de las autoridades de seguridad de Jammu y Cachemira.
Las fuerzas locales cachemiras no lograron establecer el rol de Afzal en la conspiración. De hecho, ni siquiera identificaron a los cinco autores materiales, que murieron en el momento del atentado.
Afzal confesó haber ayudado al "líder" de los atacantes, Mohammed, a llegar hasta Nueva Delhi desde Srinagar y a comprar un automóvil, utilizado en el ataque. Pero no se demostró que fuera el ideólogo o el cabecilla de la conspiración.
Además de su propio testimonio, sobre cuya confiabilidad admitió tener dudas la propia Corte Suprema, las pruebas circunstanciales de la participación de Afzal en el atentado giran en torno a la incautación de explosivos en su casa y a los registros de llamadas a los cinco atacantes desde su teléfono celular.
Pero el registro de la casa ha sido cuestionado también, pues la policía irrumpió en ella mientras Afzal se hallaba en prisión.
La forma en que la policía obtuvo el registro de llamadas de su teléfono móvil también deja muchas dudas. El aparato presuntamente incautado por la policía cuando Afzal fue arrestado en Srinagar no tenía "chip", y por lo tanto no se podía acceder al sistema sin abrirlo, lo que no sucedió, según dijo el funcionario que certificó la pesquisa.
Otro asunto importante es que Afzal no pudo tener un abogado defensor de su elección en el juicio y se vio obligado a interrogar él mismo a los testigos.
La Corte Suprema se dejó llevar por un excesivo celo antiterrorista y violó sus propias decisiones sobre la pena de muerte, según las cuales debe dictarse excepcionalmente, sólo cuando un asesinato se perpetra de modo extremadamente brutal, grotesco, diabólico y repugnante, o contra una comunidad o casta específica, dicen los críticos de la condena de Afzal.
El caso desató otros dos debates, en el contexto del conflicto en Cachemira. ¿La clemencia tendrá consecuencias en esa región?
Una mayoría entre los encuestados favorables a ejecutar a Afzal se oponen a la reconciliación política en Cachemira y reclaman que los militares acallen el descontento en ese estado.
Por su parte, los detractores advirtieron que eso podría alejar a la opinión pública cachemira de India. El gobierno está obligado a considerar esto mientras decide si otorga clemencia.
Por otro lado, también se vuelve a discutir la moralidad o efectividad de la pena capital como disuasivo del delito.
Un ex presidente de la Corte Suprema se opuso a la pena de muerte porque recae sólo sobre los pobres sin medios para defenderse.
En los últimos 60 años, sólo casos truculentos de homicidio o asesinatos políticos, como el de la ex primera ministra Indira Gandhi en 1984, concitaron la pena capital.
Dado el clima actual, India no está lista para abolir la pena de muerte. Queda clara la necesidad de un debate más sobrio y sano antes de que los conservadores cedan terreno a las opiniones liberales.
