La instauración de un sistema de protección integral de la infancia es una de las prioridades del gobierno chileno de Michelle Bachelet, pero esto implica repensar las actuales políticas a partir de los intereses de niñas y niños, señalaron autoridades, parlamentarios y expertos en un seminario organizado en esta capital.
El sistema fue propuesto por el Consejo Asesor Presidencial para la Reforma de las Políticas de la Infancia, creado por Bachelet apenas asumió el poder el 11 de marzo, y abarcará desde el proceso de gestación hasta los 10 años de vida.
En esa oportunidad, la mandataria convocó a 14 expertos para elaborar un diagnóstico sobre la situación de la población infantil y hacer propuestas para coordinar los esfuerzos públicos y privados dirigidos a niños y niñas del país.
El informe entregado por el grupo a Bachelet el 29 de junio fue desmenuzado en el seminario "Análisis sobre las conclusiones del Consejo de Infancia", realizado este jueves en la capital chilena, con la participación de autoridades, parlamentarios y organizaciones de la sociedad civil.
"Como Unicef creemos que Chile tiene una oportunidad única en esta materia", dijo a IPS Egidio Crotti, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, quien destacó la realización del informe, la voluntad política y los recursos humanos y financieros con que el país cuenta para abordar una reforma de esta naturaleza.
Para discutir y materializar las sugerencias del consejo, la mandataria creó un comité de ministros de la infancia, integrado por las carteras de Planificación, Educación, Salud, Trabajo y el Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), que está elaborando un conjunto de iniciativas para el sistema de protección integral, algunas de las cuales serán anunciadas por la presidenta el 30 de septiembre.
La ministra de Planificación, Clarisa Hardy, quien preside el comité, comentó que se están analizando acciones inmediatas, que se ejecutarán el próximo año, y de largo plazo. Entre las primeras, está la ampliación de la cobertura de programas que ya entraron en operación, como la apertura de salas cunas y jardines infantiles gratuitos en todo el país.
De igual forma, "se están confeccionando planes nuevos, innovadores y distintos, de carácter transversal", añadió la funcionaria, quien adelantó que los ministerios están redactando varios proyectos de ley que serán presentados a fin de este año.
Las iniciativas van desde el apoyo a las mujeres durante el embarazo hasta ayuda biosicosocial para los niños en los consultorios, pasando por educación a los padres durante el período de gestación y primera infancia, puntualizó Hardy. Se espera que el modelo institucional del sistema de protección esté en vías de operación en 2008.
"También se revisará el sistema de protección de la maternidad, es decir, todo lo que tiene que ver con el prenatal y postnatal, fuero maternal, acompañamiento de los hijos enfermos graves y la obligatoriedad de atender a todos los hijos e hijas de mujeres trabajadoras, lo que nos abre una discusión sobre la modalidad con que se presta este servicio y el financiamiento", añadió la ministra de Planificación.
En Chile, las mujeres que trabajan bajo contrato laboral tienen derecho a descansar seis semanas antes de la fecha del parto y 12 semanas después del nacimiento. Además, cuentan con fuero maternal, el cual rige desde el inicio del embarazo hasta un año después del término del postnatal, periodo en el cual no pueden ser despedidas por sus empleadores.
"El informe del consejo tiene como centro el niño y niña. Hace una serie de propuestas para que ellos tengan mayores oportunidades, mayor igualdad. Si en la lectura de este informe y en la toma de decisiones no se tiene el mismo enfoque, si se defienden privilegios corporativos o alguna posición ideológica" pueden peligrar los resultados proyectados, planteó Crotti de la Unicef.
"Todo cambio significa alterar el statu quo", señaló el experto, lo que podría inquietar a los ministerios, organizaciones no gubernamentales y partidos políticos. En este sentido, el presidente del consejo, el economista Jaime Crispi, llamó a todos los actores involucrados a intervenir en el debate con "generosidad" y tener siempre presente el interés superior de los menores.
"Ver a las autoridades de los distintos sectores discutiendo el informe, ver la gran participación de organizaciones sociales, nos deja la sensación, a los que trabajamos en el consejo, de que vamos a ver avances significativos en esta materia", dijo a IPS el experto en políticas públicas.
"Me parece sumamente importante que la presidenta tenga en su agenda como prioridad la generación de un sistema de protección integral para la infancia, el cual debería tener una autoridad clara, que pueda supervisar, controlar y orientar la implementación de las políticas de los distintos ministerios", comentó a IPS Osvaldo Torres, director ejecutivo de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (ACHNU).
Fernando Muñoz, representante del Ministerio de Salud, reconoció que es necesario mejorar el acceso a los sistemas sanitarios de determinados grupos poblacionales, entre ellos los hijos de inmigrantes.
Esa cartera también centrará sus esfuerzos en el combate a la obesidad, que afecta a 11 por ciento de los niños en edad preescolar y a 18 por ciento de los niños que cursan primero básico. Asimismo, se pondrá especial atención a la planificación familiar y a la prevención del embarazo adolescente, dado que "es muy importante que los niños que nazcan sean deseados". Durante el seminario también se planteó con fuerza la búsqueda de fórmulas de financiamiento que no dependan del presupuesto anual, sino que "se liguen a la garantía de derechos", como propuso el senador del Partido Socialista (PS), Felipe Letelier.
En tanto, la senadora del Partido Demócrata Cristiano (DC), Soledad Alvear, llamó a no olvidar a los niños y adolescentes mayores de 10 años y menores de 18, especialmente a los infractores de la ley, dado que el Congreso legislativo aprobó el año pasado la ley de responsabilidad penal juvenil que baja a los 14 años la edad de imputabilidad por un delito, además de endurecer las penas de cárcel.
La entrada en vigencia de esa ley se retrasó para 2008, por no contar todavía con los nuevos centros de detención y rehabilitación requeridos para su aplicación.
"La presidenta quiere tener un sistema de protección social hacia 2010, que no sólo considere la infancia, sino también a los grupos vulnerables, adultos mayores, personas con discapacidad, lo que requiere un ministerio que sea capaz de hacerse cargo con fuerza, competencia y recursos" de esta enorme tarea, concluyó Hardy, por lo que se está reformulando la cartera de Planificación. El sistema de protección integral de la infancia atenderá a más de 2,7 millones de niños y niñas, lo que equivale a más de 18 por ciento de la población chilena.
