La peor noticia no es que 70 por ciento de los pobladores del distrito de Carabayllo, en el noreste de Lima, no tengan agua potable. La más grave es que los «sin agua» son un cuarto de los 27 millones de peruanos.
Ante esta alarmante situación, el presidente Alan García lanzó este mes el programa "Agua para todos", cuya meta es proveer de ese recurso a 2,5 millones de personas entre 2005 y 2011. Un objetivo muy modesto para un déficit de siete millones de peruanos.
Tres veces a la semana pasa un camión cisterna por las calles polvorientas del barrio Las Mercedes, en Carabayllo, en el noreste de Lima, para abastecer a sus habitantes, que deben pagar a estos comerciantes privados hasta 50 soles (15 dólares) al mes, es decir 10 veces más de lo que le cuesta el agua a un limeño con servicio domiciliario. Además, también corren riesgos de salubridad, pues nadie fiscaliza a los camiones cisternas.
"Esas aguas tienen óxido que se acumula en los cilindros (tanques)", dijo Edgardo Cárdenas, un habitante que compró su vivienda, cuyo terreno tampoco cuenta con servicios de saneamiento.
"En tiempo de verano, con frecuencia los bebés se enferman del estómago por tomar esas aguas", agregó Magdalena Alfaro, otra vecina de Las Mercedes y madre de dos niños.
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"En 14 años he tenido que cambiar cuatro veces de silo", pozo negro en reemplazo del alcantarillado, dice María Victoria Canto quien, a pesar de tener una casa de dos pisos de ladrillo y cemento, no cuenta con agua potable ni desagüe.
Apenas 30 por ciento de los 200.000 pobladores de Carabayllo tienen acceso a acueducto y alcantarillado.
Lima Metropolitana está conformada por más de 40 distritos, uno de ellos es Carabayllo, compuesto en 60 por ciento por barrios pobres sin servicios básicos y tugurios.
El Movimiento Peruanos Sin Agua señala que dos millones de los casi 7,9 millones de habitantes que tiene el departamento de Lima están padeciendo el mismo problema, mientras que en el interior del país la cifra llega a cinco millones.
Los números son similares a los del informe estatal "Ciudadanos sin agua: Análisis de un derecho vulnerado", elaborado por la Defensoría del Pueblo en julio de 2005. En el documento se señala que 6,8 millones de la población total no cuentan con agua potable (25,3 por ciento) y 11,5 millones (42,9 por ciento) carece de alcantarillado. Mientras que sólo en Lima Metropolitana hay 930.000 personas que sufren la falta de agua potable, y un poco más de 1,2 millones la ausencia de desagüe.
"Somos millones de peruanos que vivimos en condiciones infrahumanas, tomando agua que no es apta para el consumo humano. A pesar de que hemos solicitado en reiteradas ocasiones que el Estado, a través de sus representantes, intervenga, pocas veces hemos sido escuchados", dijo a IPS Abel Cruz, presidente del Movimiento Peruanos Sin Agua.
El Movimiento articula a 1.600 dirigencias de barrios sin servicios y asentamientos precarios en toda Lima Metropolitana.
Alan García, quien lanzó el programa de agua potable el 2 de septiembre, se comprometió a invertir 69 millones de soles (aproximadamente 21,2 millones de dólares) para 160.000 pobladores de Carabayllo, casi 90 por ciento de los que no cuentan con el servicio en la zona.
El plan, que en su primera etapa prioriza a Lima Metropolitana a través de nueve grandes proyectos, permitirá beneficiar en cinco años a 600.000 habitantes de los 930.000 limeños sin agua. Una cobertura importante que, sin embargo, no se multiplicará a la misma escala en el resto del país.
El Ministerio de Vivienda informó a IPS, mediante su oficina de prensa, que se calcula una inversión de 400 millones de soles (aproximadamente 123 millones de dólares) para los proyectos de Lima. Pero aún no está definida la inversión total de las obras, las cuales se harán de modo descentralizado.
De acuerdo con una proyección que hizo en 2003 el Viceministerio de Construcción y Saneamiento, el Estado necesita invertir 4.472 millones de dólares para cumplir en 2015 con el séptimo de los Ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio, que establece reducir a la mitad la proporción de personas sin acceso a agua potable.
Los Objetivos del Milenio fueron adoptados en 2000 por todos los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas como plataforma para reducir drásticamente, con plazo en 2015, la pobreza y la desigualdad en todo el mundo.
Pero en Perú, según la Defensoría del Pueblo, los planes de inversión destinados al sector llegan apenas a unos 1,2 millones de dólares entre 2001 y 2008.
"Estamos lejos de acercarnos a la meta debido a que el tema del agua no ha formado parte desde hace mucho tiempo de las políticas de Estado. Mucho menos se ha planteado desde el enfoque de derechos. Ahora con Alan García existe un compromiso importante, sobre todo en Lima, pero no es suficiente porque en el resto del país hay grandes carencias", explicó a IPS Carlos Alza, defensor adjunto de Servicios Públicos y Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo.
El hecho de que en el pasado, el Estado no reconoció el derecho de los ciudadanos a acceder al agua potable conllevó que el asunto no se incluyera en la agenda política, y por tanto que no se destinaran recursos para mejorar la cobertura de los servicios.
Según los cálculos realizados en 2003 por el ex viceministro de Construcción y Saneamiento, Jorge Villacorta, para alcanzar la meta del milenio se necesita pasar de 75 a 82 por ciento en la cobertura de agua potable, y de 57 a 77 por ciento en la de alcantarillado.
El mayor problema está en las zonas rurales. La Defensoría del Pueblo reveló que 70 por ciento de los pobladores de estas áreas en todo el país, es decir 6,3 millones de peruanos, no cuentan con el servicio de desagüe.
Además, y como si no fuera suficiente, las cifras sobre el tratamiento de aguas residuales son dramáticas.
Sólo 16 por ciento de las aguas servidas pasan por un proceso de tratamiento con el propósito de disminuir su impacto ambiental. Sin embargo, se requiere llegar a 97 por ciento. "En este punto estamos en nada", agregó Alza, el representante de la Defensoría.
Pese a la gravedad de la situación, el programa "Agua para todos" no incluye proyectos para avanzar en este aspecto. "Uno de los motivos es porque ocuparse del tratamiento de las aguas residuales no tiene ningún impacto político. No te da popularidad", señaló a IPS el parlamentario Carlos Bruce, quien hasta hace seis semanas era ministro de Vivienda del saliente gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).
En julio de este año, se ordenó que los municipios otorgaran constancias de posesión de viviendas a los pobladores que no tuvieran títulos de propiedad, de modo que pudieran solicitar el servicio de agua y desagüe, según lo establece la ley General de Saneamiento.
Para ofrecer un servicio de calidad, el gobierno de Alan García también debe armonizar la legislación peruana con los estándares internacionales en materia de agua potable.
La norma peruana sobre la pureza del agua data de 1946. Establece como nivel máximo permisible de plomo 0,1 miligramos por litro, mientras que para la Organización Mundial de la Salud es de 0,01 mg/l, diez veces más exigente.
