La guerra preventiva lanzada por Washington está en la raíz de lo que le ocurrió a un ciudadano canadiense inocente, Maher Arar, según Maureen Webb, abogada de Ottawa y autora del libro de inminente publicación titulado «Ilusiones de seguridad».
En esa guerra, los musulmanes son capturados, etiquetados como terroristas y luego enviados a un estado extranjero donde, bajo tortura, confiesan falsamente ser miembros de la red Al Qaeda, del saudita Osama bin Laden.
Tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, que dejaron unos 3.000 muertos en Nueva York y Washington, y de la firma de una serie de acuerdos de seguridad entre estos dos países norteamericanos, la Real Policía Montada Canadiense entregó a autoridades estadounidenses todo el archivo del caso Arar, incluyendo acusaciones sin sustento contra ciudadanos de Canadá, dijo Webb a IPS.
"Sin advertencias, enviaron su archivo entero, con lo real y lo falso, al FBI (Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos) y probablemente a la CIA (Agencia Central de Inteligencia de ese país)", manifestó.
El ingeniero en telecomunicaciones Maher Arar volaba de regreso de unas vacaciones en Túnez en septiembre de 2002, cuando quedó imprevistamente atrapado en el centro de la atención de un nuevo régimen de seguridad internacional liderado por Estados Unidos.
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Al llegar a Nueva York, en una escala de su viaje de retorno a Canadá, Arar fue detenido y deportado a su país de origen, Siria, que tiene cuestionados antecedentes en materia de derechos humanos. Esto ocurrió a pesar de que tenía pasaporte canadiense. Esta práctica se conoce como de "entregas extraordinarias".
Luego de pasar un año en una cárcel de Damasco, fue liberado y se le permitió volver a su hogar, donde dijo al público canadiense que había sido torturado y forzado a hacer confesiones falsas para evitar malos tratos por parte de sus interrogadores.
Aunque el gobierno de Estados Unidos se negó a enviar funcionarios a presentarse ante la comisión canadiense que investiga el caso Arar, el juez que la preside, Dennis O'Connor, emitió un informe crítico el 18 de septiembre que atribuyó buena parte de la culpa por su deportación a Siria.
La Real Policía Montada Canadiense proporcionó información a Estados Unidos, que erróneamente acusaba a Arar y su esposa, la doctora Monia Mazigh, quien nunca fue arrestada, de tener vínculos con terroristas.
"Puedo decir categóricamente que no hay evidencias para indicar que el señor Arar haya cometido ninguna ofensa o que sus actividades constituyan una amenaza a la seguridad de Canadá", concluyó O'Connor.
El juez también indicó que agencias de la policía canadiense confiaron en información recibida de Siria sobre Arar, "que probablemente fue producto de la tortura". Agregó que "no se hizo ninguna evaluación de confiabilidad adecuada para determinar si la información resultó de la tortura".
Diez días después, en una reunión de un comité parlamentario sobre seguridad pública y nacional, el comisionado de la Real Policía Montada Canadiense, Giuliano Zaccardelli, se disculpó formalmente en nombre de sus funcionarios por la terrible experiencia por la que pasaron Maher Arar y su familia. Zaccardelli admitió que, aunque luego se dio cuenta de que la fuerza había etiquetado mal a Arar como terrorista tras lo ocurrido en Nueva York, esta información no fue pasada al gobierno canadiense.
También declaró que su fuerza no fue capaz de hallar las fuentes de varias filtraciones por parte de oficiales desconocidos de la Real Policía Montada Canadiense a la prensa, que continuó acusando a Arar de tener vínculos terroristas incluso luego de volver a Canadá.
El comisionado de la Real Policía Montada Canadiense reconoció que las autoridades cometieron errores en medio de la confusión que siguió a los ataques del 11 de septiembre de 2001 y declaró que la fuerza estaba llevando a cabo reformas internas.
"Por supuesto, esto no nos excusa ni nos permite evitar enfrentar frontalmente las ramificaciones de ese momento. Pero el hecho es que el 12 de septiembre estuvimos en un mundo muy diferente", dijo.
La defensa del comisionado no atenuó los pedidos para que él asumiera más responsabilidad por lo que le ocurrió a Arar, e incluso a renunciar, por parte de algunos editorialistas de periódicos y políticos de la oposición.
"Ningún integrante de la Policía Montada involucrado en este caso ha sido sancionado. Algunos incluso fueron ascendidos", señaló el periódico Toronto Star, en un editorial reciente.
Aunque Maureen Webb no se opone a las expulsiones de la fuerza, se pregunta si constituirán una medida suficiente.
"Pienso que centrarse en si Zaccardelli debería renunciar o no o ser despedido es un poco estrecho, porque ciertamente debería ser despedido, pero creo que eso minimiza la situación", comentó.
"No se trata simplemente de un mal administrador de unos pocos funcionarios díscolos, sino que se trata de todo un sistema", dijo Webb, quien se desempeña como abogada en la Asociación Canadiense de Profesores Universitarios.
"Hay una falsedad en decir que hubo elementos díscolos o que la Policía Montada fue la única agencia incompetente, porque las órdenes y el clima procedieron de las máximas jerarquías políticas", agregó.
Una auditoría interna del FBI, que confirmó investigaciones de agentes estadounidenses dentro de Canadá desde el 11 de septiembre de 2001 sin la aprobación de Ottawa, refuerza las preocupaciones de Webb en cuanto a que este país está experimentando una seria pérdida de soberanía a manos de la potencia más grande que limita al sur.
Webb dijo que la seguridad reemplazó al comercio como motor de la profunda integración de Canadá y Estados Unidos dentro de América del Norte.
"Al gobierno (canadiense) le gusta decir que eso es compartir información, y ¿quién puede discutir eso? Suena bien, pero de hecho, lo que ocurrió en estos casos es mucho peor que compartir información", aseveró.
Lo que sucedió en Canadá en términos de intervención de Estados Unidos es suave comparado con las operaciones especiales secretas de Estados Unidos o los "equipos de asesinatos" que están ocupados cazando a presuntos terroristas en países como Filipinas, agregó.
"La guerra contra el terrorismo fue un pretexto para que ellos volvieran", luego de la retirada militar estadounidense de territorio filipino, dijo Webb. "El ejército de Estados Unidos está desempeñando funciones policiales comunes en Filipinas y ni siquiera tiene un Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas", añadió.
