Un equipo de especialistas en derechos humanos de la ONU expuso contundentes argumentos contra la prisión que Estados Unidos mantiene en la base naval de Guantánamo, Cuba, y anunció que proseguiría investigando otros centros secretos de detención en Iraq, Afganistán y en otros sitios.
Los cinco expertos pidieron al Consejo de Derechos Humanos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) que urgiera a Estados Unidos a poner fin a las violaciones de esas garantías que se cometen contra unos 450 detenidos sin proceso legal que se encuentran en Guantánamo.
Desde 2002, cuando se iniciaron las primeras investigaciones de los relatores especiales sobre los abusos en Guantánamo, Estados Unidos ha eludido sanciones de los cuerpos especializados de la ONU, la Comisión de Derechos Humanos, que concluyó sus funciones en abril pasado, y el Consejo que la reemplaza desde junio.
Pero esa invulnerabilidad puede acabar en el presente período de sesiones del Consejo, iniciado este lunes y que concluirá el 6 de octubre.
Manfred Nowak, el relator sobre torturas, uno de los cinco expertos responsables del informe sobre Guantánamo, hizo notar que todos los miembros de Consejo que hablaron después de la presentación del documento expresaron respaldo a su contenido.
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La única voz disonante fue la de Estados Unidos, aunque este país no forma parte del organismo integrado por 47 Estados.
Ahora la responsabilidad reposa en el Consejo, advirtió el relator sobre independencia de los jueces y de los abogados, Leandro Despouy. El experto estimó que el silencio del Consejo afectaría la credibilidad de la ONU.
La delegación de Finlandia dijo en nombre de la Unión Europea que si bien compartía la lucha contra el terrorismo, en esas acciones deben respetarse los derechos humanos.
En cambio, el régimen aplicado en Guantánamo no sólo ha implicado una grave afrenta a los derechos humanos de las personas detenidas sino que también ha significado una derrota en el combate jurídico contra el terrorismo, comentó Despouy a IPS.
Los métodos de Guantánamo no condujeron a la condena de los acusados y a la vez impidieron la liberación de los inocentes, explicó el relator.
El informe presentado por Leila Zerrougui, presidenta del grupo de trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias, mencionó que desde las primeras observaciones del grupo de expertos no se han registrado progresos sustanciales para prevenir las serias violaciones contra los detenidos en esa base naval de Estados Unidos en territorio cubano.
Por el contrario, la reciente admisión de que existen otros sitios de detención secreta, indica la existencia de abusos muy graves en la "alegada cacería de terroristas" y requiere la atención urgente del Consejo, dijo Zerrougui.
Los relatores de la ONU dijeron que en julio se sintieron alentados por la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de proscribir las comisiones militares responsables del trato con los prisioneros de Guantánamo y también por señales desde altos cargos del gobierno de Estados Unidos de sus intenciones de cerrar esa cárcel.
Hoy comprobamos con gran preocupación que el gobierno (estadounidense) no ha dado paso alguno para cerrar Guantánamo, por el contrario, está construyendo un nuevo edificio que será habilitado a fines de este mes, expresó el informe.
El representante de Estados Unidos, Warren W. Tichenor, replicó que su país no tiene interés en ser el carcelero del mundo. En efecto, recordó que el presidente George W. Bush y otros altos funcionarios han dicho en numerosas ocasiones que desearían el cierre de Guantánamo.
Pero esa prisión sólo se clausurará cuando "podamos protegernos, y también a nuestros aliados, de las amenazas que representan los hombres peligrosos encarcelados allí", dijo Tichenor.
El delegado estadounidense sostuvo que el informe de los relatores carecía del respaldo de pruebas reales. Los expertos ignoraron la información voluminosa aportada por Washington y en cambio se fundaron en acusaciones de segunda y tercera mano provenientes de informes periodísticos y de contactos con los abogados de los detenidos.
Nowak negó haber usado fuentes de segunda mano y sostuvo que el informe se basó en informaciones del gobierno de Estados Unidos y en documentos que circularon después del levantamiento de su carácter secreto.
El relator sobre salud física y mental, Paul Hunt, expresó preocupación por los efectos de las violaciones en las condiciones mentales de los detenidos y recordó el suicidio de tres de ellos el 3 de junio.
A su vez, la relatora sobre libertad de religión, Asma Jahangir, relató que en su país, Pakistán, había entrevistado a dos hombres liberados de Guantánamo. Los dos paquistaníes habían sido acusados sin fundamentos por miembros de la inteligencia de su gobierno, que a cambio recibieron una recompensa de militares estadounidenses.
Despouy comentó que el informe de los relatores muestra al mundo el rotundo fracaso de las detenciones secretas.
Cualquiera sea el régimen político, una gran democracia como Estados Unidos o una dictadura como las que existieron en América Latina u otras regiones del mundo, es evidente que las detenciones secretas conducen en todos los casos a violaciones graves y flagrantes de los derechos humanos, dijo.
