Organizaciones defensoras de los derechos humanos celebraron el acuerdo alcanzado en la ONU para elaborar un tratado internacional que regule el comercio de armas convencionales, pese a la fuerte oposición de Estados Unidos y de otras potencias.
La enorme mayoría de delegados en el Comité sobre Desarme y Seguridad Internacional de la Asamblea General de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) apoyaron el jueves una resolución llamando a la redacción de un tratado para detener el tráfico ilícito de armas pequeñas, que contribuyen a los conflictos, a la pobreza y a las violaciones a los derechos humanos en todo el planeta.
Fueron 139 países los que votaron a favor de la resolución, y 24 se abstuvieron. Estados Unidos, el mayor proveedor de armas pequeñas, fue el único que se opuso.
China, India, Pakistán y Rusia, otras importantes naciones productoras de armas que se oponen al tratado, no participaron en la votación.
La resolución se aprobó después de tres años de complejas negociaciones diplomáticas y una campaña de grupos de la sociedad civil que involucró a más de un millón de personas en 170 países.
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Organizaciones no gubernamentales dijeron estar muy satisfechas con el resultado de la votación.
"Es una gran victoria. Logramos que los gobiernos en esa sala finalmente escucharan a los que hacemos campaña por los derechos humanos", dijo a IPS la activista Helen Hughes, de Amnistía Internacional.
Mientras, el director de Oxfam Internacional, Jeremy Hobbs, señaló que el tratado significa un compromiso internacional para "poner fin al escándalo del comercio no regulado de armas".
Tanto Amnistía como Oxfam han estado en la vanguardia de los esfuerzos para la creación del tratado. Esta semana se sumaron 15 ganadores del premio Nobel a los llamados para aprobar la resolución.
"Ninguna arma debería ser transferida jamás si va a ser usada para graves violaciones a los derechos humanos", señalaron en una carta a los delegados en la Asamblea General.
Los partidarios de la resolución dijeron esperar que el tratado ayude a cubrir lagunas legales que permiten el flujo de armas convencionales en zonas de conflicto de todo el planeta, fomentando las violaciones a los derechos humanos y socavando el desarrollo.
En su misiva, los ganadores del premio Nobel sostuvieron que las transferencias de armas deberían ser autorizadas siempre por un estado reconocido y realizadas de acuerdo con las leyes internacionales.
"Ningún estado debe autorizar las transferencias internacionales de armas que violen las obligaciones específicas bajo el derecho internacional", señala la carta, que además recomienda a los gobiernos contribuir con informes nacionales periódicos sobre las transferencias de armas para un registro mundial.
El actual volumen del comercio global de armas se estima en 1,1 billones de dólares, monto que podría incrementarse a fines de este año, según el Instituto de Investigación Estocolmo para la Paz Internacional (Sipri).
Expertos independientes calcularon que, en los últimos tres años, más de un millón de personas murieron como resultado del flujo no registrado de armas pequeñas.
"Miles de personas mueren cada día y muchas más resultan heridas como consecuencia de la proliferación y mal uso de estas armas", señaló la directora de la Red de Acción Internacional contra Armas Pequeñas.
"El mundo ya no puede dejar a los civiles a la merced de los traficantes de armas que obtienen ganancias todos los años", añadió en una declaración que llama a una prohibición mundial del uso y suministro de armas ilícitas.
Brasil, Bulgaria y Ucrania, países que están emergiendo como exportadores de armas, y Colombia, Haití, Liberia, Ruanda y Timor Oriental, devastados por conflictos bélicos, votaron a favor de la resolución.
La secretaria general de Amnistía, Irene Khan, calificó la resolución de "paso histórico para detener las transferencias de armas irresponsables e inmorales".
Esto "evitará la muerte, violación y desplazamiento de miles de personas", añadió en una declaración.
No obstante, los activistas dijeron estar desilusionados con la actitud de Estados Unidos en las negociaciones.
"Ésta no es una buena política exterior", dijo Hughes, quien admitió que las leyes estadounidenses sobre producción de armas son "relativamente fuertes".
Washington "se opone a la necesidad de efectivos controles internacionales", añadió.
Según Sipri, Estados Unidos respondió por 48 por ciento del gasto militar mundial en 2005.
La resolución, auspiciada por Argentina, Australia, Costa Rica, Finlandia, Gran Bretaña, Japón y Kenia, llama a la creación de un grupo de expertos que estudiarán la viabilidad de un tratado mundial, y que deberán presentar el resultado de su trabajo en 2008.
