Al reducir la lista de delitos sancionables con la pena de muerte, el gobierno de Jordania avanza un paso en su intención de convertirse en el primer país de Medio Oriente en abolir este castigo.
Pero la medida no recibió un aplauso unánime. La legislación resultó, por ejemplo, impopular dentro de Jordania y cuestionada por numerosos abogados, que consideran esta condena extrema imprescindible en un país de hondas raíces tribales como éste.
Pero el rey Abdullá II se comprometió ante la prensa europea a abolir completamente la pena capital en breve.
Mientras, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) calificó la medida del gobierno de "simbólica, en el mejor de los casos", y activistas locales la consideraron un progreso hacia la abolición.
En agosto, el gobierno borró cuatro crímenes —relacionados con el tráfico de drogas y con la posesión de explosivos y armas— de la lista de delitos castigables con la pena capital.
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Aún pueden sufrir esa pena los condenados por homicidio, violación, terrorismo, narcotráfico, traición y espionaje. "Si la pena de muerte se mantiene para esos delitos, no habrá una disminución de las ejecuciones", estimo la FIDH, para la cual la medida carecerá de efectos prácticos.
Según cifras oficiales, 41 personas fueron ejecutadas en Jordania desde 2000, condenadas por delitos que aún pueden ser castigados con la pena capital, como asesinato, terrorismo o agresión sexual.
Organizaciones jordanas reflejan la posición de otras de todo el mundo, como la FIDH, Human Rights Watch y Amnistía Internacional, según la cual la pena de muerte contradice los valores de libertad y de dignidad humana.
Estas instituciones manifiestan preocupación por que el Tribunal de Seguridad del Estado, responsable por la mayoría de las sentencias de muerte, continuará intacto tras la restricción de los delitos para los que se prevé ese castigo.
Este cuerpo judicial incluye jueces militares —incluido su presidente— designados por el primer ministro, por lo que su existencia viola los principios de independencia judicial y de separación de poderes, según los activistas.
Las condenas a muerte en tribunales de apelaciones no requieren unanimidad. La FIDH detectó sentencias aprobadas por cinco votos contra cuatro.
"La tortura y el maltrato en centros de detención en Jordania son otra preocupación bien documentada que deja en evidencia la necesidad de abolir totalmente la pena capital", advirtió la organización.
Pero la medida tomada por el gobierno fue aplaudida por activistas jordanos como un primer paso hacia la abolición de la pena capital. "Hemos presionado para acabar con ella durante años", dijo a la agencia de noticias IRIN Essam Rababa'ah, de la organización Adaleh Derechos Humanos.
De todos modos, Rababa'ah exhortó al gobierno a considerar de inmediato la abolición completa de la pena de muerte.
El presidente del Colegio de Abogados de Jordania, Saleh Al-Armouty, se manifestó en contra de la restricción de la pena de muerte, así como muchos colegas suyos y amplios sectores de la población.
"Esto es absolutamente inaceptable. Grupos de derechos humanos de orientación dudosa no deberían interferir en nuestro sistema legal", dijo Al-Armouty, para quien las sentencias de muerte son infrecuentes en Jordania.
"Tengo mis reservas", dijo a IPS, por su parte, el abogado Adnan Al-Momani, ex fiscal general del Departamento de Aduanas. "La naturaleza tribal de la comunidad jordana aumenta el riesgo de crímenes por venganza."
"Rechazo categóricamente la abolición de la pena de muerte", dijo a IPS el director del diario jordano Al-Hayat, Saad Azzouni. "Es un fuerte disuasivo del crimen. Abolirla sólo alentaría la delincuencia."
A pesar de la fuerte reacción pública, el rey Abdullah II se comprometió, entrevistado por un diario italiano, a la abolición completa.
"Jordania se convertirá pronto en el primer país de Medio Oriente sin pena capital", aseguró el monarca.
