Uganda se sacudió en 1999 por el caso de Fred Mwanza, de 30 años y portador del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), quien violó a un bebé de tres meses en un suburbio de esta capital. Pero lo más perturbador fue que ese crimen no era un hecho aislado.
La cantidad de adultos infectados con VIH que abusan sexualmente de las personas más vulnerables va en aumento en Uganda. Los portadores propagan el mortal virus a niños, niñas y adolescentes en este país, donde una persona de cada 10 es seropositiva o ya padece del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida).
Con ese argumento, el gobierno ugandés prepara un proyecto de ley que asegure la aplicación de la pena de muerte a los culpables de infectar con VIH a menores de 18 años.
Si se aprueba la iniciativa, una persona portadora del virus que tenga una relación sexual con una menor cometerá el delito denominado "deshonra agravada" y será pasible de recibir como sentencia la pena capital, declaró Elioda Tumwesigye, presidente del comité parlamentario sobre VIH/sida.
Deshonra se refiere al acto sexual con una persona de 18 años o menos, con o sin su consentimiento.
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Organizaciones de derechos humanos de este país creen que la normativa está fuera de foco. En vez de centrarse en asuntos innecesarios tales como la pena máxima habría que volcar más esfuerzos a la lucha contra el VIH/sida y a las campañas para crear conciencia sobre la enfermedad.
Además, el Estado debería invertir más en la policía y en agencias de investigación para asegurar la prevención de delitos y la protección de menores, dijo a IPS gubernamental Fundación para una Iniciativa de Derechos Humanos, con sede en Kampala, Livingstone, director ejecutivo de la no gubernamental Fundación para una Iniciativa de Derechos Humanos, con sede en Kampala.
"Cuando suscribes a la pena de muerte, le das una excusa inaceptable al Estado para perder u olvidar su función esencial de mantener la ley y el orden", señaló Sewanyana.
El hecho de abusar sexualmente de un menor ya representa una falta de prevención del Estado, argumenta. "Creo que para un Estado cuyo deber es proteger, centrarse en la ejecución de ciudadanos es renunciar a su responsabilidad".
El proyecto en cuestión es uno de los muchos que están en discusión en el parlamento para tratar de lidiar con la creciente epidemia de VIH/sida. Se han redactado varios proyectos que quedaron archivados durante años, pero según Tumwesigye esta sesión del cuerpo legislativo tomará medidas porque el problema se está yendo de las manos.
El presidente de la Comisión de Reforma de la Legislación de Uganda, Joseph Kakooza, presentó a principios de agosto el documento del proyecto de ley sobre VIH que describe en parte la inquietud del gobierno por los crecientes abusos sexuales a menores.
"Hay gran preocupación por las personas que infectan a otras con el VIH. En algunos países se acusa a los portadores del virus que a sabiendas infectan a otras personas y se las califica de asesinos", dijo Kakooza en una sesión parlamentaria.
El proyecto de ley en Uganda se centra específicamente en aquellas personas que infecten a otras con el virus del sida mediante el abuso sexual.
El maltrato sexual a menores en este país está aumentando, según un informe de la organización Red Africana para la Prevención y Protección del Abuso Infantil y el Abandono (ANPPCAN) publicado el año pasado.
El documento reveló que 82,9 por ciento de los 16.800 casos de abuso, ocurridos en un lapso de tres meses en 2004, fueron de carácter sexual, por encima de los 4.495 registrados en 2002.
La mayor cantidad de víctimas fueron niñas, al llegar a 85,8 por ciento de los casos documentados.
En Uganda, las personas halladas culpables de violación y deshonra ya podrían ser sentenciadas a la pena de muerte, pero los jueces se inclinan en general por condenas menos drásticas. Hasta el momento no se ha dictado la pena capital por estos delitos.
Además de discutir la obligatoriedad del castigo extremo, los parlamentarios debatirán si una persona que viola a niños o niñas debe recibir el mismo castigo que la que deshonra a un adolescente.
El problema para el gobierno es cómo definir la edad para el consentimiento a las relaciones sexuales, pues hubo un pedido para bajarla de 18 años a 16.
Organizaciones defensoras de derechos humanos temen que la aplicación de la pena de muerte a los agresores sexuales, por defecto, sólo oculte el verdadero problema. El informe de ANPPCAN también reveló que 90 por ciento de los supuestos responsables eran parientes cercanos, complicando el proceso judicial.
Muchos padres en estos casos prefieren resolver el problema fuera de los tribunales, porque no quieren que sus parientes vayan a prisión de por vida o, peor, que sean ahorcados.
El documento también revela que los casos de abusos sexuales denunciados a la policía y que aparecen en la prensa estuvieron muy por encima de los que llegaron a la justicia. Según ANPPCAN, esto significa que esas cuestiones se resuelven en privado.
En este país son comunes los acuerdos fuera de tribunales, muchas veces a través de compensaciones mediante dinero, ganado o paquetes de "mantenimiento" si la joven queda embarazada.
"El abuso sexual infantil es un gran problema que requiere de mayores medidas", concluye el informe.
En este país ya hubo varios debates sobre la pena capital, en especial durante el proceso de redacción de la Constitución, finalizado en 1995. La mayoría de los delegados a la Asamblea Constituyente votaron por no derogarla, pese a la presión de organizaciones de derechos humanos.
Desde que asumió en 1986 el gobierno de Yoweri Museveni fueron ejecutadas 51 personas. En este momento hay 555 personas en el pabellón de los condenados a muerte, 27 de las cuales son mujeres, según el Departamento Penitenciario.
Las organizaciones no gubernamentales recuerdan que la pena capital es una violación flagrante a los derechos humanos y la vida. No sólo le quita la posibilidad al sistema judicial de corregir errores sino que niega a las víctimas toda posibilidad de rehabilitación.
"En general estamos convencidos de que la pena de muerte no es un castigo. Después de todo, en (algún momento) todos vamos a morir. (Este castigo extremo) no permite la rehabilitación. La idea que subyace al castigo es la posibilidad de que la persona se redima, y para la sociedad, cambiar su curso", dijo Sewanyana.
