Cuatro estados del sur y uno del norte de Estados Unidos prevén en sus leyes la muerte como castigo para condenados por delitos sexuales contra niños y niñas, lo cual, según expertos y activistas, no desalienta estos crímenes.
Por otra parte, miembros del movimiento abolicionista prevén que esas leyes serán declaradas inconstitucionales.
A pesar de las advertencias, el sudoriental estado de Carolina del Sur y el meridional de Oklahoma consagraron en los últimos meses leyes que prevén la pena capital para los abusadores sexuales de niños y niñas reincidentes.
Este tipo de normas ya estaban vigentes en los sudorientales estados de Louisiana y Florida y en el septentrional de Montana.
Los gobernadores de Oklahoma y Carolina del Sur alegaron que la violencia sexual contra niños es equivalente al asesinato, pues causa daños permanentes a las víctimas.
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"Se trata de enviar un mensaje muy claro: algunas líneas no deben cruzarse. El castigo para quien lo haga será severo", dijo el gobernador de Carolina del Sur, Mark Sanford. La nueva ley en ese estado prevé la muerte de quienes reincidan en violencia sexual contra menores de 11 años.
"Permitimos la pena de muerte para alguien que mató un cuerpo… ¿Por qué libraríamos de ese castigo a quien mata un alma?", preguntó el senador al de Oklahoma Jay Paul Gumm, autor del respectivo proyecto de ley, previsto para reincidentes de delitos sexuales contra menores de 14 años.
Pero, a pesar de admitir la gravedad de estos crímenes, los impulsores de la abolición de la pena de muerte consideran que tales argumentos son irracionales e inconstitucionales.
"Obviamente, es un delito muy, muy serio", dijo a IPS John Holdridge, director del proyecto de pena capital de la Unión para las Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU). "Pero el castigo es desproporcionada para el delito."
Los comentarios de Holdridge parecen coincidir con el fallo de la Corte Suprema Corte de Justicia que estableció, en 1977, que la pena de muerte puede aplicarse solo cuando el condenado es responsable de una muerte.
El caso que fue objeto de esa sentencia se refería a la violación de una adulta en el sudoriental estado de Georgia.
Desde 1964 no se han registrado en Estados Unidos ejecuciones de condenados por violación, y desde 1976 ningún ejecutado había sido condenado por un delito que no involucrara la muerte de la víctima del delito por el cual se lo acusó.
El tribunal observó en su fallo de 1977 que castigar una violación con la muerte era "desproporcionado".
"Sin dudas la violación merece un castigo serio", señaló el veredicto, "pero en términos de depravación moral y del daño a la persona y al público, no se compara con el asesinato, que sí involucra la injustificada toma de la vida humana".
Además, la Corte Suprema calificó la pena de muerte para casos de violación de "un castigo cruel e inusual", lo cual está prohibido por la octava enmienda de la constitución.
Al igual que la mayoría de legisladores de Carolina del Sur y Oklahoma, Gumm razonó que solamente un castigo inusual, como la ejecución, podría disuadir a quienes usan reiteradamente la violencia sexual contra menores.
Un opositor a la pena capital dijo que era "un mensaje muy estúpido", y Holdridge coincidió. "Esta ley es terrible para la víctima", dijo. "No le da ningún incentivo al atacante para dejar con vida a la víctima."
Por otra parte, en la mayoría de los casos de violencia sexual contra niños y niñas las víctimas y los atacantes se conocen.
Holdridge duda que, de preverse la pena de muerte contra esos delitos, los familiares denuncien esos casos, pues, aunque se solidaricen con la víctima, no desearán la ejecución del atacante, según dijeron.
Patrick O. Kennedy fue condenado en 2003 por violar a una niña de ocho años en Louisiana. Su caso está ahora a cargo de tribunales de apelaciones en ese estado. Observadores consideran probable que la demanda termine en el ámbito federal de la Corte Suprema de Justicia.
Quienes proponen la ejecución para los que reincidan en actos de violencia sexual contra niños esperan que esas normas se consoliden, a pesar del precedente contra la pena de muerte en el caso de violación de una víctima adulta en la Corte Suprema en 1977.
Pero los abolicionistas consideran que, a pesar de la actual hegemonía conservadora en el máximo tribunal, no debe descartarse la posibilidad de que los jueces fallen sobre el caso de Louisiana a la luz de aquella sentencia.
"Cuando la condena finalmente llegue a la Suprema Corte, lo más probable es que sea revocada", dijo a IPS Richard Dieter, del Centro de Información sobre Pena de Muerte.
Otros críticos de las leyes de pena de muerte dicen temer que adultos obliguen a niños y niñas a emitir declaraciones falsas para determinar la condena a muerte de una persona.
"En los años 80 y 90 hubo una oleada de juicios de adultos acusados de delitos sexuales contra niños en guarderías", según Amnistía Internacional. "El tiempo demostró que todos o casi todos los acusados eran inocentes."
Profesionales de la salud mental que trabajan con reincidentes de violencia sexual contra niños y niñas dudan del carácter disuasivo de la pena de muerte en esos casos.
"Es una manera muy simplista de tratar el problema del abuso infantil", dijo a IPS Gerald Landsberg, profesor de trabajo social en la Universidad de Nueva York.
Landsberg, autor de varias publicaciones sobre salud mental forense y violencia, dijo que existen hoy varios métodos disponibles para el tratamiento de abusadores de niños, aunque hay una opinión "muy mezclada" sobre su eficacia. Uno de ellos es la castración química.
(*) Con aportes de Aashti Bhartia.
