El rapto y la violación ocurrieron en el estado de Dakota del Norte. El cadáver de la víctima apareció en la vecina Minnesota. El caso traza nuevas líneas de puja entre promotores y detractores de la pena de muerte en Estados Unidos.
Nadie es ejecutado en Dakota del Norte desde 1905, y el último condenado a muerte, en 1915, fue absuelto.
Aunque muchos líderes religiosos y activistas de derechos humanos se oponen hoy a la restauración de la pena capital, algunos políticos conservadores piensan que puede ser necesario para frenar delitos serios como el asesinato.
"La violencia solamente engendra violencia", dijo Samuel Aquila, obispo católico de la ciudad de Fargo, en una declaración escrita en la que criticó la condena a muerte de un acusado de violación y asesinato dispuesta por un jurado federal.
La semana pasada, el jurado condenó a muerte a Alfonso Rodríguez, de 53 años, pese a que los abogados defensores continuaron afirmando que su cliente necesitaba tratamiento psicológico.
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El juicio se refiere al brutal asesinato de la estudiante de la Universidad de Dakota del Norte Dru Sjodin, de 22 años, que conmocionó a ese septentrional y poco poblado estado.
Su cadáver, arrojado a un barranco del vecino estado de Minnesota, fue hallado en abril de 2004, cinco meses después de su rapto en el estacionamiento de un centro comercial de Grand Forks, Dakota del Norte, en noviembre de 2003.
Dakota del Norte ilegalizó la pena de muerte en los años 70, pero la condena se admite en casos federales. Rodríguez fue procesado de acuerdo con las leyes federales porque Sjodin fue trasladada más allá de las fronteras del estado.
El obispo Aquila dijo no tener dudas sobre la gravedad del crimen cometido por Rodríguez, pero, acotó, sentenciarlo a muerte no es una forma aceptable ni justa de castigarlo.
"Responder a este acto de violencia sin sentido con otro acto de violencia no elimina el dolor causado por el primero", sostuvo el líder espiritual de la comunidad católica de Fargo, donde se celebró el juicio federal.
Como muchos otros, Aquila critica la restauración en Dakota del Norte de la pena de muerte, impulsada por políticos conservadores como disuasivo de delitos atroces como el cometido por Rodríguez.
"Estoy abierto a esa discusión", dijo el gobernador del estado, John Hoeven, a la prensa local.
"Necesitamos tomar medidas muy fuertes para estos violentos ataques sexuales, y vamos a implementar leyes", dijo al comentar la decisión del jurado en el caso de Rodríguez.
En Dakota del Norte no hay un debate legislativo sobre la pena de muerte desde 1995, cuando congresistas conservadores presentaron un proyecto al respecto. La iniciativa fracasó porque una vasta mayoría de la ciudadanía del estado se alineó con los críticos del castigo.
Al brindar testimonio en el proceso judicial, familiares de Rodríguez formularon dudas sobre su salud mental y su capacidad para actuar de modo aceptable en el mundo exterior al sistema carcelario.
Rodríguez, que pasó casi la mitad de su vida entre rejas por reiteradas agresiones sexuales, fue liberado apenas unos meses antes de raptar, violar y matar a Sjodin.
"Uno no puede arrojar a la sociedad a un hombre que no estuvo en ella durante 28 años y esperar que el éxito", dijo Ileanna Noyes, hermana de Rodríguez, antes de que se conociera la decisión del jurado.
Una semana antes de la condena, una psicóloga de la la prisión declaró ante el tribunal que Rodríguez le solicitó una entrevista en enero de 2003, cuando aún estaba preso, y le dijo que la perspectiva de su liberación lo "asustaba".
En cierto punto, los abogados de Rodríguez dijeron al jurado que observaran a "la persona entera": el hijo de un pobre trabajador inmigrante, envenenado con productos químicos de uso agrícola y abusado sexualmente en su infancia.
Los padres de la víctima declararon públicamente, incluso, que aceptarían una condena a cadena perpetua. Fue inútil a los efectos de la sentencia.
Ante cualquier sentencia "habríamos estado igualmente satisfechos", expresó Allan Sjodin, padre de Dru, tras la condena a muerte. Dru creció en el pequeño pueblo de Pequot Lakes, en Minnesota.
El público de Dakota del Norte y de Minnesota parece dividido. Un hombre de Minnesota atribuyó la decisión del jurado a la tendencia del público contra la población no blanca.
Un estadounidense de origen latinoamericano "de 50 años fue condenado a muerte por el asesinato de una estudiante universitaria de 22. ¿A alguien le sorprende?", escribió Benjamin Powers en una carta al periódico pueblerino Winona Daily News.
"Si la señorita Sjodin hubiera sido una prostituta de 32 años o si el señor Rodríguez hubiera sido el hijo de 30 años de un acaudalado empresario, este crimen no habría alcanzado tal notoriedad", escribió.
David Elliot, portavoz de la Coalición Nacional Contra la Pena de Muerte, coincidió en que los prejuicios podrían haber incidido en el fallo del jurado.
"No vemos ninguna evidencia de que la raza fuera un factor en la condena a Rodríguez", dijo Elliot a IPS, entrevistado por correo electrónico. "Sin embargo, sí lo es en la pena de muerte en general. Aunque no es la raza del perpetrador lo que importa más, sino, más bien, la de la víctima."
Para Powers, lo más perturbador del asesinato de Sjodin no es la brutalidad del crimen, sino que "nuestra sociedad dice que algunas personas son más valiosas que otras".
Elliot coincidió. "En general, en Estados Unidos la gente no es sentenciada a muerte por matar a negros e hispanos, sino por matar a blancos", señaló. "Nuestro sistema de pena capital envía el mensaje de que la vida de una víctima blanca vale más que la de una negra o hispana."
En Estados Unidos es más probable que personas no blancas sean condenadas a muerte por asesinar a víctimas blancas que de otra raza, según estudios del Centro de Información sobre la Pena de Muerte.
Además, el costo de defender a Rodríguez de la pena capital será más elevado que el de encarcelarlo. Su abogado manifestó que, hasta ahora, el costo de poner en prisión y defender a Rodríguez equivale a casi un millón de dólares.
"Mi firma perdió dinero con este caso", dijo a la prensa el abogado defensor Richard Ney. "Si alguien piensa que hay un gran ganancia, está equivocado."
Pero Ney se manifestó decidido a pelear el caso hasta el tribunal de apelaciones, un trámite que, según Elliot, "llevará años y años de trabajo".
"Deberíamos concentrarnos en la familia Sjodin y en su pérdida", opinó. "Pero ahora también en la familia Rodríguez, y en la ejecución de su hijo y hermano".
Ney requerirá un nuevo juicio, y si su moción es rechazada comenzará el proceso de apelación, dijo. "Vale la pena salvar la vida, sin importar de quién sea".
