El gobierno de unidad nacional del primer ministro chiita Nouri al-Maliki no cumplió sus promesas de mejorar las vidas de los iraquíes. Cinco meses después de su llegada al poder, el país todavía soporta una creciente violencia sectaria y servicios públicos casi inexistentes.
Edificios desvencijados y en ruina se alinean calle tras calle en Bagdad. Las mismas vías están congestionadas por un tráfico caótico. Hay puestos de control establecidos por guardaespaldas privados. El gobierno no controla ni siquiera la capital.
Taxistas chiitas temen ingresar a vecindarios sunitas por miedo a los insurgentes de esa comunidad. Del mismo modo, los choferes sunitas no conducen dentro de áreas chiitas, donde temen que cualquiera con un documento de identidad que sugiera que es sunita pueda ser asesinado en puestos de control de las milicias chiitas.
El gobierno considera presentar un "proyecto de desarme de milicias" en el parlamento el mes próximo.
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"Las milicias son un gran problema y una amenaza al gobierno y al pueblo de Iraq", dijo el viceprimer ministro Barham Salih. "Las fuerzas políticas deben dejar las armas y participar en el proceso político del país. De otro modo, no aceptaremos esto".
El gobierno fijó la seguridad y la reconciliación como sus prioridades, pero hasta ahora se logró muy poco. Las últimas cifras sugieren que la cantidad de víctimas de la violencia sectaria cayó a 1.485 personas en agosto, en relación a las 1.859 de julio. Pese a esta reducción de 14 por ciento en las matanzas, todavía hay fundados temores de que el país vaya gradualmente a una guerra civil.
Los iraquíes dicen que cualquier plan para un país mejor debería abordar asuntos clave de seguridad y también el fin de la presencia de fuerzas extranjeras.
"Como una de sus prioridades, el gobierno de Al-Maliki tiene que hacer lo mejor para controlar la situación de seguridad, que se ha vuelto muy peligrosa", dijo a IPS Nabeel Mohammed Salim, académico de ciencia política en la Universidad de Bagdad. Sin embargo, ningún otro gobierno puede hacerlo mejor que el de Al-Maliki en las actuales circunstancias, estimó.
Y un cambio en las circunstancias debe significar una salida de tropas extranjeras, manifestó. "Tiene que establecerse un calendario para poner fin a la ocupación y para la retirada de las fuerzas ocupantes", sostuvo.
El gobierno iraquí depende demasiado de fuerzas extranjeras, opinó Salim. "El gobierno no tiene la capacidad de ejercer sus funciones sin interferencia de los estadounidenses", agregó.
Si la situación continúa como hasta ahora, las consecuencias de no reducir la violencia pueden ser severas, afirmó Salim. Ahora hay una "guerra civil solamente entre milicias", pero si no se la frena puede expandirse a "civiles y personas de otros grupos y partes del país también".
A medida que aumenta la insurgencia liderada por los sunitas en las regiones central y noroccidental de Iraq, funcionarios de Washington admiten haber hecho mal los cálculos sobre la posguerra en el país, invadido en marzo de 2003 por una fuerza extranjera encabezada por Estados Unidos.
"No esperábamos que la insurgencia durara tanto tiempo", señaló el vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, a la cadena de televisión NBC la semana pasada. "Creo que el movimiento insurgente está dando sus últimos respiros", había dicho el año pasado.
Algunos creen que la propia composición del gobierno iraquí constituyó un obstáculo para su éxito.
En las dos elecciones previas, los árabes chiitas y sunitas y los kurdos votaron por una agenda sectaria y étnica de los partidos que representaban a sus comunidades. En última instancia, eso resultó en un reparto del poder político según líneas sectarias, lo que ha llevado a algunos a exigir el reemplazo del actual gobierno.
"Tenemos que formar otro gobierno sobre una base nacional", expresó Salim. "Deberá trabajar por el interés nacional de todos los iraquíes, y no por los intereses de un sector o partido en particular".
