El caso de la prisión estadounidense establecida en la base naval de Guantánamo, en la isla de Cuba, constituirá el plato fuerte de la minuta que se servirá al Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante la sesión de tres semanas que se iniciará el próximo lunes 18.
El presidente de ese cuerpo de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), el mexicano Luis Alfonso de Alba, informó a IPS del debate sobre Guantánamo que sostendrán el miércoles venidero los representantes de los 47 Estados que integran el Consejo.
La discusión girará en torno al informe del grupo de trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias y a la relación de los cinco expertos independientes que no pudieron visitar a unos 500 detenidos en la cárcel de la Bahía de Guantánamo, en el sudeste de Cuba, precisó De Alba.
El examen del caso de Guantánamo en el Consejo se convertirá en "un espectáculo político" porque interrumpirá la atonía que caracteriza al organismo desde que inició sus funciones en junio pasado, comentó un diplomático latinoamericano que pidió reserva de su nombre.
El Consejo fue creado en marzo de este año por la Asamblea General de la ONU para reemplazar a la Comisión de Derechos Humanos que en sus casi 60 años de existencia había sumado múltiples aciertos en la construcción del esqueleto jurídico de esa especialidad, pero también errores por la politización de sus decisiones.
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Una de las cuestiones que por esa causa esquivó la hoy desaparecida Comisión fue precisamente la de Guantánamo, donde Estados Unidos mantiene encerradas, sin derecho a juicio ni defensa, a personas sospechosas de terroristas.
Los cinco relatores especiales de la ONU pidieron a Estados Unidos, en su informe de febrero pasado, que cerrara de inmediato el centro de detención de Guantánamo y que enjuiciara a todos los detenidos o, en caso contrario, los liberara.
Los expertos son Leandro Despouy, relator sobre la independencia de los jueces y de los abogados, Manfred Nowak, relator sobre la tortura, Asma Jahangir, de libertad de religión, Leila Zerrougui, de detenciones arbitrarias, y Paul Hunt, de salud física y mental.
En julio, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos rechazó una directiva de Washington que negaba a los sospechosos de terrorismo la protección de las Convenciones de Ginebra, base del derecho internacional humanitario que rige el trato a los prisioneros de guerra y la situación de la población civil en situaciones de conflicto armado.
El seis de este mes, el gobierno estadounidense ordenó a las Fuerzas Armadas tratar a todos sus detenidos, incluidos los sospechosos de terrorismo, de acuerdo con las Convenciones de Ginebra. Sin embargo, Washington no ha abandonado su idea de someter a los detenidos a tribunales militares sin las garantías del debido proceso.
El debate en Ginebra, durante la sesión vespertina del miércoles 20, será la base de una condena a Estados Unidos, pronosticó la fuente diplomática. Para la mayoría de los países será muy difícil votar en contra de una resolución en ese sentido "salvo que el texto sea demasiado ofensivo contra el gobierno estadounidense", estimó.
El Consejo reactivará el funcionamiento del mecanismo de presentación de denuncias mediante comunicaciones confidenciales, conocido como "procedimiento 1.503", que encomienda al Grupo de Trabajo sobre Situaciones el examen de las quejas de particulares o de grupos que afirman ser víctimas de violaciones de los derechos humanos.
En la sesión del lunes 25, el Consejo examinará el informe de ese grupo de trabajo que contiene cargos serios contra Irán y Uzbekistán, conforme aseguraron a IPS fuentes cercanas al área de derechos humanos de la ONU. La votación sobre las eventuales condenas a los dos países se resolvería el 3 de octubre.
Sin embargo, De Alba vislumbró la posibilidad de que el Consejo evite en esta sesión los debates y las votaciones sobre temas específicos o sobre países individuales. En cambio, la mesa del Consejo que preside el diplomático mexicano intentaría presentar "resoluciones ómnibus" con pronunciamientos sobre diferentes cuestiones condensadas cada una en unos pocos párrafos.
De esa manera, el Consejo podría obtener con mayor facilidad un consenso en torno a cada asunto y, al mismo tiempo, se libraría del estigma de retórica que pesó sobre la extinta comisión a causa del palabrerío repetido cada año en sus resoluciones.
Con relación a los casos de países, la Unión Europea anunció este jueves que propondrá el debate de los casos de Estados que no han cooperado con el sistema de derechos humanos de la ONU. En particular, los europeos aludieron a Belarús, Corea del Norte y Birmania.
Esos países no han cooperado con los relatores especiales designados por la ONU ni tampoco los han dejado entrar a sus territorios en misión observadora. Sin embargo, la Unión Europea sólo menciona esos casos porque corresponde a expertos designados en decisiones promovidas por ese bloque regional.
En otros casos de situaciones de países, el Consejo escuchará los informes de los relatores, comenzando el martes 19 por el experto Adrian Severin, sobre el caso de Belarús. Una semana después, se presentarán los informes de Ghanim Alnajjar, sobre Somalia, de Christine Chanet, sobre Cuba, de Yash Ghai, sobre Camboya, de Louis Joinet, sobre Haití, y de Vitit Muntarbhorn, sobre Corea del Norte.
Luego tocará el turno a Titinga Frédéric Pacere, relator sobre la República Democrática del Congo, a Paulo Sérgio Pinheiro, sobre Birmania, Sima Samar, sobre Sudán, y Charlotte Abaka, sobre Liberia.
Durante la sesión, que concluirá el 6 de octubre, el Consejo tendrá también la posibilidad de escuchar informes, por lo menos preliminares, de los expertos enviados en las últimas semanas a Palestina y a Líbano.
Los países miembros del Consejo que también forman parte de la Organización de la Conferencia Islámica "reclamarán seguramente que se les informe de lo observado por las misiones a Medio Oriente", opinó el diplomático latinoamericano.
Este asunto originó ásperos debates en la antigua comisión, donde dividió a sus 53 Estados miembros en dos bloques que a grandes rasgos representaban a los países industrializados, favorables a las posiciones de Israel, y a los países en desarrollo, que en su mayoría sostenían la causa palestina.
El presidente De Alba intentará incluir también estas cuestiones en la "resolución ómnibus" que confía obtener por consenso, comentó la misma fuente.
Mientras el Consejo debate los informes temáticos y de países presentados por los expertos independientes, dos grupos de trabajo proseguirán esbozando el andamiaje del cuerpo. Uno de los grupos se encarga precisamente de definir el futuro de los mecanismos especiales, que son esos relatores independientes, como también de los grupos de trabajo y los expertos designados por el secretario general de la ONU.
Dentro del mismo tema se encuentra el debate sobre el organismo consultor del Consejo, llamado a desempeñar el mismo papel que la desaparecida Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos tenía con respecto a la comisión.
El otro grupo de trabajo discute una fórmula para poner en práctica el mandato de la Asamblea General de la ONU, que encomendó al Consejo la realización cada tres años de un examen universal de la vigencia de los derechos humanos.
La idea concibe una revisión periódica de todos los Estados miembros de la ONU. De esa manera, se evitaría el juzgamiento permanente de los mismos países y se desvirtuarían las acusaciones de "selectividad" que por ese motivo se dirigían a la comisión.
El presidente De Alba admitió que las tareas de esos dos grupos avanzan con suma lentitud, pero recordó que el Consejo tiene plazo hasta junio de 2007, fijado por la Asamblea General, para definir su estructura de funcionamiento.
