La Corte de Apelaciones de Santiago decidió este miércoles paralizar la entrega de la píldora del día después a menores de 18 años que no tuvieran autorización de sus padres, acogiendo dos recursos de no innovar presentados ante los tribunales contra la medida del Ministerio de Salud de Chile.
El ministro portavoz de gobierno, Ricardo Lagos Weber, dijo este miércoles que el Poder Ejecutivo acatará la resolución de la justicia, pero defenderá ante los tribunales la nueva norma anunciada por la ministra de Salud el día 2, que autoriza la prescripción y entrega gratuita en los servicios públicos del país de anticonceptivos tradicionales y de emergencia a mujeres mayores de 14 años que los soliciten, sin necesidad del consentimiento de sus progenitores.
"Vamos hacer valer todos nuestros puntos de vista porque entendemos que nos asiste la razón en esta materia, creemos que el gobierno está en su perfecto derecho de introducir esta política", sostuvo Lagos Weber.
"¿Qué significa esto? ¿Que ahora en las farmacias un joven de 17 años tiene que ir acompañado de su padre para comprar un preservativo? ¿Por qué vamos a discriminar a los consultorios con respecto a las farmacias?", ejemplificó el ministro secretario general de gobierno, recordando que en estas últimas se pueden compran anticonceptivos de emergencia sólo presentando receta médica.
De igual forma, la titular de Salud, Soledad Barría, anunció que esa cartera presentará un recurso de reposición ante los tribunales para que queden sin efecto las órdenes de no innovar presentadas contra la medida gubernamental.
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La quinta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago determinó este miércoles que los consultorios y hospitales sólo pueden distribuir la píldora del día después a las jóvenes mayores de 14 años y menores de 18 años que cuenten con el consentimiento de sus padres, luego de acoger las órdenes de no innovar contenidas en dos recursos de protección presentados por el alcalde de la capitalina comuna de La Florida, Pablo Zalaquett, y por dos ciudadanos particulares.
El tribunal paralizó la entrega libre de estas pastillas hasta que analice el "fondo del asunto", esto es, la supuesta vulneración del derecho de los padres a elegir cómo educar a sus hijos en materia afectiva y sexual, como sostienen las dos acciones legales presentadas ante la justicia.
La Corte se manifestará a favor o en contra de los recursos de protección una vez que el Ministerio de Salud informe con más detalle a los magistrados sobre la medida.
"Es lamentable. Yo creo que esto le va a hacer muy mal a este país porque va a haber más embarazos adolescentes —hay 40.000 al año—, va a haber más abortos, más madres jóvenes que van a morir, más mortalidad juvenil y va a haber más sufrimiento", señaló el senador del oficialista Partido Por la Democracia (PPD), Guido Girardi.
En tanto, la presidenta del también oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC), Soledad Alvear, dijo que "tratándose de niñas entre 14 y 18 años es importante que cuenten con la autorización de los padres".
La disposición tomada por el gobierno sobre la píldora del día después forma parte de las nuevas Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad que se deben aplicar desde este mes en todos los consultorios y hospitales del país.
Los anticonceptivos de emergencia son píldoras que se toman en dosis especiales dentro de los primeros cinco días o 120 horas después de una relación sexual no protegida para prevenir un embarazo. Estos compuestos pueden impedir o retrasar la liberación del óvulo y afectar el transporte de los espermatozoides, interfiriendo en la fecundación. La Organización Mundial de la Salud estableció que no son abortivos, ni afectan un embarazo ya iniciado.
Pero la medida provocó el inmediato rechazo de la Iglesia Católica y de la oposición derechista, que consideran que la píldora del día después es abortiva y promoverá la promiscuidad entre los jóvenes. También plantean que vulnera el derecho de los padres de velar por la educación de sus hijos. Más tarde, se sumó a las críticas el PDC.
Los primeros en oponerse a la medida fueron algunos ediles del ultraconservador partido Unión Demócrata Independiente (UDI), quienes presentaron recursos de protección para frenar la entrega de los anticonceptivos de emergencia, dado que los municipios son los encargados de administrar los consultorios médicos públicos.
Incluso la alcaldesa de la comuna de Huechuraba, Carolina Plaza, también de la UDI, presentó un recurso de protección adjuntando una decena de estudios científicos que supuestamente avalaban la tesis de que la píldora del día después producía cáncer de mama en las menores de edad.
Esto provocó la airada reacción de los profesionales del Instituto Chileno de Medicina Reproductiva, quienes señalaron que "la afirmación de Plaza era absolutamente falsa".
En tanto, la Conferencia Episcopal publicó el día 7 un documento titulado "¿Hacia donde va Chile?", en el que plantea que las Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad recuerdan a "políticas públicas fijadas en regímenes totalitarios que pretendían desde el Estado regular la vida íntima de las personas en función de criterios autoritarios, no consensuados, y reñidos con el respeto a la dignidad de la persona humana".
La Iglesia afirma en su documento que la nueva política gubernamental "establece ciertas disposiciones para todo el país que no fueron sujetas a consultas ciudadanas o participación parlamentaria. Establecer 'Normas' para 'regular' la fertilidad debiera ser objeto de una discusión amplia y no una acción unilateral del Ministerio de Salud, en cuya elaboración colaboraron solamente dos organizaciones representativas de una determinada tendencia ideológica".
La presidenta Bachelet respondió a los cuestionamientos de la Conferencia Episcopal señalando que "a nosotros en este país nos costó extraordinariamente conquistar la democracia" y que el Chile de hoy garantiza la dignidad de las personas.
"Mi tarea, mi obligación y mi deber es garantizarle a todos los chilenos del Chile real opciones en esta área como en otras", dijo la mandataria, reiterando que ella no impone sus creencias ni sus opiniones, "sino que ofrezco, como corresponde en todo Estado, opciones para un Chile diverso, un Chile distinto, donde no son todos iguales y no tienen las mismas posibilidades".
"Nosotros esperamos que cuando la Corte se pronuncie sobre el fondo del asunto rechace la solicitud de los padres y alcaldes, porque no existen fundamentos jurídicos para que ellos se opongan a la aplicación de una política pública" como ésta, señaló a IPS Paula Salvo, abogada de la no gubernamental Corporación Humanas.
"Los adolescentes, como sujetos de derechos, tienen derecho a la intimidad, es decir, a decidir con quién tienen relaciones sexuales y de qué manera se protegen para prevenir embarazos o enfermedades. Y el derecho a la intimidad está por sobre la autoridad paterna", explicó Salvo.
El gobierno señaló desde el primer momento que la medida era de orden estrictamente sanitario, ya que buscaba frenar el aumento de los embarazos adolescentes, de los abortos y del nacimiento de hijos no deseados. Y aclaró que impulsaría a los y las jóvenes a llevar una sexualidad responsable, brindándoles una completa orientación en los servicios de salud.
Antes del anuncio gubernamental, la píldora del día después se entregaba sin costo en todos los consultorios del país únicamente en casos de violación. También se vende con receta médica en cualquier farmacia del mercado.
