El Comité de Derechos Humanos de la ONU reclamó a Estados Unidos la moratoria sobre la pena de muerte, la mayoría de cuyas víctimas son pobres y pertenecen a comunidades étnicas minoritarias. Pero el gobierno ignoró la recomendación.
Las organizaciones de derechos humanos de Estados Unidos prometen seguir ejerciendo presión.
El informe del Comité, integrado por 18 expertos independientes, "ayuda a mostrar que Estados Unidos está cada vez más aislado", dijo a IPS el portavoz de la Coalición Nacional para la Abolición de la Pena de Muerte, David Elliot, en entrevista telefónica desde Washington.
"Es muy importante que los estadounidenses recuerden que somos uno de los pocos países industrializados que aún mantienen la pena capital", indicó.
El reclamo de una moratoria inmediata de la pena capital surgió de la revisión de rutina del cumplimiento por parte de Estados Unidos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por 156 países, entre ellos el norteamericano.
La revisión, cuyos resultados fueron difundidos en julio en Ginebra, es un procedimiento cuya realización está prevista cada cuatro años. Pero en esta ocasión se retrasó más de siete años porque el Departamento de Estado (cancillería) estadounidense se demoró en enviar el informe oficial, informó el Comité.
Las recomendaciones respecto de la pena de capital no recibieron mucho destaque en los medios de comunicación, eclipsadas por otros aspectos del informe, entre ellos las fuertes críticas al maltrato de prisioneros en la base naval de Guantánamo, las torturas a detenidos y las acusaciones de espionaje interno.
El Comité también expresó preocupación respecto de la disparidad racial y el trato dispensado a los homosexuales en este país.
De hecho, la mayor coalición de organizaciones no gubernamentales en la historia reciente de Estados Unidos, con más de 150 integrantes, se constituyó para obligar a Washington a actuar de conformidad con el Pacto, que este país firmó y ratificó en 1992.
La coalición, que reúne a grupos tan dispares como víctimas del Huracán Katrina, homosexuales y abogados que defienden a condenados a muerte y prisioneros en la base naval de Guantánamo, declaró que seguirá presionando a Estados Unidos para que cumpla con tratado.
"Utilizaremos el informe del Comité para que Estados Unidos se comprometa a cambiar", señaló Rob Freer, a cargo de sección de abolición de la pena de muerte de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, en entrevista telefónica desde Londres.
El Comité descubrió un deterioro de los derechos humanos en todo el país, indicó Christine Chanet, presidenta de la sesión recién concluida del órgano.
"Si lees el informe de hace 10 años verás que no era tan duro", dijo Chanet por teléfono a IPS, desde Francia. "Debemos decirles que están yendo en la dirección equivocada."
La Convención no impide el uso de la pena de muerte, pero compromete a los países ratificantes a su abolición a largo plazo y a la imposición, mientras tanto, de criterios muy rigurosos a su aplicación. El castigo debe tender a la rehabilitación, según el Comité.
Pero el órgano descubrió que en Estados Unidos es parte de la rutina ejecutar o condenar a cadena perpetua a enfermos mentales e impedir que delincuentes en prisión de por vida y menores en el momento de cometer el delito se beneficien de la libertad condicional.
"El Comité de Derechos Humanos sostuvo que encerrar a menores de por vida, sin posibilidad de salir con libertad condicional es un delito internacional", señaló Freer.
Los menores están más predispuestos a la rehabilitación, por lo que es necesario darles las oportunidades apropiadas, agregó.
Se cree que en este país hay al menos 72 personas cumpliendo cadena perpetua que eran menores al momento de cometer el delito.
Además, el informe del Comité menciona estados de Estados Unidos que eluden el dictamen de la Corte Suprema de Justicia federal contra la ejecución de discapacitados mentales y personas con problemas psiquiátricos, pues, de todas formas, los mata.
El documento revela que este país impone la pena de muerte a las minorías y a personas de bajos recursos de manera desproporcionada.
Además, Estados Unidos aumenta, en lugar de reducir, el número de delitos por los cuales un condenado puede terminar en el cadalso. Por ejemplo, la legislación de estados como Carolina del Sur y Oklahoma admite la pena capital para reincidentes de sometimiento sexual de niños.
El informe del Comité concluye que la legislación estatal y nacional de este país debe ser revisada "con miras a restringir el número de delitos castigables con la pena de muerte", y exhorta a Estados Unidos a establecer una moratoria sobre la pena capital.
Delegados de este país se negaron a realizar comentarios a IPS.
Pero en su respuesta formal a las acusaciones del Comité afirmaron que "las limitaciones constitucionales de Estados Unidos, las leyes federales y estatales y las prácticas gubernamentales limitaron la pena de muerte a los delitos más graves y evitaron su imposición como forma de discriminación racial".
Tanto Freer, de Aministía Internacional, como Elliot, de la Coalición Nacional, dijeron haber quedado estupefactos con la declaración. Sesenta y tres por ciento de los condenados a muerte no son blancos ni de origen europeo, sector que comprende apenas a 25 por ciento de la población.
Por otra parte, los negros, 12 por ciento de los 270 millones de habitantes, constituyen 42 por ciento de los condenados a la pena capital.
Ambas organizaciones consideraron que el informe del Comité no tendrá repercusiones inmediatas en Estados Unidos, pero aclararon que, de todos modos, se trata de una herramienta importante.
La Corte Suprema de Justicia comienza de a poco a mencionar normas internacionales en sus dictámenes, y se refirió al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos cuando brindó asesoramiento hacia la aprobación en 2005 de una ley que abolió las ejecuciones de menores.
El informe pide que Estados Unidos imponga una moratoria inmediata sobre las ejecuciones, pero la delegación de ese país insistió en que el gobierno federal no tenía poder para hacer eso, pues, alegó, la mayoría de las condenas corresponden a jurisdicciones estatales.
Esta reivindicación de federalismo es "un verdadero obstáculo" para los abolicionistas, sostuvo Freer, aunque no un impedimento total.
"Reclamamos al gobierno de George W. Bush que imponga una moratoria a las ejecuciones federales para mostrar así un liderazgo moral", añadió.
***** + Coalición Nacional para la Abolición de la Pena de Muerte, (http://www.ncadp.org/) + Pena de muerte – Cobertura especial de IPS Noticias (https://www.ipsnoticias.net/_focus/penademuerte/index.asp) (FIN/IPS/traen-vf-mj/al/mg/na dp hd/06)
