La Comisión Europea conminó este martes al gobierno de Italia a que le brinde información cuanto antes acerca de su anunciado veto a la fusión de la empresa de autopistas española Abertis y la italiana Autostrade, que significa en realidad la absorción de la segunda por parte de la primera.
La fusión fue aprobada por los accionistas de ambas compañías el pasado 30 de junio, y daría lugar a la mayor concesionaria de autopistas del mundo, con 6.700 kilómetros gestionados en 16 países y una capitalización bursátil conjunta de 25.000 millones de euros (32.000 millones de dólares).
Pero el viernes 4 de agosto, los ministros italianos Tommaso Padoa Schioppa, de Economía, y Antonio di Pietro, de Infraestructuras, comunicaron su "determinación negativa" a la proyectada fusión al ente que controla la concesión de autopistas en el país, denominado Anas.
La resolución se apoyó, en primer lugar, en un decreto de 1997 que prohíbe la presencia de constructoras en el accionariado de Autostrade.
Los ministros Padoa y Di Pietro tuvieron en cuenta "los perfiles de conflictos de intereses" que se producirían "por la presencia en el accionariado estable de Abertis de sujetos que operan en el sector de la construcción y de la movilidad".
Los accionistas mayoritarios de Abertis son la empresa de construcciones y servicios ACS, que posee 24,8 por ciento del capital, y La Caixa (Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona), propietaria de 23,9 por ciento del mismo.
La Caixa es la tercera entidad financiera de España por recursos ajenos, la primera caja de ahorros del país y la primera de Europa, si se atiende a sus beneficios.
Una fuente próxima a la cúpula directiva de La Caixa, que prefiere permanecer anónima, dijo a IPS que Abertis "dará batalla en todos los frentes para llevar a buen puerto la fusión con Autostrade", y que piensan que el presidente del gobierno italiano (de centroizquierda), Romano Prodi, no sustenta las mismas tesis que los ministros que se han opuesto a la operación, "o por lo menos no con la misma vehemencia".
Por otra parte, la comisaria europea de la Competencia, Neelie Kroes, ha hecho llegar una carta al gobierno español en la que —según ha trascendido— califica de "discriminación arbitraria" las condiciones impuestas por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) ibérica para la adquisición de la compañía eléctrica española Endesa, la mayor del país, por la alemana E.ON.
La funcionaria europea manifestó en su duro mensaje que "no está dispuesta a tolerar el proteccionismo español" en dicha operación, y afirma que las restricciones de la CNE son "una obstrucción soslayada a la libre circulación de capitales y a la libertad de establecimiento" dentro de la Unión Europea (UE).
Estos dos procesos de absorción de empresas son los protagonistas de excepción de la actualidad económica española y dejan al descubierto una serie de contradicciones entre la normativa liberal de la UE y la pretendida defensa de intereses nacionales de los gobiernos, a la vez que reflejan la compleja trama de enfrentamientos político-económicos que los envuelven.
La polémica en torno de Endesa empezó en septiembre de 2005, cuando la empresa española Gas Natural, con sede en Barcelona, presentó una oferta pública de adquisición (OPA) hostil sobre la compañía eléctrica, que valoró en 22.549 millones de euros, que haría efectivos mediante canje de acciones (65,5 por ciento) y en efectivo (34,5 por ciento).
La Caixa, considerada a menudo el buque insignia del capitalismo catalán, es accionista mayoritaria de Gas Natural, con 34,5 por ciento del capital, pero asimismo participa de 12,5 por ciento de la propiedad de la petrolera Repsol-YPF, que detenta a su vez otro 31 por ciento de la compañía de gas.
La oferta fue rechazada por Endesa, que alegó que el precio era insuficiente y que la fusión conduciría a Gas Natural a una situación de monopolio en cuatro comunidades: Cataluña, Andalucía, Aragón y Extremadura.
La firma eléctrica, líder del sector en España y con importante implantación en el exterior, fue una de las grandes empresas estatales privatizadas, y su actual presidente, Manuel Pizarro, fue designado por el anterior gobierno del Partido Popular (PP).
El gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la OPA, pese a que había sido desaconsejada por el Tribunal de Defensa de la Competencia, aunque con una serie de condiciones, entre ellas la venta a otras compañías de una parte del negocio.
Endesa se presentó a un juzgado en lo comercial de Madrid para solicitar la paralización de esta operación; la justicia, tanto por parte del juzgado como del Tribunal Supremo, ordenó la suspensión cautelar de la OPA en abril último, situación que persiste hasta la actualidad.
Entre tanto, se produjo la irrupción del gigante alemán de la energía E.ON con una contraoferta pública de adquisición por la totalidad de Endesa, a la que valoró en 29.100 millones de euros, 29,1 por ciento más que Gas Natural, que haría efectivos, además, mediante pago en metálico.
De inmediato, el gobierno español aprobó un real decreto-ley que amplió las competencias de la Comisión Nacional de la Energía para hacer frente a las operaciones que afecten a actividades reguladas cuando la empresa compradora sea extranjera.
El decreto-ley fue severamente cuestionado por la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE, que abrió un expediente sancionador a España.
Por su parte, el presidente Rodríguez Zapatero se declaró partidario de la creación de poderosos conglomerados energéticos españoles, capaces de defenderse de compras hostiles en un sector considerado estratégico.
Paradójicamente, similares argumentos subyacen —aunque no sean formulados explícitamente— en la negativa italiana a la fusión entre Abertis y Autostrade.
Así las cosas, mientras la Comisión Europea aprobaba incondicionalmente la oferta pública de compra de Endesa por parte de E.ON, la CNE española autorizaba esa operación el pasado 27 de julio siempre que la compañía alemana cumpliera con 19 condiciones.
Entre esas condiciones se cuentan la obligación de E.ON de vender 32 por ciento de la potencia instalada de Endesa en España, la de desprenderse de sus redes eléctricas en las islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, y la de renunciar a intervenir en las centrales nucleares en las que participa la empresa española.
Tanto los directivos de Endesa como los de E.ON se opusieron enérgicamente a las condiciones exigidas por la Comisión Nacional de la Energía para dar luz verde a la OPA y anunciaron que interpondrán "todos los recursos que procedan" contra esa resolución.
Endesa, que había sugerido que se aprobara la OPA de E.ON sin condiciones, rechaza lo que llama "el troceamiento" de la compañía. Seguramente antes de este viernes, ambas empresas presentarán su primera reclamación, que será un recurso de alzada ante el Ministerio de Industria español.
De no obtener un resultado satisfactorio, se acogerían a la vía judicial, mediante recursos ante la Audiencia Nacional y, en última instancia, el Tribunal Supremo, lo que podría retrasar notablemente todo el proceso.
(FIN/IPS/ca/dcl/if ip/06)
