La marcha «por el derecho de autodeterminación del País Vasco», convocada para este viernes en Bilbao, se inscribe en un clima de dificultades para las negociaciones de paz entre el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero y la organización terrorista e independentista vasca ETA.
La convocatoria a esta manifestación fue realizada el lunes por representantes de "un grupo de 40 vecinos de Bilbao de izquierdas y abertzales", nacionalistas vascos, y la fecha escogida coincide con el llamado Día Grande de la capital de Vizcaya, situada en el norte de la península ibérica, que es la máxima fiesta local.
Los convocantes pidieron al ayuntamiento de la ciudad que este viernes no izara en sus edificios "el símbolo de imposición que es la bandera española, y que la ikurriña (bandera vasca) ondee en solitario".
Oficialmente, esta marcha por la autodeterminación de Euskadi (País Vasco) no está organizada por Batasuna, considerada el brazo político de ETA, que fue declarada ilegal en mayo de 2003 por el Tribunal Supremo de acuerdo con la Ley de Partidos Políticos, entonces recién sancionada.
Dicha ley, que dispone la prohibición de la actividad de las formaciones que no condenen la violencia, fue pactada por el conservador Partido Popular (PP), hoy líder de la oposición, y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), actualmente en el gobierno.
La marcha de este viernes fue autorizada; el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, afirmó que "no hay base suficiente para prohibirla", aunque también advirtió que la Ertzaintza (policía autonómica vasca) debería disolverla "si en algún momento se vincula a través de consignas, símbolos o emblemas con alguna organización ilegal".
Por su parte, la Unidad Central de Inteligencia de la Policía Nacional y la Ertzaintza entregaron al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, sendos informes sobre la manifestación, en los que coinciden en que "no hay vínculo objetivo" entre sus convocantes y Batasuna.
No obstante, los dirigentes de esta formación política ilegalizada Joseba Álvarez y Joseba Permach anunciaron que concurrirían a la marcha y llamaron a movilizarse "por la autodeterminación".
El 22 de marzo, ETA (Euskadi ta Askatasuna, que en euskera, la lengua vasca, significa Patria Vasca y Libertad) anunció "un alto el fuego permanente a partir del 24 de marzo de 2006".
Según manifestó entonces la organización separatista, el objetivo de su decisión era impulsar un proceso democrático en el País Vasco "para construir un nuevo marco en el que sean reconocidos los derechos que como pueblo nos corresponden".
El mensaje de ETA también decía que "los Estados español y francés deben reconocer los resultados de dicho proceso democrático (…). La decisión que los ciudadanos vascos adoptemos sobre nuestro futuro deberá ser respetada".
ETA fue creada en 1959 en Bilbao, en plena dictadura del general Francisco Franco (19391975), con el propósito esencial de luchar por la independencia vasca. En 1968 inició su acción violenta, que dejó desde entonces 851 muertos. Sus últimos asesinatos, contra dos policías, los cometió en mayo de 2003.
En los años recientes se registró una serie de acciones exitosas por parte de las policías de España y Francia que menguaron cada vez más la estructura y la capacidad operativa del grupo terrorista.
La decisión de ETA de declarar una tregua por tiempo indeterminado fue recogida con optimismo y cautela por el gobierno de Zapatero, que aunque no lo admitió, había mantenido contactos previos con representantes de la organización en Oslo y Ginebra.
Un mes y medio antes del alto el fuego, Zapatero había expresado que se estaba "en el mejor momento en muchos años para empezar a ver el principio del fin de la violencia de ETA".
Posteriormente, el presidente del gobierno anunció que se iniciaría el diálogo con la organización vasca para conseguir el fin definitivo del terrorismo tras comprobarse la efectividad de la tregua, mientras trataba de consolidar su base política con el apoyo de otros partidos.
Pero el PP, que al principio manifestó de manera un tanto contradictoria su apoyo al proceso, se fue alejando cada vez más de esa posición hasta convertirse en rotundo opositor del mismo, por considerar que "no se puede buscar la paz a cualquier coste ni pagar por ella un precio político" y que el gobierno es "rehén de ETA".
El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, llegó a decir a principios de julio que "el PP se declara libre de los compromisos que el señor Rodríguez Zapatero pueda alcanzar con la organización terrorista ETA", ya que, "en esto no representa ni al Estado ni al conjunto de los españoles".
El primer tropiezo serio del proceso lo había causado la negativa de Batasuna, en julio, a cumplir con su legalización aceptando los requisitos de la Ley de Partidos Políticos, un paso que se creía ya admitido. Por el contrario, la formación pidió la derogación de esa ley.
El clima de las negociaciones se enrareció aún más cuando Batasuna exigió al gobierno de Zapatero, a través del diario Gara, afín a sus ideas, que cumpliera con los supuestos compromisos alcanzados con ETA en las conversaciones previas al alto el fuego de marzo.
La dirección del PSOE respondió que con ETA sólo se hablará de su disolución y que Batasuna debía acatar la Ley de Partidos si quería volver a actuar en política.
Pero a mediados de este mes se llegaba al punto máximo de tensión, al difundir ETA un comunicado en el que aseveraba que "las autoridades españolas continúan sin cumplir sus compromisos de alto el fuego".
Y añadía, en tono desafiante, que "el mantenimiento de esa situación de represión es incompatible con el desarrollo de un proceso de negociación para la solución del conflicto. Queremos advertir de que si los ataques siguen, ETA responderá".
A su vez, el 19 de agosto, los dirigentes de Batasuna Permach y Álvarez ofrecieron una conferencia de prensa en la que aseguraron que "no es ETA ni la izquierda abertzale quien pone obstáculos al proceso de paz", sino la política "obstruccionista y represiva del Estado español y del PSOE".
Zapatero contestó que "en estas últimas horas se han dicho muchas cosas sobre el proceso de paz, pero lo único que está en crisis es la violencia, quien ampara la violencia y quien se queda detrás de ella".
Ocurre que Batasuna había apostado por una normalización en los hechos de sus actividades políticas después del alto el fuego de ETA, pero se encontró en cambio con todo tipo de trabas judiciales en consonancia con las disposiciones de la Ley de Partidos Políticos.
Lo mismo puede decirse con respecto a la organización terrorista, que vio como las fuerzas de seguridad españolas y francesas continuaban con la persecución de sus dirigentes y la justicia con su accionar normal.
